Carlos Sánchez Villar, exdirector de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, comparecerá mañana en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que preside el juez José Luis Calama, para explicar el descontrol existente en las posiciones bajistas detectadas en el Banco Popular desde el verano de 2016 hasta su desaparición en junio de 2017 y, en concreto, por qué se archivó la investigación sobre el crecimiento exponencial que registraron esas pociones en los últimos meses de la presidencia de Ángel Ron.
Desde octubre de 2017, el juez Calama está investigando las causas que llevaron a la resolución y desaparición del banco. La investigación se centra en los miembros de los Consejos presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho y en el auditor PricewaterhouseCoopers (PwC), en un único procedimiento que se centra en los hechos transcurridos entre 2016 y los primeros meses de 2017, desde la ampliación de capital del banco en mayo de 2016, hasta la resolución en junio de 2017 por una salida descontrolada de depósitos que dejó el banco sin liquidez.
Con la comparecencia de Sánchez Villar, el juez Calama intenta averiguar el impacto que tuvo en la huida de accionistas la actuación de los fondos que tomaron posiciones bajistas en el Popular y precipitaron el hundimiento de la cotización.
En agosto de 2016, cuatro meses antes de que Ángel Ron dejase la presidencia del banco, las posiciones cortas suponían el 2% del capital el banco; en diciembre, cuando se va Ron, las posiciones bajistas habían ascendido al 8% del capital y un mes antes de la caída del banco esas posiciones superaban el 12%.
La CNMV, de la mano de Sánchez Villar, archivó la investigación que había abierto cuando se conocieron esos porcentajes al considerar que el mercado tenía suficiente información para operar y no era necesario intervenir en la negociación bursátil.
"No hubo ningún momento especialmente alarmante"
El propio presidente de la CNMV en esa época, Sebastián Albella, declaró posteriormente que “no hubo ningún momento especialmente alarmante en que detectáramos actividad vendedora de cortos que nos llamara especialmente la atención". Esta actitud contrasta con la rápida intervención de la CNMV en el caso Liberbank, que sufrió un acoso bajista similar en fechas muy próximas, prohibiendo las pociones cortas en el banco y prorrogando esa suspensión hasta en dos ocasiones. Fuentes jurídicas consultadas señalan que el juez Calama va a pedir explicaciones sobre esta diferencia de actuación en dos casos tan similares.
