La Administración Central es la que mayor esfuerzo ha realizado en poner un cierto orden en estos organismos, acelerando sobre todo los procesos de liquidación de entes sin actividad o de fusión y absorción. Sin embargo, desde que la economía empezó a crecer, tras la crisis, se han creado más de 40 nuevos organismos públicos. Si en 2014 había 410 entidades, en 2019 se ha llegado a los 451.
En todo caso, resulta llamativo que el Estado, que ha realizado más de 2.000 transferencias de servicios a las comunidades autónomas, mantenga, por ejemplo, a una sociedad (Agrumansa) con más de medio siglo de antigüedad y que tiene como objeto la explotación de minas de mineral de hierro, así como diversos Consocios de intercambio cultural (Casa Asia, América, África, América, Mediterráneo, Sefarad-Israel…), y también un Consorcio Comité de Apoyo a las Jornadas Mundiales de la Juventud de 2011. También existen consorcios para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, Valencia 2007, la Corporación Alimentaria Quality (en liquidación), o León Alta velocidad 2003 (también existen para Zaragoza, Almería, Valencia, Palencia y Valladolid, algunos en liquidación).
Hay que añadir también la Fundación Nacional del Vidrio, la del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores o Rumasa S.A., que sigue en liquidación tras su expropiación en 1983. Resultan curiosas, además, otras fundaciones como la Internacional para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, la de la Residencia de Estudiantes (que organiza conciertos, conferencias mesas redondas y exposiciones); o la de Pluralismo y Democracia, que tiene como misión “incentivar el reconocimiento y acomodo de la diversidad religiosa para la garantía del ejercicio efectivo de la libertad religiosa”. La Jefatura Central de Tráfico, que pertenece a la Dirección General de Tráfico (ministerio del Interior) es también otro ente autónomo público que tienen como finalidad “desarrollar las acciones tendentes a la mejora del comportamiento y funcionamiento de los usuarios de las vías y de la seguridad y fluidez de la circulación de los vehículos”.
En este amplio elenco de unidades administrativas satélites también figura la televisión pública repartida en diversos entes. Por ejemplo, aún en proceso de liquidación existe el denominado Ente Público de RTVE, así como Televisión Española S.A. y Radio Nacional de España S.A. y al mismo tiempo aparece la nueva sociedad creada con el epígrafe Corporación RTVE S.A. También consta una empresa (S.L. para más señas) para la promoción de suelo industrial y de urbanizaciones en Cantabria y, por ejemplo, una filial de Hunosa (SEPI), creada en 2002, de apoyo a la iniciativa privada y colaboradora de proyectos empresariales viables.
El conglomerado municipal
En cuanto a las corporaciones locales, existe un conglomerado de 8.131 municipios, 51 diputaciones, consejos y cabildos, así como 3.690 entidades de ámbito inferior al municipio (76 agrupaciones de municipios, 951 mancomunidades, 82 comarcas, y 3 áreas metropolitanas). Estas son las Administraciones generales, que no han dejado de crecer pese a, por ejemplo, los avances tecnológicos para llevar una gestión centralizada y menos numerosa. Al contrario, han nacido nuevos municipios como consecuencia de la desagregación de algunas corporaciones.
A esta ingente cifra hay que sumar otros 4.301 entes dependientes. El 60% son empresas y organismos autónomos. Este tipo de organismos se ha configurado en muchos casos para realizar una obra o para dispensar un servicio que ya daba la corporación dotándoles de medios de personal y económicos. Así, los ayuntamientos, sobre todo los medianos y grandes, tienen colgada de su estructura nada menos que 2.672 entes dependientes que cuentan con 1.286 sociedades, 765 organismos autónomos, 262 fundaciones, 224 consorcios, 47 comunidades de usuarios, 45 empresas, y 43 asociaciones.
Por su parte, las 51 diputaciones acumulan 476 entes satélite mientras que las 3.090 entidades de ámbito inferior al municipio suman siete y, por ejemplo, las 951 mancomunidades añaden otros 53 entes dependientes mientras que las 3 áreas metropolitanas cifras en 12 las unidades dependientes. Al mismo tiempo, coexisten 992 unidades que no tienen una dependencia directa, es decir, son entidades sin matriz administrativa.
En este puzle también hay radios y televisiones locales que compiten con las estaciones privadas, servicios de ayuda a domicilio y empresas para la recaudación que prestan servicios que podría dar el propio ayuntamiento
En total, hay 12.984 administraciones locales que tienen 4.301 entidades a su alrededor. En todo caso, la cifra se ha reducido respecto a los primeros años de la crisis, cuando aumentó exponencialmente su número para dar cobijo laboral a compromisos políticos. Por ejemplo, en 2008 había 6.280 entes. Gran parte de las bajas de estas unidades que se han venido produciendo en los últimos años se debe no a su desaparición sino a su sectorización, es decir, han pasado a computarse como ente público autonómico o estatal. Incluso, algunos han pasado al sector privado porque la participación del municipio en algunos entes era exigua. En todo caso, todavía hay dudas sobre el tamaño real de esta Administración paralela ya que aún quedan por dilucidar participaciones muy minoritarias de algunos ayuntamientos en, por ejemplo, entidades privadas u otros entes en otras Administraciones ya que no se tiene certeza de dicha vinculación. Además, según reconoce en sus informes el ministerio de Hacienda, “en los últimos cuatro años (desde que la economía registra crecimiento) se observa una ralentización en el proceso de disminución del tamaño del sector local”.
En este puzle también hay desde radios y televisiones locales, que compiten con las estaciones privadas; servicios de ayuda a domicilio; escuelas de música por doquier; empresas para la recaudación, que podría llevar el propio ayuntamiento; sociedades de gestión urbanística sin determinar a qué se dedican en muchos casos; residencias de ancianos y guarderías; o museos e incluso talleres. Barcelona tiene como una empresa fuera de la Administración General del municipio que gestiona los cementerios. Hay que añadir también en esta corporación un consorcio para el servicio de bibliotecas, más una Fundación Privada para la Navegación Oceánica o la Red de Juderías de España Caminos de Sefarad. Llama la atención también que Cartagena disponga de una Fundación Rifa Benéfica Cara de Niño; que la diputación de Almería tenga una granja (Lubrin S.L.); que el municipio de Albacete y la diputación de Castellón mantengan consorcios denominados Escuela de Tauromaquia; que el ayuntamiento de Valencia haya creado una Fundación para la Policía Local; que el de las Palmas (Canarias) gestione un hotel (Santa Catalina); o que el de Huelva mantenga una Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano.
Sobran administraciones públicas por todas partes. Su reforma es la asignatura pendiente de España y de la clase política, que se ha convertido en verdaderas agencias de auto colocación.
