Frente a los más de tres millones de trabajadores que las organizaciones manifiestan tener como afiliados, a Hacienda (excluyendo el País Vasco y Navarra) le sale una cifra significativamente inferior. Según la última información disponible de la declaración de la renta de 2023 (correspondiente al ejercicio anterior), sólo 2,1 millones de empleados optaron por la deducción fiscal en la base imponible de las cuotas abonadas a que tienen derecho. Lo que significa que sólo el 9% del total de los trabajadores activos (con empleo y parados) está dado de alta en un sindicato. El porcentaje es aún menor si se tiene en cuenta al número de pensionistas que mantienen esta situación tras la jubilación. Estos afiliados declaran abonar un importe total de 303,4 millones de euros con una deducción media por persona de 142 euros.

Aunque las cifras están muy lejos de las que reconocen los sindicatos, se trata, en todo caso, de una estadística récord que se corresponde con el auge actual de los sindicatos profesionales (médicos, controladores aéreos, funcionarios, maquinistas de metro o ferroviarios o estibadores) y de los corporativos o de subsector (pilotos y entre otros empleados de enfermería o profesores) en detrimento de los tradicionales organizaciones de clase que, aunque siguen liderando la afiliación y el número de delegados en las empresas y en la Administración Pública, siguen descontando seguidores aunque el Gobierno les otorgue todo el protagonismo.

Sólo hay que ver que dónde más crece la afiliación es en los tramos de renta más elevados, es decir, entre la denominada clase media y la clase alta. Es curioso comprobar, por ejemplo, que en el último año ha crecido un 38,3% el número de afiliados que declaran ingresos entre 150.000 y 601.000 euros (ha pasado de 4.508 trabajadores en 2021 a 6.235 en 2022). Además, el incremento entre quienes obtienen entre 60.000 y 150.000 euros es del 15% (hay 137.347 afiliados frente a los 119.625 en el ejercicio precedente). El aumento es del 8,5% (847.000 contribuyentes frente a 780.000 el año anterior) entre quienes manifiestan tener remuneraciones entre 30.000 y 60.000 euros. Es en este tramo de renta de clase media e incluso alta dónde se ubica el verdadero caladero de los sindicatos ya que aquí se concentra casi el 40% de sus cotizantes, dos puntos más que hace un año, casi cuatro puntos más que en el ejercicio previo a la pandemia (2019) y, por ejemplo, doce puntos más que en la segunda recesión económica de 2013. Mientras, en el tramo de ingresos entre 21.000 y 30.000 euros, en el que la afiliación solo crece un 2% respecto al año anterior, se encuentra el 23,8% de los afiliados (509.000) pero hace diez años se acercaba al 28%. Por su parte, entre los que dicen ganar entre 12.000 y 21.000 euros, con un crecimiento actual apenas reseñable (1,7%), se haya el 20% de los cotizantes a las organizaciones (427.000), sin embargo, ese porcentaje se acercaba también al 28% en 2013. Y, por debajo de este baremo salarial, se produce una auténtica desbandada con una caída por encima del 5% (aquí se encuentra el 11% de los afiliados totales) hasta los 214.000 cotizantes frente a los 224.000 del año anterior o, por ejemplo, los 230.000 de 2013. Lo que significa que las rentas bajas están dejando en la estacada a las organizaciones de clase ya que, aunque existen facilidades para abonar la cuota y en muchos casos se mantiene estancada, han reducido su grado de confianza. Finalmente, en el top de los ingresos declarados, es decir, por encima de los 601.000 euros, sólo aparecen 90 liquidaciones frente a las 97 de hace un año y curiosamente las 36 que sólo había en 2013.

 La defensa que se hace en los sindicatos de clase respecto a esta baja afiliación es que en los datos de Hacienda no aparecen todos los que son porque una parte de las rentas bajas no realiza la declaración de la renta al no tener el mínimo requerido de ingresos (también es sorprendente que mantengan la cuota cuando apenas disponen de ingresos) e incluso se destaca que hay quienes no se aplican la deducción de las cotizaciones porque desconocen este beneficio fiscal a pesar de su asesoría. Aunque los datos no son rigurosos, según la información disponible de este ejercicio de las propias organizaciones: CCOO se acercaba al millón de afiliados; algo similar tenía UGT; la organización de funcionarios CSIF se apuntaba más de 150.000; el sindicato vasco ELA/STV sumaba unos 130.000; USO se situaba en el entorno de los 117.000; la CGT (procedente de la CNT) superaba los 100.000; la CIG gallega tenía 85.000; y, por ejemplo, la organización abertzale LAB manifestaba disponer de 30.000. Y, aunque las cifras están más diluidas, por encima del medio millón señalan de forma acumulada el resto de organizaciones profesionales. En todo caso, aunque estas cifras estén infladas, existe una enorme desproporción entre la militancia sindical (9% de los trabajadores) y la política (0,8% de los votantes).

Como consecuencia de ese repunte de las organizaciones profesionales, el número de afiliados totales respecto al año anterior ha crecido un 4,6% (casi 95.000 más) mientras que el importe de la deducción ha aumentado un 5,9% (unos 17 millones más) por esa incorporación de las rentas medias y altas. En todo caso, se trata del mayor crecimiento en afiliación desde el boom inmobiliario pero no en el importe ya que en 2017, cuando la economía consiguió un crecimiento estable, la partida subió un 15,6%. La media deducida por declarante afiliado es de esos 142 euros frente a los 140 del año pasado y los 127 de 2013. Ahora hay 300.000 afiliados más (18%) reconocidos por Hacienda que hace diez años mientras que los importes han aumentado en 68 millones (29%).

La información de Hacienda por comunidades autónomas manifiesta ciertas curiosidades. Por ejemplo, en es Asturias, dónde el sector minero acumula más efectivos, la región con mayor índice de afiliación. Llega a casi el 17% del total de la población activa española. Le sigue: Cantabria (16,1%); La Rioja (15,3%); Castilla y León (15,1%), Galicia (11,7%), Aragón (11,3%) y Castilla La Mancha (10,5%). Llama la atención que en Cataluña sólo consten como afiliados a los sindicatos el 7% de los trabajadores, dos puntos por debajo de la media del resto del país. En número, de los 2,14 millones de afiliados existentes, Andalucía tiene el 18,3% (391.195); Madrid dispone del 14,6% (312.952); Cataluña cuenta con el 13,3% (283.108); la Comunidad Valenciana llega al 10,8% (231.437); y Castilla y León dispone del 7,9% (169.134). En el lado opuesto, La Rioja solo cuenta con el 1,2% de los afiliados nacionales (24.788) mientras que Extremadura tiene el 2,2% (47.183) y Baleares el 2,4% (51.446). En cuanto a los importes de las cuotas abonadas, Andalucía representa el 18,2% (55,2 millones) de los 303,4 millones declarados en todo el territorio nacional. Le sigue Madrid con el 15,2% (46,1 millones) y Cataluña con el 14,2% (43 millones).

Lo que es evidente es que los sindicatos no sobreviven a costa de las cuotas de sus militantes. De eso se ocupa, con mayor suerte para los sindicatos de clase, las subvenciones públicas. Según el listado elaborado también por Hacienda de los grandes beneficiarios de las ayudas públicas (a partir de 100.000 euros), las organizaciones sindicales percibieron 101 millones de euros en 2022 incluyendo su participación en organismos instituciones en el ámbito social y fundaciones en el caso de las centrales mayoritarias. El grueso, unos 92 millones, se repartieron CCOO y UGT y el resto, de lo que se conoce, fue destinado a algunas organizaciones médicas regionales o de funcionarios.

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