El Gobierno, la comisión de expertos y los principales partidos comprometidos en la reforma del modelo de financiación autonómica, tendrán que hacer en menos de un año el mismo trabajo que les costó cinco en 2009. De lo contrario, no podrá incorporarse a los Presupuestos de 2018, cuya aprobación está prevista en el Congreso para finales de diciembre. El PP y el PSOE prevén un alumbramiento duro del nuevo sistema que estará precedido de fuertes tensiones, no solo con Cataluña.
Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Canarias y Baleares se quejan de que están infrafinanciadas
La complejidad, según fuentes parlamentarias, procede de los intereses que enfrentan a los distintos territorios y de los escasos recursos extra que hay para darles respuesta. En la reciente Conferencia de Presidentes, los responsables autonómicos abrieron un amplio mosaico que ahora corresponderá ordenar y encajar a los tres órganos que intervendrán en el proceso bajo la supervisión del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro: un comité técnico de evaluación, un grupo de trabajo creado por el Consejo de Política Fiscal y el propio Consejo. Las conclusiones del llamado 'equipo de sabios' no serán vinculantes.
Tanto el PP como el PSOE disponen ya de una foto aproximada de lo que exige cada comunidad. La Generalitat de Cataluña, que de momento ha preferido quedar orillada de estos trabajos, defiende a las claras que los impuestos se queden en el territorio que los recauda, una especie de federalismo fiscal a la carta que rechaza la mayoría de los gobiernos regionales en manos de los dos grandes partidos, salvo Baleares y la Comunidad Valenciana.
El Ejecutivo andaluz, una de las comunidades de referencia para los socialistas, aspira junto a los de la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Canarias y Baleares a que el Estado le perdone lo que debe por el dinero recibido en los últimos años a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Sería una compensación por la deuda que asegura le ha generado la infrafinanciación.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, también hace especial hincapié en la necesidad de ir a una mayor armonización impositiva que acabe con el dumping fiscal entre territorios, con la mirada acusadora puesta en Madrid, comunidad que reivindica todo lo contrario y, además, que se apruebe un modelo más sencillo usando el padrón de población como principal variable de distribución de recursos.
Atención a la sanidad
Díaz también ha defendido tener en cuenta la población y los servicios públicos para calcular un coste promedio en el que se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento. Con esta reivindicación sintoniza también el Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo, partidario de prestar a la sanidad la máxima atención en el nuevo modelo de financiación. Asturias, en manos de Javier Fernández, comparte con Andalucía la necesidad de acabar con la competencia fiscal y de adaptar el nuevo sistema al coste real de los servicios públicos.
La Comunidad Valenciana se suma a la exigencia andaluza de que el Gobierno le condone el FLA y pide un blindaje de los servicios públicos que considera fundamentales. En cambio, defiende una mayor autonomía fiscal, al igual que Baleares, y, al mismo tiempo, garantías de que todas las regiones llegan a la media en términos de financiación.
El cántabro Miguel Ángel Revilla propone algo tan complejo como la creación de mecanismos que avalen que todas las comunidades asumen su plena responsabilidad en los aumentos o disminuciones de recaudación consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa, en otras palabras, que si rebajan impuestos acepten las consecuencias. Esta consideración es compartida también por Castilla y León, que se suma al cántabro en el interés de que haya un catálogo común de servicios para todos los territorios cuya dotación esté asegurada en cada ejercicio.
El Gobierno murciano también quiere que se le perdone el FLA y propone, además, que se cuantifiquen los recursos tributarios que puede obtener cada autonomía, la revisión de los impuestos cedidos, analizar los medioambientales, así como acordar el volumen total de dinero que el Estado debe poner en el nuevo sistema a partir del nivel de gasto. La mayoría de estas propuestas salen del colegio de Economistas de la región.
Aragón se suma a la petición de que el Gobierno perdone la devolución del Fondo de Liquidez a las comunidades peor financiadas y plantea que se haga de forma proporcional al PIB regional para no favorecer a las menos cumplidoras con los objetivos de déficit.
Emiliano García-Page hace desde Castilla-La Mancha causa común con Andalucía en la batalla por la armonización fiscal con el objetivo de evitar el dumping entre regiones limítrofes. Para ello sugiere la imposición de topes mínimos en los tributos que gestionan las comunidades. La dispersión geográfica debe ser para este territorio un referente esencial en el reparto de fondos.
Las conclusiones de la comisión que integran los expertos designados por las comunidades no serán vinculantes
Otra comunidad relevante para el PSOE, Extremadura, acentúa, como en el caso de Andalucía, la urgencia de valorar el coste efectivo de los distintos servicios y añade a ello algo tan abstracto como que la inversión territorializada del Estado sea solidaria.
