Eduardo Zaplana ha sido detenido por formar parte presuntamente de una trama que habría blanqueado dinero obtenido ilícitamente con la concesión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) valencianas. Curiosamente, un caso muy similar al de Oriol Pujol, quien también dijo adiós a su carrera política tras ser descubierto su intento de enriquecerse gracias precisamente a la adjudicación de las ITV de Cataluña a la empresa Applus. El exconvergente irá a juicio por el caso.
Las ITV facturan nada menos que 700 millones de euros al año y además son obligatorias por ley. Es un caso muy obvio de negocios privados auspiciados por el sector público, lo cual ha podido ser uno de los motivos por los que han estado en el punto de mira de la corrupción.
"Las ITV son una máquina de hacer dinero, no tienes que preocuparte ni del precio, que viene fijado en los mercados concesionales. Las inspecciones llueven y por eso hay un lobby muy poderoso que quiere que no haya cambios en su modelo". Así se expresaba Yvonne Rauh, responsable de la compañía alemana Dekra, líder de las ITV en su país, hace 3 años a este periódico. Dekra se encontraba con la imposibilidad de entrar en el mercado español y denunciaba a un lobby muy poderoso que no quería competencia. Este diario ha vuelto a hablar con Rauh 3 años después y, aunque manifiesta que ha habido mejoras (impulsadas por una directiva europea), el mercado sigue siendo "hermético".
El principal operador alemán ha denunciado durante años las trabas que le ponían para entrar en España
Y es que las ITV en España están reguladas por las comunidades autonómas, que han desarrollado varios modelos diferentes. Mientras que en Alemania hay unos 40.000 puntos en los que se puede pasar la inspección, en España había apenas 445 en 2015. A menos puntos, más facturación de cada uno de ellos. La concesión de uno de estos puntos suele ser un maná económico para el empresario que sea beneficiado, especialmente si se produce en una de las autonomías donde no hay libre competencia, la gran mayoría. La inversión en maquinaria, siendo importante, se realiza al inicio y los ingresos para amortizarla están casi garantizados. En 2013, las principales empresas de ITV ganaron más de 80 millones de euros netos gracias a un negocio obligatorio por ley.
En un entorno donde la concesión política de una estación de ITV puede suponer ingresos millonarios para un empresario o grupo de empresarios, las comisiones ilegales pueden florecer tal y como se está investigando que ha podido ocurrir en la Comunidad Valenciana en la época de Zaplana.
Modelos sin competencia
Existen distintos modelos en España. Por ejemplo, en Asturias es el Gobierno del Principado el que gestiona directamente las inspecciones de vehículos mediante la empresa pública Itvasa, que cuenta con 9 estaciones. Similar a lo que ocurre en Andalucía, donde Veiasa es la compañía pública que hace las certificaciones en la región.
En el lado contrario se encuentran la Comunidad de Madrid -que liberalizó en 2011- Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, donde la implantación de estaciones de ITV es libre. Al menos en Madrid, esto ha producido competencia en los precios e incluso la quiebra de algunas estaciones por incapacidad de lograr rentabilidad. La Región de Murcia se está incorporando a la liberalización tras la iniciativa de Ciudadanos.
?Murcia y la Región cuentan a partir de ayer con una nueva ITV en ??️Monteagudo, desde septiembre rige el sistema de liberalización que beneifica a todos los murcianos:
➖ Colas
➖ Precio
➕ Empleo?¿Por qué #PPSOE quieren eliminarlo y volver al "dedazo"?#PolíticaÚtilCs pic.twitter.com/jTk1UsBnLf
— CS Región de Murcia ???? (@CsRegionMurcia) May 1, 2018
Por otra parte, en el término medio se encuentran la mayoría de comunidades autónomas, que funcionan con sistema de concesiones administrativas. Aquí el poder político tiene la capacidad de 'regar' con pingües ingresos a compañías. Incluso algunas compañías como Itevelesa se querellaron contra las autoridades autonómicas (en este caso, de Castilla y León) por bajar sus tarifas un 20%.
Reformas a regañadientes
El 23 de octubre del pasado año el BOE publicaba un real decreto para reforma de la ITV. El Gobierno no había llevado la iniciativa de esta reforma, que provenía de una directiva europea aprobada en 2014. Pero finalmente
La compañía alemana Dekra lamenta que durante mucho tiempo "ni siquiera teníamos opción a optar a un mercado restringido pero ahora parece que el Gobierno sí está trabajando para quitar las restricciones y abrir el mercado".
Por su parte, desde la patronal AECA-ITV han preferido no comentar nada acerca de casos de corrupción "que afectan a empresas privadas".
