La subcomisión del Congreso sobre productos financieros e hipotecarios ha instado al Gobierno, instituciones y entidades financieras a mejorar la información que ofrecen a sus clientes sobre los productos que les venden, en especial los más complejos o que entrañen mayores riesgos.
Estas son algunas de las conclusiones del informe de la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios que se aprobará, previsiblemente, el martes, en el Congreso y al que ha tenido acceso EFE. Creada en abril de 2012, la subcomisión se ha reunido en seis ocasiones, y por ella han pasado, entre otros, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), Manuel Pardos Vicente.
La subcomisión reconoce la labor, pero sobre todo "la rapidez" con la que el Gobierno ha reaccionado ante problemas "agravados como consecuencia de la crisis económica", con iniciativas como el Código de Buenas Prácticas para los deudores hipotecarios, que prevé soluciones para los hipotecados más débiles como la refinanciación de la deuda o la dación en pago.
En cuanto a algunos de estos productos complejos, como la deuda subordinada o las participaciones preferentes, la subcomisión recuerda que se han establecido requisitos adicionales para su venta, como la obligación de establecer un tramo mínimo del 50% para inversores institucionales.
Además, facilita los últimos datos del Ministerio de Economía sobre el procedimiento de arbitraje de las preferentes; en Novagalicia Banco se han emitido más de 28.000 laudos positivos, en Bankia, más de 3.000, y en CatalunyaCaixa, unos 12.000.
La subcomisión recomienda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Banco de España establezcan cláusulas tipo y advertencias para aquellos contratos cuyo contenido pueda entrañar riesgo para el cliente.
También se considera necesario acreditar el cumplimiento de la obligación de informar a los clientes recabando una copia firmada (o medida equivalente) de la documentación informativa entregada.
Los clientes deben conocer el alcance de los contratos financieros o bancarios que firmen, y deben saber que del pago de las deudas se responde con todo el patrimonio presente y futuro, así como que la diferente naturaleza de un producto determina que la inversión esté garantizada o no.
Las entidades deberán implantar ciclos formativos para los empleados encargados de la comercialización de los productos, con objeto de que tengan la preparación suficiente para explicar los productos que venden y responder a todas las cuestiones que pueda plantear el cliente. Además, las entidades deberán evitar políticas de incentivos de los empleados que puedan alentar prácticas de comercialización "excesivamente agresivas y que entren en conflicto con las obligaciones de información al cliente".
En relación con los préstamos hipotecarios, la subcomisión considera que se debe vigilar que los notarios cumplan su función básica de informar a las partes sobre el alcance del contrato que están firmando, "cerciorándose de que los firmantes conocen lo que firman".
Respecto de los seguros "o cualquier producto vinculado a los préstamos hipotecarios", se deberá informar a los clientes de que no es obligatorio contratarlos y de las condiciones de los préstamos con dicho producto o sin él.
También se deberá poner en marcha "cuanto antes" un portal "on line" de subastas judiciales y extrajudiciales, facilitando la creación de un mercado nacional de subastas que permitirá el acceso de un mayor número de postores, lo que ineludiblemente se traducirá en la maximización del valor del bien subastado.
En cuanto a los depósitos, la subcomisión recomienda que en caso de insolvencia o resolución de entidades de crédito, el ahorro de los clientes tenga "el máximo nivel de protección".
