El Gobierno de Pedro Sánchez se ahorrará las subidas de impuestos que comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación. Una vez que la Comisión Europea le ha permitido no imponer peajes en enero, quedaban muchas otras obligaciones tributarias por cumplir; hitos impopulares como la subida fiscal de diésel y gasolina y la creación de un impuesto a los billetes de avión, entre otros, además de una reforma al alza del Impuesto sobre Sucesiones.

Sin embargo, no habrá exigencias sobre la reforma fiscal prometida, según ha podido averiguar Vozpópuli y según se extrae, además, de la información que ha publicado Bruselas este lunes sobre la adenda al Plan de Recuperación (por la que España va a recibir cerca de 94.000 millones de euros).

A diferencia de lo ocurrido con los peajes, una reforma muy concreta sobre la que Alberto Núñez Feijóo puso todos los focos en el debate electoral con Pedro Sánchez, sobre la reforma fiscal pendiente ni siquiera ha trascendido que se esté negociando una suspensión o un aplazamiento.

Y ello a pesar de que la negociación de la adenda era el momento idóneo para consensuar las reformas prometidas que no se quieren realizar; también es el instante en que se ha tenido en cuenta el impacto de la crisis energética y la inflación derivados de la guerra de Ucrania.

Fuentes gubernamentales consultadas aseguran no tener constancia de que se haya negociado sobre los compromisos fiscales pendientes de cara a la adenda. No hacerlo implica la amenaza de recortes en los fondos, con el coste económico y reputacional que suponen.

Acuerdo tácito

Lo que emerge es un acuerdo tácito para que estos compromisos de reforma no se tengan en cuenta, según trasladan fuentes conocedoras, en un contexto de buen entendimiento entre la Comisión y el Gobierno. Este escenario contrasta con las exigencias que Bruselas sí ha hecho al Ejecutivo de Italia.

Otras fuentes gubernamentales han confirmado este martes que no se ha negociado elemento alguno de la reforma fiscal en los cambios de la adenda, y apuntan a que creen que la Comisión considerará que los compromisos en este ámbito están cumplidos.

En estos momentos, también pesa la escasa capacidad política de una Comisión en periodo preelectoral y con una vicepresidenta, Margrethe Vestager, en excedencia para enfrentarse en las elecciones a la Presidencia al BEI precisamente con Nadia Calviño.

Las fuentes del Ejecutivo consultadas señalan que cuando llegue el momento de analizar las reformas, la Comisión se pronunciará sobre los compromisos fiscales. Será en 2024, cuando el próximo gobierno pida el quinto pago. Este hito tendrá lugar después de solicitarse el cuarto pago, lo que se producirá cuando el Consejo Europeo valide la adenda a finales de octubre.

El citado quinto pago, de más de 8.000 millones de euros, reúne las reformas realizadas entre el 1 y el 30 de junio de 2023. Entre ellas, Sánchez prometió a Bruselas que el 31 de marzo de 2023 deberían entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE".

El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Las reformas irán acompañadas también de un análisis de su impacto distributivo, en el que se prestará especial atención a las familias con hijos".

Nada de lo que plantean los expertos en su Libro Blanco que no estuviera tramitándose antes -el tipo mínimo del 15% en Sociedades o los impuestos a residuos y plásticos- se ha hecho. De las medidas fiscales que el Gobierno sí ha aprobado, la creación de los impuestos a banca y energéticas no forma parte de las propuestas de los sabios; y el impuesto a grandes fortunas, que podría parecer alineado con la armonización de Sucesiones y Patrimonio que plantean, tampoco.

De hecho, los sabios abogan por imponer tipos máximos y mínimos que deberá ponderar el Gobierno en una reforma de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no un impuesto pergeñado en un mes como enmienda a una ley no orgánica como el de grandes fortunas.

A esto se añade que no se ha hecho nada respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que las comunidades en las que gobierna el PP están realizando ahora mismo rebajas masivas en este impuesto.

El capítulo más detallado del Libro Blanco es el relativo a la fiscalidad medioambiental, en el que plantean una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones, en la que proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.

Estos son sólo algunos de los impuestos verdes que proponen. El informe, que el Plan marca de obligada puesta en marcha, pone el foco en la subida de diésel y gasolina y en la creación de un impuesto a billetes de avión.

Hacienda emprendió el proyecto de creación de un impuesto a billetes de avión justo antes de la pandemia propuesto por Transición Ecológica, que llegó a estar en consulta pública, pero con la crisis del coronavirus se paralizó.

Este impuesto, que tienen en vigor Francia, Alemania y otros países, ha sido estudiando por uno de los expertos del comité, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo experto en fiscalidad medioambiental, que analiza distintos escenarios que van desde un impuesto medio de 2,94 euros por pasajero en los vuelos domésticos y 9,06 euros en los vuelos internacionales para recaudar 900 millones a reunir 1.500 millones gravando 5,43 euros los vuelos domésticos y 16,76 euros los vuelos internacionales. El Plan de Recuperación se compromete de entrada a "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores".

El tercer pago, ¿cerrado?

Llueve sobre mojado con la propuesta del Libro Blanco de subir la fiscalidad de diésel y gasolina y de establecer peajes. El Gobierno también se comprometió a establecer "impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos; y la revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante a más tardar el 30 de junio de 2022".

Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre y se ha avalado en febrero y cobrado los 6.000 millones que supone en marzo, sin que se haya hecho nada sobre la bonificación de hidrocarburos.

Fuentes gubernamentales consideran que este pago está perfectamente completado a ojos de la Comisión. Es cierto que está pagado, pero cabe recordar que también lo estaba el primero y el pasado octubre irrumpió un problema con el sistema de información de gestión del Plan, el Coffee, sobre el que Bruselas planteó dudas a posteriori. Con todo, las citadas fuentes insisten en que el tercer pago relativo a diésel y gasolina está cerrado, sin que se hayan hecho estas reformas.

Sobre el impuesto de matriculación, en enero de 2022 se recuperó la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude para el segundo semestre. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Bruselas reclamaba una subida adicional.

Una de las medidas de más calado medioambiental y que puede generar más contestación en la calle es la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina. El PSOE la llevaba en su programa en 2018 y suponía el alza de 3,3 euros al mes de media que ya llevaban los Presupuestos de 2019, que se cayó en la negociación de enmiendas con el PNV en otoño de 2018, mucho antes de la pandemia, y que Bruselas plantea incluso duplicar. Ya en noviembre de 2021, Teresa Ribera advirtió de que se vivía un incremento "muy notable" de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería "enormemente sensible", ya que "perjudicaría a los que más lo necesitan".

El 3 de marzo de 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el Libro Blanco de la reforma fiscal del comité de expertos, cuando Rusia acababa de invadir Ucrania, y advirtió de que no habría subidas de impuestos en el corto y medio plazo, en alusión a los impuestos verdes.

Polémico fin de la tributación conjunta en el IRPF

El informe de los expertos que han asesorado al Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal recupera una de las medidas más polémicas y que más quebraderos de cabeza han causado al Gobierno de Pedro Sánchez: la supresión de la tributación conjunta en el IRPF, medida que apareció en la publicación del Plan de Recuperación a principios de mayo de 2021 y que levantó gran controversia y contestación por tratarse de un beneficio fiscal de más de 1.000 millones de euros para las familias.

Entonces el Gobierno decía que habría que esperar a que acabaran los trabajos del comité de expertos de la reforma fiscal, y que si proponían esta medida, la contemplaría. 

Pues bien, el Libro Blanco de los Expertos propone suprimir esta reducción de 3.400 euros en la base imponible, que beneficia a cerca de cuatro millones de contribuyentes individuales y supone un coste de 1.070 millones de euros para las arcas públicas, según el cálculo de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. La reducción beneficia sobre todo a familias donde uno de los cónyuges no trabaja o existe una gran diferencia entre las rentas de uno y otro. No ha habido mención alguna a esta medida por parte el Ejecutivo desde mayo de 2021.

Sí la hubo de la AIReF días después, ya que la controversia por la inclusión de esta supresión en el Plan venía a instancias de su recomendación. Dijo que sólo lo planteaba para nuevos declarantes. No se prevé que el Análisis de beneficios fiscales encargado a un comité siguiendo las recomendaciones de la AIReF, otra reforma fiscal comprometida que que debía estar hecha el 31 de marzo de 2023 y que entra también dentro del quinto pago, se haga, más allá de la subida del IVA de bebidas azucaradas del 10% al 21% en vigor desde 2021.

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