El dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido en distintas ocasiones que trabajó durante año y medio en dos entes sin actividad alguna (Agencia de Protección de Datos y Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio de la Comunidad de Madrid) con una remuneración de 85.000 euros anuales. Él mismo ha calificado a estas entidades públicas de "chiringuitos".
Es precisamente en las autonomías dónde más proliferan las administraciones paralelas, entes a veces sin actividad o creados para desempeñar en muchos casos servicios que se podían prestar desde la propia Administración general (estatal, autonómica o local). Y es la falta de control precisamente la que permite contratar por la puerta de atrás a los compromisos políticos y personales.
Un año después de arribar al Gobierno de Andalucía, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, el PP sigue intentando desentrañar la Administración paralela heredada del PSOE en 2018 con 24.600 empleados y más de 1.000 millones de euros de gasto. Y parece que no da con la clave para reducir su número, como había anunciado, sino que, por ejemplo, está actualizando el personal directivo ya que, por ejemplo, según datos del Informe de Impacto de Género del proyecto de presupuestos para 2020, la Junta estima una plantilla cercana a los 26.000 empleados con un coste superior a los 1.100 millones.
Por tanto, no hay noticias de esta reducción tras reconocer el PP que muchos de estos organismos no tenían actividad y otros nunca la habían tenido desde su creación. También la nueva Junta ha convocado al menos ocho plazas de directivos (con un sueldo cercano a los 60.000 euros) para ocupar gerencias provinciales en la Agencia de Educación, un ente que había anunciado que iba a asumir la Consejería de Educación.
El PP ha cifrado en 278 las entidades satélite que tiene la Junta, pero en los datos de Hacienda constan 284 y en la web de la consejería de Hacienda aparecen 215. El nuevo Gobierno asegura haberse encontrado con más de una treintena de sistema de gestión distintos y casi 40 sistemas económico-financieros diferentes. Y, por ejemplo, ha comprobado situaciones laborales peculiares como la de un asesor jurídico que acumula sueldos de al menos tres entes distintos con un sueldo superior a 140.000 euros.
Llama la atención la existencia de la Fundación Andaluza Olímpica, la orquesta sinfónica de Sevilla o la Agencia Andaluza del Conocimiento, entre un total de 278 entidades satélites con un objeto social amplio
Esta comunidad cuenta, como el conjunto de las comunidades autónomas, con varios entes relacionado con el mundo audiovisual. Existe, por ejemplo, una Fundación Audiovisual de Andalucía, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión, además del Canal Sur Radio y Televisión y la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión. También llama la atención la existencia de la Fundación Andaluza Olímpica, la orquesta sinfónica de Sevilla, el Estadio La Cartuja, la Agencia Andaluza del Conocimiento (para transferir tecnología según su razón social) o la sociedad 01 Innova 24 h. S.L.U. con un objeto social amplio, que va desde la compraventa e intermediación a la promoción y construcción de edificios, la explotación de servicios hoteleros o la venta al por menor de materia de ferretería, jardinerías o productos del deporte.
Organismos sin actividad
Según los datos del ministerio de Hacienda, muchas de las sociedades se encuentran posiblemente inactivas o en fase de liquidación, pero sus procesos languidecen en el tiempo sin que se tomen decisiones, quizá a la espera de fusiones o absorciones por parte de otras entidades públicas. Por ejemplo, Aragón mantiene el Pabellón Aragón 92 S.A. en liquidación desde hace muchos años.
Lo mismo sucede con el ente Gestión Urbanística de Las Palmas en Canarias; o el Balneario y Aguas de Solares en Cantabria; la sociedad Desarrollo Integral de Taramundi (de gestión de establecimientos hoteleros) en Asturias; o la empresa de Potasas de Subiza en Navarra y la de Caviar Persé.
Llama la atención también que sigan existiendo entes tan antiguos como: la Fundación Juegos Mundiales Universiada Palma de Mallorca 1999 (Islas Baleares); Fundación Jaca 2007 (Aragón); Sociedad Año Jubilar 2017 (Cantabria); Fira 2000 (Cataluña); Consocio Urbanístico Canfranc 2000 (Aragón) o el Consorcio Año Jubilar 2010 (Murcia).
Sorprende también que Navarra tenga una Fundación (Baluarte) con el objetivo de "crear una programación variada y de elevado nivel artístico para el Palacio de Congresos y el Auditorio Baluarte". Mientras, Castilla y León sostiene al Club Deportivo Universitario de Salamanca; Extremadura creó una Fundación de Apoyo al Certamen Internacional Docente de Videocine Médico, Salud y Telemedicina; y Galicia mantiene una fundación con un hospital veterinario, otra de Dieta Atlántica y una tercera (USC Deportiva) para “la realización y gestión de actividades deportivas, organización de eventos y explotación de instalaciones deportivas”.
Por su parte, Baleares dispone de una Fundación Escuela de Hostelería y otra para estudios superiores de música y artes escénicas o un consorcio para gestionar un velódromo. También es llamativa la Fundación Madrid por la Excelencia con el objeto, quizá más privado que público, de mejorar la competitividad de las empresas (se supone que privadas) "mediante una certificación de la excelencia, promoción de actividades y networking". Por su parte, el País Vasco creó Sestao Berri 2010 para ayudar al acceso de la vivienda y regeneración del municipio.
Un millar de fundaciones autonómicas
Las fundaciones, junto a los consorcios, que superan el millar en las autonomías (52% del conjunto de entes públicos), son las figuras administrativas preferidas por las autonomías, quizá por su menor control por parte de la Administración General. Murcia sostiene una Fundación para el Cante de las Minas y, por ejemplo, otra más que se dedica a la edición y publicación, según su objeto social, de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de la región así como de los demás tribunales y juzgados y el fomento del estudio del derecho. Por si fuera poco, existen dos consorcios para la construcción y financiación de piscinas cubiertas climatizadas en Alguazar y Cieza.
Mientras, en La Rioja hay una Fundación Camino de la Lengua Castellana y la Comunidad Valenciana sostiene otros entes peculiares como la Academia Valenciana de la Lengua, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, el Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017 de la vuelta al mundo en vela, el Consorcio Espacial Valenciano, la sociedad Aeropuerto de Castellón o las fundaciones de Desarrollo Cono Sur y la de Región Europea. Mientras, Galicia, Baleares y Cantabria disponen de un Centro de Estudios de la Administración Pública de la región. Aragón, por su parte, tiene un Consejo para Personas Mayores y también Galicia y Madrid cuentan con una fundación y una agencia para la Tutela de Persona Adultas. Mientras, Navarra ha creado una Agencia para la autonomía de las personas.
Cataluña, líder en entidades satélites
El afán de notoriedad de las autonomías en el exterior tiene presencia en este parque de unidades públicas. Existe Aragón exterior S.A.; la Oficina de Proyectos Europeos de Cantabria; el Instituto de promoción Exterior de Castilla La Mancha; el Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona o el Centro de investigación de la Economía Internacional (Cataluña); la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Documentación e Información Europea (Extremadura); la Fundación Galicia Europa; o el Consorcio Centro Baleares Europa.
Cataluña es, sin embargo, la comunidad que dispone de mayor número de entidades satélite (392, es decir, uno de cada cinco entes del conjunto de las autonomías) orbitando sobre su Administración General. Cuenta con 141 consorcios y 101 fundaciones. Muchos de ellos tienen un componente político llamativo. Por ejemplo, dispone de un Consorcio para la Normalización Lingüística; una Agencia de Evaluación y Perspectiva de la Educación; un Centro de Estudios de Opinión; el denominado MD Memorial Democratic para, según su objeto social, “conservar la memoria catalana, en concreto de la segunda República, la Generalitat republicana, la guerra civil y de la represión a personas y colectivos en la dictadura franquista, incluida la lengua y la cultura catalana, el exilio y la deportación”. También dispone del Consorcio Memorial del Exilio así como otro más sobre los Espacios de la Batalla del Ebro. Y, por si fuera poco, dispone de una Agencia de Migraciones.
