La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha optado por ser lo más discreta posible en cuanto a la revelación de los casos investigados por supuestas prácticas contra el mercado.
El regulador del mercado publica, y también lo hace el Boletín Oficial del Estado, los casos de empresas o personas sancionadas por infracciones graves o muy graves, identificando a los infractores, pero sólo cuando la sanción es firme.
Aunque, desde 2015, el organismo podría publicar incluso la identidad de los afectados por una investigación en marcha, no lo ha hecho. En su lugar, ha establecido una serie de criterios para casos excepcionales en los que contemplaría dar publicidad a la incoación de un expediente sancionador. Y ha aplicado la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para dar por terminadas investigaciones en marcha cuando los potenciales infractores reconocen voluntariamente su responsabilidad, a los que se les reduce la multa por la sanción impuesta.
El pasado año la mitad de los investigados por la CNMV por infracciones graves reconocieron su responsabilidad y su multa fue reducida
"Tenemos un tema pendiente, les confieso, que es el de aplicar el precepto de la Ley del Mercado de Valores que se introdujo en 2015 que nos permite hacer pública la incoación de expediente sancionadores, no solo la sanción impuesta en firme", dijo Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en su comparecencia la pasada semana en el Congreso de los Diputados.
La citada ley, en el punto siete del artículo 275, indica que la CNMV "podrá hacer pública la incoación de los expedientes sancionadores, una vez notificada a los interesados (…)". También añade que la publicación se decidirá "previa ponderación, suficientemente razonada, entre el interés público, atendiendo a los efectos favorables que, en conjunto, genere sobre la mejor transparencia y funcionamiento de los mercados de valores y la protección de los inversores, y el perjuicio que cause a los infractores".
El presidente del organismo supervisor del mercado indicó a sus Señorías el pasado jueves -en la Comisión de Economía, Industria, y Competitividad del Congreso de los Diputados, a la que acudió para exponer las cuentas de la CNMV de 2017- que la "capacidad de mencionar incluso la identidad de las personas afectadas" no se había utilizado.
La CNMV impuso 27 multas por importe de 13,9 millones de euros
Albella añadió que esa capacidad, en la Ley del Mercado de Valores, está "regulada en términos un poco restrictivos", y que la CNMV había establecido "una serie de criterios de los casos en los que normalmente haremos pública la incoación de los expedientes". Será solo en casos de "especial repercusión en la opinión pública"; casos en los que ya se sepa la identidad de los potenciales infractores, "especialmente graves"; y casos de prácticas "que convenga evitar que se propaguen y en los que la publicación permita ese efecto".
Reconocimiento del investigado
El presidente de la CNMV explicó que normalmente "solo se conocen las sanciones que ponemos cuando se concluyen los expedientes", y que si estos duran más de un año "el retraso es muy grande", pero que si se terminan en unos pocos meses, "no hay esa demora y se atiende esa inquietud".
El pasado año, la CNMV impuso 27 multas por un importe de 13,9 millones de euros y una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en entidades financieras por plazo de cinco años. En el curso del ejercicio, el organismo concluyó 16 expedientes que incluían 29 infracciones -11 iniciados en 2016, tres en 2017, y uno en 2009-.
La CNMV comenzó el pasado año a aplicar a los nuevos expedientes sancionadores incoados las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 85 permite la terminación del procedimiento por reconocimiento voluntario de responsabilidad por el presunto infractor, o por pago voluntario, con aplicación de reducciones sobre las multas pecuniarias.
Como consecuencia de ello, informa la CNMV en su informe de 2017, en ocho de los procedimientos incoados en 2017 -de un total de 16- los presuntos infractores se acogieron a los supuestos de terminación anticipada, tres de los cuales se resolvieron en el ejercicio. "Esto ha contribuido a que, sin perjuicio del plazo de tramitación según la complejidad de cada expediente, el periodo medio de tramitación haya sido de ocho meses", informa.
