En España las administraciones públicas gasta cada año entre el 10 y 15% de su PIB en la adjudicación de contratos a través de licitaciones públicas. Sin embargo, desde mediados de 2021 se han disparado las licitaciones para obras públicas que se quedan desiertas.
Según los cálculos de los investigadores María Arnal y Manuel García-Santana, los contratos de obras desiertos han crecido un 100%, es decir, se han duplicado respecto a los niveles habituales. En un artículo publicado en el blog económico Nada es Gratis, los autores advierten de este asunto.
"El volumen de contratos desiertos fue relativamente estable hasta principios/mediados de 2021, pero a partir de entonces ha habido un aumento significativo. La fracción de contratos desiertos aumentó alrededor de un 25% entre el primer trimestre de 2021 y el segundo de 2022. Esto se explica principalmente por las obras, donde la fracción de contratos desiertos prácticamente se dobló durante el mismo periodo", explican.
Entre los motivos, los expertos destacan la subida de costes de las empresas, que no siempre va acompañada de una actualización del precio de los contratos y desincentiva a las empresas a presentarse. También está la propia incertidumbre sobre la inflación, pues los contratos de largo plazo reducen las posibilidades de adaptarse a un posible incremento de precios.
Finalmente, Arnal y García-Santana apuntan al aumento en las prácticas colusorias de las empresas, donde un grupo pequeño de empresas podría acordar una estrategia para forzar a declarar un contrato desierto y reducir así la competitividad.
Subida de costes en las empresas
Los empresarios vienen denunciando desde hace meses que la inflación y la insuficiente mano de obra en ciertos sectores les impide acceder a las licitaciones públicas, especialmente en la construcción. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) lo señalaba ya en abril de 2022, en un informe de seguimiento de los Next Generation en España.
La patronal apuntaba también a otras problemáticas, como los breves plazos para presentar propuestas, la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos o el limitado peso del sector privado entre los destinatarios de las subvenciones.
De esta forma, las empresas denunciaban que el aumento de costes "supone un condicionante más" para el desarrollo del Plan de Recuperación y Resiliencia al que están asociados europeos y advertían de que, "de no actualizarse los contratos, parte de los proyectos sufragados con esos fondos podrían quedar desiertos".
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calculó que en 2021 alrededor de 500 proyectos de obras públicas valorados en 230 millones quedaron desiertos al no recoger los pliegos el impacto de la inflación. Entre enero y octubre de 2022, la cifra se elevó hasta las 1.455 obras por importe de 653 millones, según sus cálculos.
