El anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, aprobado el pasado viernes 10 en el Consejo de Ministros, sólo ha puesto de acuerdo a sectores empresariales y camerales en dos puntos: no es lo que esperaban y, por ello, se sienten decepcionados con el texto elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, con Jaime García Legaz a la cabeza.
Una de las voces que más feroces se levantan contra el anteproyecto es la de Enrique Martínez, uno de los vicepresidentes de CEIM y presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales del Este de Madrid (FEDESMA). “Se potencian más las Cámaras de Comercio cuando en la Constitución queda claro que las verdaderas representantes de los empresarios son las patronales. Además, las Cámaras hacen competencia a las patronales con ayuda de las Comunidades Autónomas, con las que podrán firmar convenios de colaboración para impartir cursos de formación que podrían dar las patronales”.
Precisamente, la formación profesional dual que podrá desarrollarse en las Cámaras, con lo que el Gobierno pretende acercarse a un sistema similar al de países como Alemania o Austria, es una de las principales novedades que recoge el texto. Los ingresos derivados de dicha formación podrán aliviar en cierto modo los apuros económicos de algunas de estas instituciones, que sufrieron el golpe de quedarse sin la cuota cameral obligatoria que debían pagar todas las empresas desde que fue suprimida en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una supresión que les ha hecho pasar de 3.600 a 1.600 empleados, según los datos de la red de Cámaras, y que en algunos casos les ha llevado a fusionarse con las patronales. El vicepresidente de CEIM asegura que con este anteproyecto el Gobierno muestra una vez más su alergia por “desmontar empresas públicas mientras que se cierran privadas por la crisis”.
Composición del pleno
Martínez también se muestra crítico con el anteproyecto porque en su opinión “incide en más presencia pública y de los políticos y en menos libertad para los empresarios”. Se basa en la forma de elección de los componentes del pleno de las Cámaras. Según el texto de Economía, un 51% de los vocales serán elegidos por sufragio entre “los representantes de todas las empresas pertenecientes a las Cámaras en atención a la representatividad de los distintos sectores económicos que se determinará conforme a los criterios que se establezcan por la administración tutelante [las comunidades autónomas] teniendo en consideración su aportación al PIB, el número de empresas y el empleo”. El resto serán elegidos entre las empresas que más dinero aporten a las Cámaras así como entre representantes de compañías y personas “de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción (…) que serán seleccionadas en la forma que determine la administración tutelante a propuesta de las organizaciones intersectoriales y territoriales más representativas”.
Martínez ve en este último punto la forma de la administración de colocar en las Cámaras personas afines. Un hecho que niegan categóricamente desde el Gobierno. Resaltan, por el contrario, que este anteproyecto mira por el interés general de todos los empresarios, ya sean grandes, medianos o pequeños.
Críticas en las Cámaras
Por su parte, en las instituciones camerales las aguas también bajan turbulentas. Mientras el presidente de las Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, afirma sentirse “ilusionado” con el anteproyecto de Ley porque “supone una clara apuesta del Gobierno para la continuidad del sistema cameral español”, los miembros a los que representa no se lo han tomado nada bien, según afirman fuentes cercanas a la organización. Uno de los motivos es que el texto definitivo difiere de la exposición del mismo que García Legaz les hizo en diciembre y en la que, según las fuentes, aseguró que las Cámaras iban a salir reforzadas. Entonces salieron bastante satisfechos de la reunión, una satisfacción que se ha tornado en decepción por lo que consideran un apoyo directo a la patronal, en detrimento de las cámaras, a las que no se les ha dado una forma directa de financiación.
La razón, apuntan, es la presión que ha debido ejercer el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que, aseguran, ve como la patronal está perdiendo poder en detrimento de las organizaciones surgidas en los últimos meses al calor de las grandes empresas como el Consejo Empresarial de la Competitividad o el Círculo de Empresarios. Una pérdida de poder en la que también está de acuerdo Enrique Martínez que no duda en señalar que “hoy en día hay varias CEOE” y que los líderes patronales “se han acomodado a sus puestos” por lo que no plantan la suficiente cara al Gobierno. La patronal liderada por Rosell no ha atendido las reiteradas llamadas de este medio para obtener su visión del asunto.
Fuentes próximas al Gobierno desmienten que existiera ninguna presión y rebaten esta idea de un mayor control de la patronal recordando que antes la CEOE “podía elegir entre el 10 y el 15% de las personas que iban en las listas de los plenos”.
Autónomos
Al texto de García Legaz también le llueven críticas desde el lado de los autónomos, más en concreto de Sebastián Reyna, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Reyna se muestra “radicalmente en contra” porque la Secretaría de Estado de Comercio no les ha consultado el texto y porque la representación de los autónomos “que supone el 65% de las empresas de España”, queda relegada a un solo vocal en el pleno de las Cámaras y “además será decidida por el Ministerio de Empleo”. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguran que en la elaboración del anteproyecto de Ley se ha trabajo con todas aquellas personas que han querido. Del mismo modo, recuerdan que ahora empieza una fase de alegaciones en la que se muestran dispuestos a escuchar a todos los sectores implicados.
Tampoco le gusta a Reyna que la adscripción a la institución sea obligatoria “aunque no haya que pagar la cuota cameral”. “Lo que se intenta es sustituir a parte de las asociaciones empresariales por las Cámaras, que son títeres políticos. Además el control real de las mismas estará en mano de las empresas que más paguen, es decir de las más grandes”, sentencia.
