La CNMV se encuentra sumergida en un dilema estratégico. Por una parte quieren ser uno de los órganos reguladores pioneros en criptomonedas e ICOS, pero por otra, se muestran cautos ante una regulación local, al estilo francés.
En las jornada Revolution Banking, el director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV, Víctor Rodríguez Quejido, ha explicado que por el momento la intención es aplicar la normativa existente y no crear un marco español, ya que podría dificultar, más tarde, la norma europea.
Rodríguez Quejido ha recordado que el sector está captando muchos fondos para financiar proyectos relacionados con las criptomonedas por lo que es normal que llame la atención de los reguladores, pero que por el momento la CNMV seguirá las recomendaciones de la Comisión Europea de fomentar la información y explicar los procedimientos y recursos que se pueden presentar para los inversores.
En esta línea, el regulador lanzó una serie de preguntas y respuestas sobre el tema este miércoles, en la que explicaba que se podrán registrar fondos que invierta directamente en criptomonedas con arreglo a la legalidad y que dicha inversión podrá realizarse a través de una entidad de inversión colectiva de tipo cerrado (EICC).
Alerta
No obstante, este movimiento se ha producido dos meses después de lanzar un comunicado conjunto con el Banco de España en el que alertaba de los riesgos de las criptodivisas.
El pasado 8 de febrero, afirmaba que las "criptomonedas" y los distintos actores implicados en su comercialización directa no están regulados en la Unión Europea y que las personas que negocien con éstas no se verán beneficiados de las las garantías y salvaguardias asociadas a los productos financieros regulados.
Asimismo, ya sea por cómo están estructurados o por dónde se encuentre la residencia de sus emisores, los "tokens" emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados a "criptomonedas" podrían no estar sujetos a regulación.
Por tanto los compradores o inversores carecerían de las protecciones que ofrece la legislación española y, en general, de la Unión Europea a las inversiones reguladas, siendo especialmente vulnerables al fraude, a la manipulación de precios o a otras actividades ilícitas.
