Aunque el Gobierno ha aprobado por real decreto-ley agilizar la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs) que se presenten por fuerza mayor -por culpa del coronavirus- para que puedan estar resueltos en un plazo máximo de cinco días, las comunidades autónomas están ampliando este plazo ante el desbordamiento de las oficinas de empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem) se ocupa de tramitar los ERTEs de compañías que operan en todo el territorio nacional y tienen empleados en varias comunidades, mientras que se tramitan a nivel autonómico los ERTEs de las compañías que operan en cada comunidad, por parte de las oficinas del SEPE ubicadas en todo el territorio nacional.
Parecía que los plazos aprobados por el Ejecutivo regían en todo el territorio nacional, pero algunas comunidades como el Principado de Asturias, Aragón y Castilla y León ya han hecho cambios ante el aluvión de solicitudes que ha habido, que les impiden llegar a tiempo porque las oficinas del SEPE están desbordadas, en sendas órdenes publicadas en sus boletines oficiales autonómicos. Las tres comunidades han decidido ampliar de 5 a 10 el plazo de días para hacer resolución.
Desde el Ministerio de Trabajo no quieren valorar estas decisiones que han tomado las Consejerías de Empleo de estas comunidades.
Más tiempo para tramitar con rigor
"El elevado número de las solicitudes formuladas en el Principado de Asturias derivadas de la suspensión de actividades hacen presuponer un difícil cumplimiento del plazo máximo de resolución", reconoce la Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias, que ha aprobado una norma en la que amplía ese plazo de 5 a 10 días.
Esto quiere decir que las empresas que tramiten sus ERTEs en Asturias, Castilla y León y Aragón están en desventaja respecto a las de otras comunidades, ya que tendrán que esperar más tiempo para saber si su ERTE ha sido aprobado.
La comunidad recalca que no existe posibilidad de recurso ante la decisión amparándose en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Manga ancha con los ERTEs
La Consejería explica que "el volumen de las solicitudes presentadas en el Principado de Asturias y, sobre todo, de aquellas que se pudieran presentar en el futuro, hacen imposible la resolución de los procedimientos en el plazo de cinco días", sobre todo teniendo en cuenta que "la Administración debe ser rigurosa en su aplicación; es obligado que examine y constate la existencia, caso por caso, de la fuerza mayor alegada por cada una de las empresas".
El Ministerio de Trabajo ya ha avanzado que, ante el volumen desmesurado de solicitudes, es posible que la Administración tenga que revisar a posteriori cada ERTE y echar atrás alguno ya aprobado, lo que podría conllevar sanciones para la empresa en cuestión y el pago de las cotizaciones de las que ha quedado exenta, así como la readmisión incluso de los trabajadores.
Fuentes del Ministerio apuntan que va a haber "manga ancha" y que se van a dar de paso la mayoría de los ERTEs presentados.
