El Gobierno de Pedro Sánchez va a tener muy difícil sacar adelante el Plan de Carreteras que diseñó el Ejecutivo de Mariano Rajoy (y que él mismo se encargó de anunciar como medida estrella), a tenor del rechazo que ha provocado entre los grandes grupos de infraestructuras, que no están dispuestos a asumir los riesgos que están incluidos en los pliegos de los contratos. Aunque hay margen para la negociación, las posiciones son muy dispares.
El Plan de Carreteras fue uno de los principales protagonistas de la séptima edición del Foro de Infraestructuras que organiza KPMG, aunque muy a su pesar, toda vez que las críticas fueron feroces, especialmente en lo concerniente a los riesgos en materia de expropiaciones que los pliegos obligan a asumir a las empresas y con los que éstas no están dispuestas a correr.
De forma explícita lo explicó Luis Castilla, consejero delegado de Acciona Infraestructuras, quien aseguró que "no tiene sentido que las empresas corramos con el riesgo de los costes de las expropiaciones, es algo que no nos encontramos en ninguno de los países en los que estamos presentes". Un aspecto en el que coincidió con Santiago García Salvador, director para Europa de Dragados, cabecera del negocio de construcción de ACS. "Nadie en el exterior exige esta condición porque es un riesgo que no puedes controlar en ningún caso".
García Salvador fue más allá y llegó a asegurar que algunos aspectos contenidos en los pliegos de las licitaciones del Plan de Carreteras "son inasumibles porque no se pueden financiar. Nosotros sabemos construir y operar infraestructuras pero de expropiaciones no sabemos. Y si no sabemos, ¿cómo financiamos el proyecto? ¿cómo vamos a los bancos a pedir dinero?".
El futuro del Plan de Carreteras parece más que complicado, especialmente si se tiene en cuenta que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró dispuesto a heredarlo “pero no a cualquier precio”
El asunto de la financiación fue abordado por Manuel Beldarrain, managing director de Macquarie Capital, quien coincidió en que los elementos que añaden incertidumbre alejan a los fondos de contratos como éstos. "Los privados evalúan todos los riesgos que pueden medir pero no aquéllos que están fuera de su alcance". Y añadió que, en la mayoría de las ocasiones, los fondos buscan más la estabilidad que una rentabilidad elevada. "Los fondos pueden ganar poco dinero pero nunca perderlo y para eso necesitan estabilidad y no que todo dependa de que cambien a un ministro o que un abogado del Estado se posicione en contra de un contrato".
El bloqueo del Plan de Carreteras venía ya de antes, toda vez que los interventores de Hacienda, con el asesoramiento de la Abogacía del Estado, se habían opuesto, entre otros factores, a que el riesgo de las expropiaciones no recayera en las empresas.
Por su parte, Pablo Colio, consejero delegado de FCC, recordó también que a última hora el Gobierno quiso introducir en los pliegos determinados elementos que daban más puntos a aquellas empresas que estuvieran dispuestas a asumir el riesgo relacionado con la demanda de la infraestructura. "Eso es muy peligroso porque hace que las compañías nos pongamos a competir en terrenos que no conocemos".
Posibles alternativas
Mientras, García Salvador señaló que las compañías no se cerraban a asumir riesgos pero que éstos tendrían que estar definidos. "Por ejemplo, se podría asumir el riesgo del coste de las expropiaciones pero hasta un límite. En tal caso, ya tendríamos una magnitud medida y, por lo tanto, se eliminarían elementos de incertidumbre". En un sentido similar, Colio valoró el sistema de pago por disponibilidad planteado en los contratos, aunque matizó que los indicadores de este esquema "no deben ser interpretables porque, de lo contrario, ya estaríamos introduciendo incertidumbres".
Ante este panorama, el futuro del Plan de Carreteras parece más que complicado, especialmente si se tiene en cuenta que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostró dispuesto a heredarlo "pero no a cualquier precio". En su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso, Ábalos aseguró que el Gobierno no estaría dispuesto a asumir pasivos contingentes ni que se trasladaran al Estado riesgos relacionados con las infraestructuras.
Parece evidente que la sombra de lo sucedido con las concesiones de las llamadas autopistas de peaje de última generación, entre ellas las radiales de Madrid, que han terminado todas ellas por tener que ser rescatadas por el Estado es demasiado alargada.
