Cobra ha recurrido la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 27,2 millones de euros por participar en el conocido como cártel del AVE y asegura a sus inversores en una reciente emisión de deuda que el proceso no le impide contratar con el Gobierno o entidades públicas.

El organismo no sólo impuso esa sanción, sino que abrió una vía inédita hasta ahora en este campo al trasladar a la Junta Consultiva de Contratación del Estado la cuestión de si a las empresas sancionadas se les debía impedir contratar obra pública.

Los recursos presentados por las empresas sancionadas impiden que Hacienda se pronuncie sobre el acceso de las mismas a obra pública

En un folleto de una reciente emisión realizada por Cobra, la empresa de ingeniería informa que la ejecución de la resolución de la CNMC "está actualmente suspendida, según lo solicitado por la compañía", y que se ha presentado "un recurso contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional". Además, añade, "dicha resolución no impide que la compañía contrate con el Gobierno o entidades comerciales públicas".

En las últimas cuentas anuales presentadas en Registro Mercantil por Cobra Instalaciones y Servicios, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, la compañía señala que, conforme "a la opinión de sus asesores legales", existen "argumentos sólidos" para fundamentar el recurso ante la Audiencia Nacional "posibilitando su estimación íntegra, motivo por el cual las presentes cuentas anuales no recogen provisión alguna por dicho concepto".

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado todavía no ha iniciado la instrucción del procedimiento que podría suponer la prohibición a las empresas sancionadas por el cártel del AVE de acceder a obra pública.

En 2018 la filial de ACS disparó sus ingresos en España, pasando de 363 millones un año antes a 802 millones

Desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado a este diario que la CNMC no ha informado aún sobre el carácter definitivo de la resolución sancionadora, "por lo que la Junta no puede instruir el procedimiento". Y añaden que se trata de un "procedimiento bastante largo en el tiempo". Los recursos presentados por las empresas sancionadas impiden ese carácter definitivo de la sanción.

De acuerdo a las últimas cuentas de Cobra Instalaciones y Servicios -cabecera de diversas sociedades que constituyen el Grupo Cobra-, en 2018 ingresó 990,7 millones de euros (578,7 millones un año antes), y registró un beneficio de 166,6 millones (40 millones más que un año antes).

La empresa, con sucursales en cerca de 25 países, sólo provisionó el pasado año 5,5 millones de euros por diversos litigios. No obstante, indica Cobra, al término del pasado ejercicio mantiene "pasivos contingentes que se consideran como posibles por importe de 33,6 millones", debido principalmente a la sanción de la CNMC.

En 2018 la filial de ACS, que emplea a más de 4.000 personas, disparó sus ingresos procedentes del mercado español, pasando de 363 millones en 2017 a 802 millones de euros.