Presionadas por la sequía de la financiación que les ha impuesto Montoro, las Comunidades Autónomas han recortado unos 170.000 empleos en empresas públicas, fundaciones y otros organismos, justo en esas áreas negras que tradicionalmente han escapado al control y que en muchas ocasiones se han aprovechado para centrifugar el gasto y contratar saltándose cualquier criterio objetivo de selección o los topes salariales propios de las Administraciones. Con todo y a pesar de este recorte, se calcula que todavía pueden quedar en este ámbito de la administración autonómica ajeno a la transparencia unos 285.000 contratados.
Pese a que no existen datos oficiales sobre cuántos son los empleados públicos que pertenecen a las empresas públicas, organismos y fundaciones de las Comunidades, hay una forma de averiguarlo aproximadamente. El Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones publicado este lunes está considerado una suerte de registro oficial manejado por Hacienda y brinda datos a julio de 2013 que revelan que las Comunidades habían prescindido de unos 67.000 empleos. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa del INE, la estadística de empleo homologada con Europa, revela que a fecha de julio la plantilla en las Autonomías se había reducido en 241.000 efectivos. Y por lo tanto la diferencia asciende a los 174.000 puestos de trabajo. ¿Pero a qué se debe esta divergencia? Pues a todos los trabajadores de la maraña de entidades que escapan de los registros y que las Comunidades Autónomas esta vez sí se están viendo obligadas a podar.
El Boletín de Personal incluye funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual. En cambio, la EPA recoge a todos los asalariados del sector público, sea cual sea su condición. Aunque la comparación de cifras obtenidas de forma distinta no resulte algo muy ortodoxo, se trata de la única forma de desentrañar a cuánta gente contrata un entramado público bastante opaco, incluso si en ocasiones presta servicios de primera necesidad a los ciudadanos. A julio de 2013, mientras que la EPA ofrecía 2,843 millones de empleados públicos, el Boletín daba 2,547 millones, de lo que se deduce que aún hay unos 296.000 sin contabilizar en Hacienda y que pertenecerían fundamentalmente a la tupida red de entidades no consolidadas en las cuentas de los municipios y, sobre todo, las Comunidades Autónomas.
El hecho de que los recortes de empleo se estén cebando con estas empresas públicas, fundaciones y organismos explicaría en parte que, pese a que se hayan recortado cerca de 400.000 empleos, el gasto en personal del conjunto de las Administraciones siga casi en los mismos niveles que en 2008, en el entorno de los 115.000 millones, pues este gasto en plantilla no computa en las cuentas oficiales.
Es más, durante el periodo comprendido entre principios de 2008 y finales de 2011, según la EPA las Comunidades se lanzaron a contratar engordando su plantilla desde los 1,5 millones hasta los 1,8 millones, sin importar el contexto de crisis. Pero esta situación ha cambiado, y de acuerdo con los datos de la EPA las Autonomías en los últimos dos años se han disciplinado y han prescindido de unos 250.000 puestos de trabajo.
La abundancia de este tipo de empleo sin controles también explicaría por qué las Comunidades Autónomas son la parte de la Administración que mejor retribuye si atendemos a las cifras del INE.
