El malestar del Consejo de Estado con la manera de legislar del Gobierno de Pedro Sánchez le ha estallado a Hacienda. El Ministerio tiene varios proyectos retrasados o frenados por el máximo órgano consultivo en los últimos meses. El choque, del que dan cuenta fuentes conocedoras, ha trascendido en un durísimo dictamen del que ha informado Vozpópuli sobre un proyecto de ley que adaptaba varias Directivas de temas inconexos. Éste mezclaba residuos radiactivos con elementos tributarios, un proyecto que el Consejo de Estado consideró un despropósito y para el que además el Gobierno le requería una urgencia máxima.

El Consejo, sin embargo, ve "urgencias injustificadas", que afectan a la calidad de las leyes y al "control de legalidad y constitucionalidad"; y avisa también de "garantías" que "se resienten". El máximo órgano consultivo le exige "respeto" a su función y al marco legal, ante un "dislate" próximo al "fraude de ley".

Este dictamen se publicó el 3 de noviembre, justo cuando empezaban a conocerse los efectos de la Ley del sólo sí es sí, para la que se le consultó pero no se le tuvo en cuenta; y en un contexto de uso continuo de proposiciones de ley para sortear al Consejo de Estado. Este es, precisamente, el caso de la norma que crea los impuestos a banca y energéticas, que se registró directamente en el Congreso, cuando uno de los proyectos retrasados de Hacienda es la Orden Ministerial que desarrolla los modelos de declaración de estos impuestos. Esta fórmula también se ha utilizado en la reforma del Código Penal que revisa los delitos de sedición y malversación, en la que se intentó además reformar el sistema de elección del Tribunal Constitucional (lo que finalmente el TC frenó).

Las prisas del Gobierno también han afectado a la tramitación de la Ley Trans, según ha advertido el Consejo de Estado en su dictamen sobre la norma.

La proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas, que registraron los Grupos Socialista y de Podemos en el Congreso el 28 de julio, establecía ya entonces que el primer pago anticipado del 50% se cobraría entre el 1 y el 20 de febrero; y así lo refleja la ley publicada en el BOE el 28 de diciembre. Pero no ha podido hacerse porque el proyecto de Orden con los Modelos de declaración está en el Consejo de Estado.

Se da la paradoja de que el Gobierno decidió tramitar los impuestos como proposición de ley para sortear el Consejo de Estado y acelerar el proceso. Sin embargo, el reglamento de los impuestos debe pasar por el máximo órgano consultivo, para un trámite que podría llevarle más tiempo ya que no ha estudiado la ley.

Dictamen con urgencia

Fuentes del Consejo de Estado trasladan que el proyecto de Orden Ministerial con los modelos de declaración de los impuestos de banca y energéticas -que establece que se empiezan a pagar el 1 de febrero- entró el 18 de enero. En este sentido, destacan que el plazo de 15 días que tienen para emitir dictamen con urgencia -dos meses si no la hay- se cumple, si éste se dicta finalmente este jueves en la Comisión Permanente.

Las mismas fuentes enmarcan el malestar de la institución en las exigencias de urgencia por parte del Gobierno cuando la situación no lo requiere. Subrayan que el Consejo de Estado trabaja a destajo y ha emitido dictámenes en un fin de semana en cuestiones de máxima necesidad, por ejemplo, durante la pandemia.

No descartan que se hayan recibido llamadas desde Hacienda para acelerar el proceso, que se producen además de los trámites oficiales de urgencia, y admiten que sí que se les ha trasladado que en todo caso el dictamen, que sólo dictan si aprueban el texto, tiene que estar este jueves.

La Agencia Tributaria (AEAT), por su parte, ha colgado en su web una nota sobre las declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo finaliza en febrero, en la que incluye el pago anticipado de los impuestos de banca y energéticas, sin hacer alusión alguna a la merma en el plazo legal. Este retraso es un motivo más para la avalancha de recursos que preparan las empresas, según apuntan fuentes jurídicas.

Control de las criptomonedas

Pues bien, al retraso de la citada Orden con los nuevos impuestos se suma el de otro importante reglamento en el que Hacienda quiere desplegar todo su arsenal de control sobre criptomonedas y que iba a entrar en vigor en enero de 2023. Finalmente, se ha retrasado a enero de 2024 in extremis, pero no se ha informado oficialmente de ello. Se trata del proyecto de Real Decreto con el reglamento que desarrolla los tres Modelos de Declaración de monedas virtuales, que estuvo en audiencia pública en junio. Como avanzó este periódico el 30 de diciembre, desde el Fisco se trasladaba entonces que no estaba listo porque lo retenía el Consejo de Estado, que había cuestionado elementos relacionados con la protección de datos y reclamado informe a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En el Consejo de Estado sigue ahora mismo.

Fuentes conocedoras señalan que el Consejo de Estado no pide informes a otros organismos, es el último órgano consultivo, pero sí que puede reclamarlos al Gobierno si éste debía haberlos solicitado y no lo ha hecho.

Otra nueva obligación que va con retraso, en este caso de más de un año, es el control sobre el software de doble uso para llevar dobles contabilidades que prevé la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en vigor desde el 10 de julio de 2021, que debía estar vigente a los tres meses, es decir en octubre de 2021. Este proyecto estuvo en audiencia pública en enero de 2022 y se encuentra también en el Consejo de Estado ahora mismo.

Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, declaró en la presentación de la Campaña de la Renta el pasado 6 de abril, entonces como director de la Agencia Tributaria, que esperaba que los tres Modelos de declaración de criptomonedas y el reglamento del software de doble uso estuvieran en el BOE antes del 1 de julio de 2022.

Llama la atención que tanto los controles sobre criptomonedas como sobre el software de doble uso aparecen en un informe que ha elaborado Hacienda para rendir cuentas en el Plan de Recuperación sobre el cumplimiento de uno de los hitos comprometidos a cambio de fondos UE, la evaluación de la Ley de Lucha contra el Fraude.

La relevancia del Consejo de Estado

El dictamen en el que el Consejo de Estado ha estallado es sobre el "Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos".

Se trata de un proyecto de ley en el que el Gobierno ha decidido juntar la trasposición de tres Directivas de la UE sin relación alguna entre sí, y la fusión de cuatro proyectos de ley tampoco conectados, en una norma que ha pasado sin pena ni gloria pero en cuyo dictamen el Consejo de Estado ha estallado.

Critica que se le remitió el anteproyecto el 13 de octubre con trámite de urgencia, y que el 18 de octubre se le exigió que tenía que estar listo el 27 de octubre, cuando el plazo que tiene para emitir dictámenes es de dos meses.

En este escenario, el dictamen le "recuerda la relevante función institucional que cumple el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas de carácter general dentro del Estado de Derecho, en aras de garantizar, siquiera sea de forma cautelar, la oportunidad y legalidad de tales disposiciones". Ahí reside la obligación de pedirle informe, insiste, y los plazos tienen la importancia de garantizar estos fines. Reducirlos o prescindir de ellos tiene una relevancia que trasciende los inconvenientes que les puedan causar al propio Consejo de Estado, advierte el dictamen de principios de noviembre.

El pasado 10 de noviembre tomó posesión Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo del primer Gobierno de Pedro Sánchez, como presidenta del Consejo de Estado. En una entrevista en la Revista de Registradores de España, preguntada por qué puede hacer el Consejo de Estado cuando "la celeridad legislativa está provocando que en algunos supuestos se prescinda de los informes del Consejo de Estado en perjuicio de la calidad", responde: "No me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso no tienen todas las garantías jurídicas ni la calidad jurídica adecuada. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro".

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