Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo municipal con competencias de urbanismo e infraestructuras, exigirá un permiso municipal adicional a la licencia de vehículos de alquiler en conductor (VTC), con la que operan compañía como Cabify o Uber, para funcionar en la ciudad, según confirma este lunes el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Una medida que recibirá respuesta por parte del Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
"Esta autorización será solicitada y, si procede, entregada a favor de la persona física o jurídica que tenga ostente la titularidad real en cada momento. Cada autorización de actividad tiene un único titular y se refiere a un vehículo concreto. Deben constar su matrícula, el número de bastidor y el resto de datos que se consideren necesarios para su identificación", recoge el comunicado oficial.
El nuevo permiso municipal se otorgará bajo la aplicación estricta del ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxis, tal y como aprobó el Gobierno por decreto el pasado mes de abril. Este nuevo reglamento ha sido comunicado este lunes pero fue aprobado el pasado 26 de junio en el pleno del AMB ha recibido el apoyo de Barcelona en Comú, PSC, PDeCAT, Esquerra y la CUP. Solo Ciudadanos y PP se han abstenido en la votación.
Rechazo de Gobierno y Competencia
El principal inconveniente de esta medida es que los permisos VTC se otorgan a nivel estatal. Por lo tanto, el movimiento del AMB sería una forma de arrebatar una competencia del Ministerio de Fomento y se espera que haya un movimiento por parte de la cartera que dirige José Luis Ábalos para frenar esta iniciativa del Ayuntamiento que dirige Ada Colau. Principalmente, porque la medida del consistorio de la Ciudad Condal puede sentar precedente para que otras ciudades regulen sobre sus permisos VTC.
La CNMC también es otro de los organismos que responderán a la nueva regulación de los VTC en Barcelona. "Se está revisando esta medida y se comunicará la posición en los próximos días", afirma un portavoz del organismo que preside José María Marín Quemada. Esta doble licencia es contraria a la defensa de la liberalización del taxi que defiende la CNMC, por ello, no es de extrañar que se proceda a un recurso judicial por parte del organismo.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) se ha unido al rechazo de la medida de la AMB. El organismo autonómico defiende una regulación única para taxis y VTC, y plantea una serie de medidas, como la libertad de precios, la flexibilización geográfica y acabar con la política del 'numerus clausus' para que haya una "competencia efectiva".
Dos meses para interponer recurso
La nueva regulación podría reducir a cerca 400 VTC en Barcelona y dejar sin licencia a cerca de 1.300 conductores, según los cálculos de la patronal del sector Unauto. "Contra este acuerdo de aprobación definitiva se puede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona", apunta el comunicado de este lunes. Por lo tanto, todo apunta que se inicia una batalla judicial por este medida.
