Sin un ajuste o una mejor distribución de recursos y efectivos en las Administraciones Públicas no cabe pensar en un Plan de Reconstrucción Nacional eficiente para intentar salir de la segura recesión en que entrará la economía en este segundo trimestre del año.
Mientras el sector privado se desangra por todos los costados, sobre todo el laboral, el sector público no parece afectado por los efectos de la pandemia (a costa de un mayor déficit y deuda) y emplea el 26% de su gasto total y el 28% de sus ingresos (134.000 millones en 2019 y prevé más de 140.000 millones en 2020) en pagar las nóminas a más de 3,2 millones de empleados y cargos políticos. Se trata de porcentajes muy superiores a los de las Administraciones de los 37 países más desarrollados (OCDE), que se sitúan levemente por encima del 22% de su gasto presupuestario. De esta forma, España ocupa el cuarto lugar en el ranking de los países europeos (y el octavo del mundo) que más dinero dedica a pagar nóminas públicas respecto a sus presupuestos.
Lo que es evidente es que sin una reestructuración de las Administraciones Públicas es imposible un Plan Económico serio de salida futura de la crisis, sobre todo cuando, por ejemplo, hay ocho comunidades autónomas que emplean más de la mitad de su presupuesto en pagar a su personal. Es decir, las Administraciones, cargadas de ingentes partidas de gasto estructural e improductivo, no disponen de recursos para activar la economía, que necesitaría más inversión pública y, por ejemplo, incrementar el aumento presupuestario que demanda la situación sanitaria. Ninguna empresa privada podría sobrevivir a esta acumulación de nóminas y costes fijos de que dispone el sector público tanto en sus administraciones generales como en sus miles de organismos satélites sin que se sepa en muchos casos su función (hay casi 20.000 entes en total).
Este elevado coste estructural, que sigue creciendo a pesar de las advertencias de Bruselas, reduce sustancialmente el margen de maniobra de posibles actuaciones públicas para activar la economía nacional. De momento, Sánchez rehuye cualquier pregunta sobre posibles ajustes, reformas o reducción de sueldos, al menos para fomentar la ejemplaridad, de los altos cargos.
Según los datos de la Contabilidad Nacional, las autonomías, que disponen de las transferencias de sanidad y educación que soportaron los ajustes a partir de 2011, dispararon en 2019 sus gastos de personal hasta los 81.773 millones, que representa el 61% del gasto total del sector público. El incremento es del 5,5%, de 4.235 millones más, una cifra muy superior a la que el Gobierno podría destinar al pago de la Renta Básica. Todo esto significa que el año pasado las regiones utilizaron el 43% de sus presupuestos para pagar a su creciente personal y equivale a más del 44% de sus ingresos (impositivos y transferencias del Estado). Y en lo que va de año, es decir, hasta febrero (últimos datos disponibles) ese incremento supera ya el 5% como consecuencia de un gasto de 12.285 millones frente a los 11.697 millones de hace un año (casi 600 millones más) en el mismo periodo. Se debe al aumento de empleados y a la subida salaria por encima del 2%. Este aumento de la masa salarial del 5% se produce frente al alza de los ingresos del 1,6%, todavía no afectados por los efectos del virus, y del 3,3% de los gastos.
El color político no importa
Da lo mismo el color político a la hora de computar nóminas y más gasto público. Castilla La Mancha empleó en 2019 el 51,2% (3.843 millones, unos 173 millones más que el año anterior) de su presupuesto de gasto total (7.504 millones) a pagar nóminas. En términos de ingresos, esta cifra representa el 55% y es el 111% superior a la recaudación impositiva (1.820 millones) que registró en ese año (tanto de impuestos propios como por su participación estatal).
En este ranking de mayor gasto porcentual destinado a personal le sigue Andalucía. Parece que el nuevo Gobierno (PP y Ciudadanos con el respaldo de Vox) no da con la techa del ajuste anunciado de nóminas y organismos. En 2019 empleó 14.379 millones en pagar a sus funcionarios frente 13.803 millones del año anterior (unos 600 millones más). Lo que significa que esta comunidad se gastó en pagar nóminas públicas el 50,6% de su presupuesto (28.413 millones), que representa el 62,1% de sus ingresos totales (27.967 millones). El incremento del gasto de personal porcentual fue del 4,2%, superior al alza de los gastos totales de esta Administración regional (3,2%) y de los ingresos (3,5%). Esta comunidad se gasta en remunerar a sus empleados casi el doble de sus ingresos impositivos (7.804 millones). Y, en lo que va de 2020, las cifras han empeorado, ya que hasta febrero su gasto de personal ha crecido un 7,6% (2020 millones frente a los 1.878 de hace un año).
Por su parte, Extremadura empleo el 50,5% de su presupuesto a abonar sueldos públicos. Esos 2.388 millones empleados en 2019 representan el 53,4% de sus ingresos y es casi el triple de la recaudación impositiva obtenida (884 millones). En este listado figura en cuarto lugar Murcia, que dedicó a sueldos (2.782 millones) el 49,1% de su presupuesto de gastos y el 54,5% de sus ingresos totales. Si comparamos la cifra destinada a sueldos con sus ingresos tributarios, sale que empleó el doble de la recaudación obtenida. Lo que evidencia que las comunidades dependen exclusivamente de las subvenciones estatales.
Por su parte, Aragón se gasto en nóminas el 48,8% de su presupuesto total así como el 52,5% de sus ingresos. Mientras, el País Vasco figura en sexto lugar, ya que se gastó en personal el 48,6% de su presupuesto y el 47,2% de sus ingresos; Castilla y León utilizó el 47,3% de su gasto y el 49,5 de sus recursos totales; y Asturias se gastó en nóminas el 47,1% de su presupuesto y el 49,2% de sus ingresos. Mientras, Baleares (35,6% de su presupuesto) y Navarra (34,2%) fueron las comunidades que menos gasto emplearon en nóminas, pero su masa salarial sobrepasa el tercio del gasto total.
Situación en los ayuntamientos
Algo similar ocurre con los ayuntamientos, que emplean un tercio de su gasto a atender nóminas (24.656 millones de 73.896 de presupuesto). Por su parte, la Administración Central dedicó 25.072 millones a nóminas, es decir, el 11% de su presupuesto total. Todo esto lleva a que el Estado en su conjunto dedique ese 26% de su gasto público a funcionarios (28% de los ingresos). Pero, si extraemos las cuentas de la Seguridad Social, ya que sus ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) son finalistas (constan en cuentas separadas) y apenas representa el 1,9% del gasto total en personal, sale que las Administraciones Públicas dedican de media casi el 40% de todo su gasto a nóminas.
Estas cifras son importantes ya que la Constitución determina que es el sector público, mediante la política presupuestaria, quien debe tirar del carro para activar la economía productiva nacional. No hay que olvidar que ya representa el 17% del PIB, muy por encima por ejemplo del sector industrial, y que en su conjunto gasta anualmente el 42% de la producción nacional mientras ingresa el 39% (datos anteriores al virus). Pero, hasta ahora no ha sido un ejemplo para contener la pandemia económica. Ya ocurrió en crisis anteriores.
Se han registrado más de 450.000 ERTEs en el sector privado y ni uno sólo en el sector público mientras los ciudadanos contemplan atónitos los escaños vacíos del Congreso y de los parlamentos autonómicos, y del Senado no hay noticias de actividad alguna"
El caso es que, salvo los colectivos en la memoria de todos, gran parte de las Administraciones no parecen un servicio esencial para los españoles ante el coronavirus. El sector público ha sido el primero en confinarse en sus domicilios (salvo las ejemplares excepciones sobre todo de la sanidad y de las fuerzas de seguridad), en muchos casos con el argumento no contrastado del teletrabajo. Y será el último en abrir sus dependencias y registros (a partir del 25 de mayo y de manera paulatina) dónde se pueda solicitar de forma presencial, por ejemplo, una prestación de paro, una pensión de viudedad (cuya demanda ha crecido por los efectos del virus), una pensión o que se abra una ventanilla, con metacrilato y distanciamiento social, para que el contribuyente menos avezado en técnicas tributarias e informáticas (sólo el 60% de la población española tiene Internet) pueda hacer y presentar su complicada declaración de la renta en plena campaña.
Mientras, el sector privado (los supermercados y el sector alimentario son los que más se han expuesto) ha tenido que levantar el obligado cierre de sus actividades ante el temor de la quiebra absoluta de los negocios y de la economía a costa del riesgo sanitario. El resultado es evidente: hay un millón de trabajadores menos y 600.000 parados más que al inicio del confinamiento, y 120.000 empresas con código de cotización a la Seguridad Social han cerrado sólo en marzo. Todo ello, sin contar los 3,4 millones asalariados de empresas privadas inmersos en un ERTE, que representan el 20% de los ocupados. El balance es el siguiente: se han registrado más de 450.000 ERTEs en el sector privado y ni uno sólo en el sector público (que ahorre recursos necesarios para atender la demanda de otros servicios) mientras los ciudadanos contemplan atónitos los escaños vacíos del Congreso y de los parlamentos autonómicos, y del Senado no hay noticias de actividad alguna.
Todo ello sucede mientras el empleo y el gasto público en personal no dejan de aumentar. En 20 años se ha duplicado ese gasto y desde que comenzó la última crisis financiera e inmobiliaria el alza es del 25%. En 25 años ha crecido un 167%, (en casi 85.000 millones), sobre todo en las autonomías. Han duplicado su presupuesto en nóminas desde que el Estado le realizó casi 3.000 transferencias en los primeros años del actual siglo y ha subido un 27% desde la crisis de 2007. Después de este reparto parece que queda poco margen para los demás y facilitar la economía productiva y competitiva que figura en todos los programas económicos, aunque siempre les queda a los políticos el recurso de subir los impuestos y aumentar el agujero de la recesión y el paro privado como sucedió, por ejemplo, en 2012.
