A cierre del pasado mes de septiembre, había registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un total de 3.257.802 parados. Son 518.683 menos que en el mismo mes de 2020 y 630.335 menos que a cierre de 2020. El pasado lunes, cuando se conocieron los números, el Gobierno sacó pecho con la reducción mensual del dato en 76.113 personas (la mayor en un mes de septiembre desde que se dispone de estadísticas) del número de desempleados en un mes tradicionalmente esquivo con el mercado laboral, aunque contuvo su euforia, porque el camino por recorrer es todavía muy largo.
Esta mejoría del número de parados se ha dejado sentir en el número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo, que se ha reducido drásticamente desde las dramáticas cifras de abril y mayo de 2020 (más de 4,8 millones de perceptores), hasta situarse por debajo de los dos millones en agosto pasado, últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo.
El ritmo de los descensos, sin embargo, no está acompasado. Mientras en los ocho primeros meses de este año el paro ha descendido en 630.335 personas, el de beneficiarios lo ha hecho en casi la mitad, 319.217. Es por eso que la nómina del gasto por prestaciones entre enero y agosto ha ascendido a casi 18.891 millones de euros, cerca del 77% del importe presupuestado para todo el año. Poco más de 13.555 millones, casi el 72% corresponden a prestaciones contributivas y el resto a prestaciones asistenciales (subsidios), que se perciben, bajo determinadas condiciones, cuando se agotan las primeras o no se llega siquiera a percibirlas por haber cotizado menos tiempo legalmente requerido.
El Gobierno había previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 un gasto para sufragar el desempleo de 24.661 millones de euros. El problema es que el Ministerio tiene que contabilizar otros cuatro meses más, es decir, la tercera parte del año, lo que terminará elevando la factura de 2021 por encima de los 28.000 millones de no mediar circunstancias excepcionales.
El problema es que el Ministerio tiene que contabilizar el gasto durante otros cuatro meses más, lo que terminará elevando la factura de 2021 por encima de los 28.000 millones
La relación entre beneficiarios y parados se ha movido durante los últimos años entre el 55,1% de 2016 (el mínimo) y el 78,4% de 2010, con la única excepción de 2020, cuando, por la paralización de la actividad económica en los primeros meses tras la declaración del Estado de Alarma, la cobertura se movió entre el 134,8% de mayo y el 109,2% de junio. El Gobierno de Mariano Rajoy fue el encargado de endurecer el acceso a los subsidios a aquellos trabajadores que habían agotado el tiempo de prestaciones tuvieran una determinada edad y unas condiciones familiares concretas.
El gasto medio mensual de las prestaciones por desempleo se ha movido a lo largo de los ocho primeros meses del año entre los 2.027 millones de la nómina del mes de julio y los 2.735 millones de febrero. Son unas cantidades muy diferentes de las abonadas en 2020, con el estallido de la pandemia. En el mes de marzo del pasado año, se pagaron 1.789 millones de euros. Al mes siguiente, 4.939 millones y 5.526 millones, respectivamente. La cantidad media percibida por cada beneficiario de una prestación contributiva en lo que va de año es de 858,6 euros mensuales, un 4,8% superior a la de 2020.
Gasto de 8.000 millones
Los gastos mensuales están muy relacionados con la estacionalidad de la economía española, cuyos picos de actividad se concentran entre Semana Santa y el final del verano. Si nada hace romper esta tradición, en los cuatro próximos meses, los comprendidos entre septiembre y diciembre, el gasto que el SEPE deberá afrontar es muy difícil que baje de los 8.000 millones de euros, por muy bien que se dieran las cosas en el mercado laboral, por lo que las previsiones se pueden ver superadas en el mes de noviembre.
Y es que el Gobierno pecó de optimismo en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, movido por la buena evolución de los contagios durante el verano de 2020. Así, previó que la economía crecería un 7,2% en términos de PIB de forma inercial y un 9,8% teniendo en cuenta los efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los datos del INE de la primera mitad no invitan precisamente al optimismo.
También estimaba que el consumo privado lo haría a tasas del 10% y que la tasa de paro bajaría al 16,3%. De momento es en lo único que ha acertado. En la primera mitad, la tasa está en el 15,26% según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre. Pero la contabilización técnica de los parados sujetos expedientes de regulación temporal de empleo amenaza cualquier predicción.
En descargo de las previsiones del Ejecutivo hay que decir que cuando se presentaron los PGE 2021 las bases de comparación no fueron otras que las cifras del ejercicio anterior o anteriores, que derivaron de la prórroga de los presupuestos de 2018. En 2020 se presupuestaron en esas condiciones 20.820 millones de euros para atender el desempleo. La realidad fue bastante diferente. El coste definitivo el pasado año marcó una cifra récord: 36.397 millones de euros, un 91,33% más que en el ejercicio precedente. De esta cantidad, 6.870 millones, casi el 19% del total, correspondieron a subsidios.
