La actividad de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) no se detiene; más bien al contrario. En lo que va de año, el organismo ha impuesto multas por prácticas anticompetitivas (la última, comunicada el pasado viernes, a Endesa) por importe de 115,12 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento (77%) con respecto a los 64,8 millones del mismo periodo de 2010 y un nuevo récord para un primer cuatrimestre desde que se creó el organismo, creado en septiembre de 2007. Las mayores multas han correspondido a un grupo de navieras (54 millones) y a Endesa, con tres sanciones por un importe global de 24 millones.
El aluvión de sanciones de este año coincide con la intención del Gobierno de integrar la CNC en un súperregulador que integre también las funciones de, entre otros, la CNE y la CMT, que regulan, respectivamente, los sectores de energía y telecomunicaciones.
Con esas multas, el mensaje está claro, como resume uno de los principales responsables del organismo: "Seguimos a tope, con la misma actividad, para que no crean que estamos en situación de interinidad; aquí, vacaciones regulatorias, cero".
Otras fuentes, sin embargo, admiten que el organismo adolece en los últimos meses de "cierta invisibilidad"; en parte, por la reforma, y en parte, por el nuevo estilo impuesto por el presidente desde octubre, el magistrado Joaquín García Bernaldo de Quirós, cuyo discreto perfil contrasta con el de su antecesor, Luis Berenguer.
La CNC ha pedido al Ejecutivo, en su informe sobre el Anteproyecto del Gobierno que contempla la creación de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "un proceso de gestación más meditado y transparente", dado que la reforma, para cuya puesta en marcha todavía no hay fecha, "plantea no pocos interrogantes sobre cuál sería el diseño de modelo más adecuado". Hay crítica, sí, aunque de menor calado que la expresada en sendos informes por la CNE y la CMT.
Aunque el proyecto no parece suscitar un rechazo tan frontal en la CNC como en los reguladores de energía y telecomunicaciones (que perderán buena parte de sus competencias en favor del Ministerio de Industria), ya se ha producido la primera deserción en el organismo: el pasado 20 de abril, el BOE recogía el cese de la consejera Paloma Ávila de Grado, que fue nombrada hace poco más de seis meses, en octubre pasado.
Su salida, explican desde el organismo, ha sido "absolutamente pacífica" y responde a razones personales. Ávila, que está a punto de jubilarse, fue directora del área de Promoción de la Competencia hasta su nombramiento.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que esta parcela es la que más se ha resentido en su actividad por la incertidumbre de la reforma. En este caso, admiten, sí existe "cierta parálisis", en un área que los expertos en la materia consideran fundamental para la actividad económica.
Con la salida de Grado, el consejo de la CNC queda reducido a seis miembros (cinco vocales y el presidente), aunque dos de ellos están en situación de interinidad, o a punto de estarlo: a la vicepresidenta, Pilar Sánchez Núñez, le venció el mandato el pasado 31 de marzo y al vocal Julio Costas le ocurrirá lo mismo el próximo sábado, cuando se cumplirán seis años (el plazo legal) este sábado.
La reforma que prepara el Gobierno agrupará en la futura CNMC a la CNC, la CNE, la CMT, y la Comisión Nacional de Servicios Postales (CNSP); además, absorberá otros tres organismos creados en 2011 pero que no han entrado aún en funcionamiento: el Comité de Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión de Regulación Aeroportuaria (CRA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)
