La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica -que se creó en el Congreso de los Diputados con el fin de acordar las medidas necesarias para sacar a España de la crisis del coronavirus- ha emitido ya dictamen, en el que ha pactado entre otras cosas diseñar un indicador alternativo al PIB que mida el bienestar social y sirva para hacer los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
"Reforma ecológica y social de la contabilidad nacional", reza el artículo en el que se introduce esta propuesta, que consiste en crear dos indicadores complementarios al PIB en la contabilidad nacional.
Por un lado, "un índice de desarrollo alternativo capaz de medir el bienestar social, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como está siendo experimentado en otros países (Nueva Zelanda), que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en los objetivos de las diversas políticas públicas españolas".
También han acordado los partidos crear una "contabilidad biofísica rigurosa y paralela a la contabilidad monetaria". Ésta complementará el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y la Estrategia Española de Economía Circular.
Las propuestas de Errejón
Ambas propuestas tienen origen en el programa económico de Más País, el partido de Iñigo Errejón, en el que figuraban casi con la misma redacción.
"El PIB es un indicador necesario pero cada vez más contraproducente en sus dos tareas fundamentales: cuantificar la riqueza nacional y marcar metas colectivas que orienten un proyecto compartido de país. Su carácter distorsionante (sic) ha quedado en evidencia en una situación de crisis climática radicalmente nueva, que el PIB ni sabe medir ni ayuda a atajar, ejemplo de la necesidad de replantear la idoneidad de muchos esquemas económicos que se están demostrando obsoletos", incluía en su último programa electoral.
Por ello, proponían una "reforma ecológica y feminista de la Contabilidad Nacional en dos claves", que desplazara "al PIB del centro de gravedad de la acción económica".
"Siguiendo el camino inaugurado por Nueva Zelanda, constituiremos una Comisión Parlamentaria para introducir un Índice de bienestar que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en los objetivos de las diversas políticas públicas españolas", decía su programa electoral.
La propuesta ha sido incluida casi literalmente en el dictamen de la Comisión y ningún partido hace alegaciones en sus enmiendas.
Subir impuestos y aumentar el "gasto público social"
La Comisión de Reconstrucción también ha acordado la necesidad de "reducir la brecha fiscal con Europa", que es de alrededor de 72.000 millones de euros de recaudación, como publicó Vozpópuli. "Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado de bienestar o el modelo productivo", apuntan.
Por ello, proponen implementar medidas como "un impuesto a las transacciones financieras que realmente grave los productos más especulativos", dicen; o impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades para luchar contra paraísos fiscales y jurisdicciones que practican elusión y dumping dentro de la Unión Europea.
En el documento señalan que apoyarán la creación, en el seno de la UE, de un impuesto sobre servicios digitales, la llamada 'tasa Google', sin hacer alusión al proyecto de aprobar uno unilaterlamente en España.
Incluyen también la toma en consideración de los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre revisión de las políticas públicas y el gasto público (Spending Review), así como "fortalecer el gasto público social".
