ERC, Bildu y BNG han arrancado al Gobierno in extremis el compromiso de que sigan los impuestos a banca y energéticas en una de las sesiones más caóticas que se recuerdan y que finalizó a las 0.52 horas, tras un secuestro de más de cuatro horas. Pasadas las 23 horas, las formaciones soberanistas han hecho público un acuerdo que prevé aumentar el tramo más alto en el impuesto a la banca y dirigir toda la recaudación a las comunidades autónomas. El acuerdo ha llegado tras la amenaza de ERC de tumbar el Dictamen del Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales. La Comisión de Hacienda en el Congreso había rechazado el impuesto a la banca, la subida del diésel y la supresión del régimen de las SOCIMI. Éste era el resultado tras votar las enmiendas individuales y seis transaccionales, después de que los grupos hayan defendido sus posturas encontradas y contradictorias y en medio del enfrentamiento de los socios. A pesar del aval al Dictamen con 20 votos a favor y 17 en contra, que no se produjo hasta las 0.52 horas, las enmiendas rechazadas pueden quedar vivas -y, por lo tanto, volver a ser debatidas y votadas- en el Pleno que se celebrará el próximo jueves.

Antes de que se votara el Dictamen, ERC ha trasladado que María Jesús Montero se ha comprometido a prorrogar los impuestos a banca y energéticas en un Real Decreto-ley. Esto ha provocado que Vox anuncie que se reserva acciones legales por haberse producido una "votación ilegal, interrumpida, y con elementos nuevos y ajenos sobrevenidos". El PP ha acusado a la Presidencia de la Comisión de "secuestro y arbitrariedad para mantener la agonía de un Gobierno inviable".

A las 0.54 horas el Ministerio de Hacienda ha enviado un comunicado que dice que el Gobierno quiere "aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización".

Votos y posiciones

Además de la subida del diésel y del fin de las SOCIMI, tampoco han salido adelante la imposición de un IVA del 21% a apartamentos turísticos, el fin de la exención de los seguros sanitarios privados y el impuesto a grandes herencias de Sumar. El impuesto a energéticas había quedado fuera de los pactos del PSOE con PNV y Junts y Sumar.

Sí se han validado las enmiendas del PSOE y PNV que pretenden atajar el fraude en hidrocarburos, una subida a las rentas del capital de dos puntos, al 30%, para rentas desde 300.000 euros transaccionada por PSOE y Sumar y una mejora de la reducción de las rentas irregulares en el IRPF para artistas. También se han validado las alzas en el Impuesto sobre Sociedades y una rebaja de tipos para micropymes y cooperativas del PSOE. Se ha dado luz verde a mejoras técnicas al impuesto mínimo del 15%, pero no a que la Ley de Presupuestos pueda modificarlo.

Antes de la votación, los grupos han defendido sus posiciones. Idoia Sagastizabal, del PNV, ha considerado que la labor de la Comisión es la "cuadratura del círculo: si queremos sacar adelante esto hay que estar de acuerdo todos todo el tiempo y abandonar postruras maximalistas y nuestra zona de confort. El resto es Márketing político en Twitter", ha dicho. "Votaremos en contra de lo que no sea el acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno, con matices", ha planteado. En el último momento se ha abierto a acuerdos, incluso en algunas de las enmiendas acordadas con Sumar, aunque ha atacado la "inseguridad jurídica" de algunas de las propuestas de la formación de Yolanda Díaz.

Por su parte, Josep Maria Cruset, de Junts, ha destacado que sus propuestas, que incluyen el fin del impuesto a energéticas, "son sólo para Cataluña" y que le da igual el resto.

Oskar Matute, de Bildu, se ha mostrado abierto a negociar, pero ha subrayado que no van a aceptar una "política a la orden de Imaz ni Galán" y ha asegurado que este último ya dijo en una junta que el impuesto no les hacía demasiado daño.

En la misma línea, Pilar Vallugera, de ERC, ha retado: "No nos van a hacer pasar por la supresión del impuesto a energéticas y menos después de la DANA". "No aceptamos el chantaje de Repsol e Iberdrola". Y ha amenzado con tumbar el Dictamen.

Para Néstor Rego, del BNG, el texto nace mal si no contiene la permanencia de los impuestos a banca y energéticas.

Carlos Martín Urriza, de Sumar, ha vendido su paquete acordado con el Gobierno y ha subrayado las bondades del impuesto a grandes herencias y el fin de la exención a seguros sanitarios privados. A pesar de que su pacto con el PSOE contempla del fin del impuesto a energéticas, ha clamado contra el "oligopolio de banca y energética"s, especialmente petrolero, cuando a su juicio son las "principales responsables del cambio climático", causante a su vez de las catástrofes.

Pablo Sáez, de Vox, ha acusado al PSOE  de hacer un "uso partidista" de la Comisión al desconvocarla dos veces y ha lamentado la "técnica legislativa" de introducir estos impuestos vía enmiendas. Especialmente dañinos le parecen el fin de la exención de las primas de seguros y la subida del diésel.

Alicia Álvarez, del Grupo Socialista, se ha limitado a recorrer sus enmiendas y la necesidad del impuesto mínimo.

A Santi Rodríguez, del PP, no le parece que haya un pacto o una reforma fiscal sino un "galimatías fiscal", y ha cargado contra la subida del diésel, tras reiterar su apoyo al impuesto mínimo.

El culebrón de la Comisión de Hacienda

El mensaje que venía llegando desde el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios es el de una catarata de subidas de impuestos y ya está teniendo consecuencias negativas en la inversión. Las principales SOCIMI ya han anunciado que estudian llevarse su sede fiscal fuera de España, según avanzó Vozpópuli, tras conocerse el plan del PSOE y Sumar para eliminar su régimen.

El problema es que ni siquiera el detalle de las subidas de impuestos que quiere aprobar el Ejecutivo estaba claro. El Ministerio de Hacienda ha llegado a negociar dos baterías fiscales diferentes, una con PNV y Junts, y otra con Sumar, que han rechazado el resto de sus socios. En el caso de la que ha publicitado con la formación de Yolanda Díaz la semana pasada ni siquiera es del agrado de los socios de izquierda al acompañar sus subidas de impuestos del fin del impuesto a energéticas que ERC, Bildu y Podemos quieren mantener a ultranza.

En primer lugar, el miércoles 30 de octubre, al día siguiente de la DANA, se registraron las enmiendas en el Congreso al Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, texto que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025. Aquí se desveló el pacto del PSOE con el PNV y Junts, por el que el impuesto a energéticas desaparecería y el impuesto a la banca seguiría tres años, convertido ya en impuesto en términos técnicos para que el País Vasco pueda concertarlo.

Esto se acompañó de una subida del impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro (el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros) para equipararlo con la gasolina. A la que se añadieron un alza en el IRPF a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros un punto, del 28% al 29%, y distintos incrementos en el Impuesto sobre Sociedades.

Pues bien, el pasado lunes 12 de noviembre el PSOE desconvocó al Comisión de Hacienda que iba a votar estas enmiendas y Sumar anunciaba un pacto con el PSOE en el que le arrancaba un impuesto al lujo, un IVA del 21% a pisos turísticos, que el impuesto a la banca sea permanente y el fin de las SOCIMI y de la exención de primas de seguros privados sanitarios, entre otras medidas.

El pasado jueves, la Comisión de Hacienda volvió a desconvocarse por falta de acuerdo en las subidas de impuestos. Se produjo un nuevo retraso en la tramitación que pone en serios aprietos a Hacienda, que quiere que esté en vigor el 1 de enero para evitar perjuicios a las filiales españolas en el extranjero.

El Gobierno no quiso votar este jueves el texto sin las enmiendas de la polémica -fórmula que aconsejaban sus socios- y prefirió seguir intentando llegar a un acuerdo en impuestos, poniendo en riesgo la aprobación de la norma a tiempo.

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