Demandas Colectivas, especializada en la reclamación de deudas en procesos concursales y reestructuraciones, creadora de la primera plataforma de afectados de DIA, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el anterior consejo de administración de la compañía, presidido por Borja de la Cierva, y la consultora KPMG, que ha auditado las cuentas de la empresa desde hace más de 20 años.
La querella ha sido presentada por los presuntos delitos de societario por falseamiento de las cuentas anuales; de falsificación de documento público; y de estafa. En la querella se solicita la declaración en calidad de investigados de todo el consejo de administración que aprobó las cuentas del ejercicio 2017, así
como del auditor de KPMG que validó las cuentas como ciertas.
DIA informó el pasado 28 de diciembre que había detectado la necesidad de deteriorar un importe aproximado de 76 millones de euros atribuible principalmente a su negocio en España, y otro de 34 millones de euros en su filial Clarel.
El pasado mes de febrero DIA reveló que había abierto una investigación sobre sus altos directivos en España y Brasil. Según detallaba la auditoría de la consultora KPMG, la compañía havía encontrado indicios que ponen de relieve que se realizaron "prácticas contables irregulares". La empresa aseguró que había denunciado los hechos ante Fiscalía Anticorrupción y que había contratado a EY para elaborar una auditoría forense.
La compañía cesó a Ricardo Currás como consejero delegado en agosto de 2018 y nombró en su puesto a Antonio Coto, quien el pasado mes de diciembre fue nuevamente relevado y siendo sustituido por Borja de la Cierva. Este último ha abandonado, junto con la mayoría de consejeros, su cargo en DIA tras la toma de control del grupo por parte de LetterOne.
Demandas Colectivas destaca que KPMG no detectó que las cuentas anuales del 2017 estaban infladas un 20% en su patrimonio neto, es decir, el valor contable de la compañía. "Sin duda este es un factor clave que indujo a un claro error a los inversores que siguieron confiando en una compañía que valía un 20% menos y cuyos resultados anuales también estaban manipulados", dice la firma.
El despacho solicita tener acceso al informe de E&Y que detectó la falsedad de las cuentas y su reformulación. "Hasta ahora este informe ha sido confidencial y los socios no han tenido acceso a él, a pesar
de las graves consecuencias que ha tenido para su inversión", señala. "Sin duda una muestra más del oscurantismo y mala praxis del anterior Consejo de Administración", añade.
