El Congreso va a cumplir esta semana tres años sin vigilar el uso de los gastos reservados que manejan los Ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, y sin controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y es que los vetos cruzados entre partidos han impedido que en todo este tiempo la Cámara haya sido capaz de elegir los componentes de la Comisión de control de Gastos Reservados, encargada por ley de estas labores.
La ley de 1995 que regula el uso de estos fondos establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, "a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales".
Y ante esa comisión, prosigue, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados (Defensa, Interior y Exteriores) deben informar "semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios", por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión "podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas".
La única que puede conocer todas las materias clasificdas
La también conocida como 'comisión de secretos' es la única del Congreso que puede conocer materias clasificadas y tiene además el encargo de vigilar las actividades del CNI.
Sin embargo, la última vez que este órgano se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes para dar paso a las fallidas elecciones de abril. Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a la comisión para detallar el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento.
Desde entonces no ha vuelto a constituirse, ni en la legislatura corta de 2019 ni en los más de dos años que han transcurrido de la actual.
Así las cosas, el día 3 de marzo se cumplirán tres años sin que el Congreso haya ejercido control parlamentario alguno de las actividades del CNI, ni ha recibido ninguno de los informes semestrales sobre el uso de fondos reservados que debían exponer los ministros competentes.
Kitchen, Falcon, Plus Ultra,...
Y todo ello mientras el Congreso aprueba solemnes llamamientos a la transparencia y la rendición de cuentas, y pide mejorar el control de los fondos reservados, como recientemente se recogió en las conclusiones de la investigación sobre la 'operación Kitchen'.
Igualmente, se acumulan cuestiones que la oposición exige aclarar y que el Gobierno dice no poder hacerlo por ser materias secretas, como los viajes en Falcon del presidente del Gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen o la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona, o más recientemente la concesión de polémicas ayudas públicas como la recibida por Plus Ultra.
El bloqueo de esta comisión tiene su origen en los vetos cruzados entre partidos, que frenan la posibilidad de un acuerdo de mínimos para elegir a los integrantes de este órgano parlamentario.
Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.
Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político continúa sin resultar propicio.
Ayuda para meter a portavoces independentistas
Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.
Tanto Vox como Ciudadanos adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.
Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.
Con este ambiente, todo apunta a que la creación de esta comisión se dilate en el tiempo salvo que el PSOE y el PP quieran aplicar en este ámbito el espíritu de su acuerdo de renovación de los órganos constitucionales y acabar así con esta anomalía de no haber puesto siquiera en marcha dicho órgano.
Ya hubo vetos, pero al menos había comisión
Los precedentes no son muy positivos, pero en legislaturas anteriores, salvo en las cortas, al menos se llegaba a constituir la Comisión de Gastos reservados.
Los primeros bloqueos se produjeron en la legislatura del 2011-2015 cuando el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los distintos candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en Bildu. "Con su pan se lo coman", fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.
Y en 2015 los 'populares' también se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría "mucho sentido" que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como "independentista".
