Las Comunidades Autónomas tienen que presentar hoy miércoles una valoración de cuánto conseguirían ahorrar si aplicasen el catálogo de 255 medidas de ajuste que les envió la semana pasada el Ministerio de Hacienda, un hecho que ha levantado muchas suspicacias entre los distintos gobiernos autonómicos. De hecho, la mayoría de ellos considera que no podrá presentar a tiempo las cuantificaciones de estos recortes.
Publicadas este martes por el diario El País, las medidas incluyen desde copagos sanitarios a un mayor número de horas de trabajo o recortes salariales para los funcionarios. Algunas de ellas incluso ya están en vigor en diversas Comunidades. Y la idea consiste en que se puedan discutir primero en un grupo de trabajo que se reunirá el lunes y en el que participarán también los Ministerios de Hacienda y Sanidad.
Una vez hayan sido discutidas, valoradas y debidamente filtradas, las medidas se presentarán el próximo jueves 31 ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que se reúnen las Comunidades con el Gobierno para tratar los asuntos pecuniarios.
Ahora bien, fuentes de Hacienda sostienen que el asunto de la lista de recortes básicamente se ha ido de madre. Explican que Bruselas exigió al Gobierno que se hiciese una revisión de los capítulos de gasto buscando ganar eficiencias. Y partir de ahí se creó un grupo de trabajo con las Comunidades en el que se les pidió que propusieran iniciativas para lograr nuevos ahorros. De modo que Hacienda tan sólo las agrupó en un documento y se las devolvió a las Comunidades para su discusión.
Sin embargo, hay Autonomías que creen que Hacienda ha metido mano, endureciendo las medidas. “Algunas de ellas no parecen el tipo de propuesta que presentaría una Comunidad Autónoma. Ningún gobierno regional las sugeriría. ¿Elevar el número de horas lectivas de los profesores hasta 40 ó quitarles el equivalente a la paga extra con las elecciones a la vista? Ni de broma”, comentan fuentes de las CCAA.
¿Segundas intenciones?
De ahí que algunas sospechen que haya segundas intenciones. Tanto Montoro como Beteta defendieron ayer que las Comunidades mantenían su autonomía para tomar las decisiones que considerasen pertinentes siempre que cumpliesen con el déficit. Es más, en principio, en tanto en cuanto cumplan con las metas presupuestarias no deberían tener problemas.
Sin embargo, entre las Comunidades imperan dos tesis respecto a este paquete. Por un lado, que Bruselas está presionando para que se aborden nuevos ajustes que permitan cumplir con el déficit en 2015. Así que, de acuerdo con esta versión, las medidas se podrían adoptar tras haber retirado y suavizado las más duras. Algo muy parecido al paquete de recortes en Educación y Sanidad que logró unos 10.000 millones de ahorros y que se aprobó en 2012 ante la presión de las autoridades europeas.
Por otro lado, otras versiones apuntan que, una vez cuantificadas, las propuestas pueden servir de guía para ajustar los planes de reequilibrio financiero. Esto es, si Hacienda considera que una región se desvía sobre lo planeado, entonces podría sugerirle o imponerle que aplique alguna medida del listado, cuyo impacto además ya tendría calculado.
Por otra parte, este martes Montoro anunció que se estudia dar más facilidades a las Comunidades que usan el Fondo de Liquidez Autonómico, bien sea reestructurando el pago del principal o dando más facilidades para abonar los intereses. Una iniciativa que favorecerá sobre todo a Cataluña, Valencia y Andalucía, las que más tiran del FLA.
Y hoy miércoles además se publicarán las balanzas fiscales, lo que arrojará todavía más leña al fuego de las finanzas autonómicas.
