La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) envió la pasada semana a Indra, en concreto el lunes 16 de marzo, un expediente en el que detallaba los hechos de una práctica anticompetitiva de Indra Business Consulting, la filial de consultoría estratégica y de operaciones del grupo.
El organismo hacia extensiva la responsabilidad de dicha práctica a Indra por su condición de matriz. Según detalla en su informe anual de 2019, la empresa que preside Fernando Abril-Martorell Hernández formulará las "oportunas alegaciones" en el plazo habilitado al efecto sobre esta acusación.
La empresa explica a Vozpópuli que este expediente se produce por un único proyecto de "cuantía irrelevante" de 39.000 euros, frente a los 3.200 millones de euros anuales que factura todo el grupo. Por otro lado, ante la solicitud de este medio, la CNMC explica que no puede compartir este expediente "por confidencialidad".
25 compañías
El caso de Indra está relacionado con el expediente sancionador que abrió la CNMC en febrero de 2019. Este archivo investigaba a 25 compañías por prácticas de competencia desleal entre las que se encuentra Indra. Además, la investigación mencionaba a personas físicas relacionadas con estas empresas pero, como matiza la empresa, en este caso ninguna están vinculada con Indra.
El expediente se centra en el mercado de servicios de consultoría. En ese mismo mes, el organismo regulador remitió a Indra una solicitud de información en relación con el mercado de servicios de consultoría. "La respuesta fue enviada a la CNMC dentro del plazo conferido al efecto", defiende la empresa en su informe anual.
Cinco meses después, la CNMC decidió llevar a cabo los primeros trámites de este expediente incluyendo, entre otras, a su filial Indra Business Consulting a la que se solicitó más información y que fue atendida en el plazo concedido.
Dos expedientes más
Indra incluye este expediente dentro de los litigios que considera "posibles" que afecten a la compañía. Por otro lado, la empresa tiene abierto con la CNMC el expediente 'electrificación y electromecánicas ferroviarias' donde el organismo impuso una sanción de 0,8 millones de euros por prácticas anticompetitivas en 2017. La empresa presentó un recurso que está tramitando y su futura sentencia será susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Por último, la CNMC e Indra tienen encima de la mesa el expediente de 'licitaciones de aplicaciones informáticas' de 2018 para lo que la empresa tiene provisionados 13,5 millones. El procedimiento se encuentra pendiente de sentencia, que será susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
