La alta mortandad de las empresas puede ser el principal obstáculo para que la nueva tarifa plana de 100 euros a la Seguridad Social anunciada por Rajoy sea realmente efectiva a la hora de promover la creación de empleo. De las empresas creadas en 2008, sólo la mitad ha conseguido sobrevivir hasta el 2011, según los datos más recientes de supervivencia de empresas publicados por el INE.
Es más, de acuerdo con los datos compilados por Cepyme del registro de la Seguridad Social, la destrucción de empresas se ceba sobre todo con aquellas que comprenden entre 10 y 49 empleados, las cuales acumulan el 65 por ciento de las disoluciones.
Y según el Directorio Central de Empresas, una tercera estadística distinta, el número de compañías activas en 2013 se ha reducido por quinto año consecutivo, desde los 3,42 millones a los 3,14 millones.
Por si esto fuera poco, las cifras de confianza empresarial del INE revelan que el 40 por ciento las sociedades encuestadas se mostraban en enero pesimistas respecto a este trimestre. Así las cosas, todo ello hace pensar que las pymes muy probablemente no vayan a apostar por esta nueva tarifa, porque ¿qué empresa de poco tamaño se va a atrever en las actuales condiciones a contratar a alguien durante un periodo de 3 años por mucho que obtenga una rebaja sustancial de las cuotas a la Seguridad Social?
Aunque se ha mejorado mucho en su redacción en el BOE y se permita que las empresas de menos de 10 trabajadores sólo abonen la mitad de la cotización en el tercer año, la iniciativa parece más bien dirigida hacia las grandes y medianas empresas. Y así lo razona Sebastián Reyna, secretario general de UPTA: “Un autónomo o una pequeña empresa rara vez tiene un horizonte de planificación superior a los seis o siete meses. Contrata de acuerdo con la actividad que tiene y en las actuales circunstancias ésta siempre es precaria. Así que difícilmente se va a comprometer a mantener un trabajador durante 3 años”.
Lo mismo sostiene el presidente de Cepyme, Jesús Terciado: “Se trata de una medida que puede animar a aquellas empresas que se encuentren en una buena situación a contratar con mayor confianza y de forma más estable. Pero no servirá para aquellas con problemas. Y por supuesto tampoco compensa los incrementos de cotizaciones de todo tipo que ha aprobado el Gobierno”.
En opinión de Sebastián Reyna, esta tarifa plana beneficia más a las grandes y medianas compañías porque cuanto mayor es el salario del trabajador, mayor es la cantidad que se ahorra la empresa por cotizaciones. Y viceversa, cuanto menor sea el sueldo, menor es la rebaja. “La cuota efectiva a pagar en un salario de 20.000 euros se acerca más a los 200 que a los 100 euros. El ahorro cualitativo se produce más bien para una remuneración a partir de los 26.000 o 30.000 euros, y una pequeña empresa ahora no suele contratar pagando esas cifras”, explica.
De ahí que el Ejecutivo haya flexibilizado las condiciones y si la empresa se ve obligada a despedir al trabajador sólo tenga que reembolsar la mitad de lo ahorrado en el segundo año y el 33 por ciento en el tercero. Aunque ya se ha visto el escaso resultado del otro contrato altamente subsidiado, el de emprendedores, del que sólo se han firmado 162.000 contratos y eso que no está sujeto a tales requisitos.
Otras fuentes empresariales señalan que hay cierta incertidumbre respecto a la seguridad jurídica de estas iniciativas. Recuerdan que de la noche a la mañana este Gobierno ha suprimido en más de una ocasión el marco legal existente, como por ejemplo cuando se suprimieron las bonificaciones en el verano de 2012 o se incrementaron una y otra vez las cotizaciones.
Respecto a la posibilidad de que este formato de tarifa plana se aproveche para cambiar a unos trabajadores por otros más baratos, varios expertos consultados lo consideran improbable, ya que cualquier empresa que haya conseguido despedir de forma procedente por causas económicas no se encuentra en condiciones para contratar de nuevo, y menos para un escenario de tres años.
