Montoro se muestra bastante relajado con el cumplimiento del déficit por parte de las Comunidades Autónomas. De poco importa que probablemente vayan a duplicar los objetivos fijados. Sin embargo, el titular de Hacienda se toma mucho más en serio los retrasos de éstas a la hora de pagar a los proveedores. De hecho, el ministro se va de elecciones habiendo activado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para nueve Autonomías. Todas ellas por haber incumplido los plazos de morosidad. Y dos de ellas, Extremadura y Aragón, están a punto de que el Gobierno central comience a retenerles la financiación con el fin de pagar directamente a sus proveedores. Curiosamente, se trata de dos Comunidades que han pasado del PP al PSOE. No sólo Cataluña está viendo cercenada su autonomía financiera a manos de Hacienda.
En septiembre, Hacienda comunicó a los gobiernos de Extremadura y Aragón que habían incumplido los plazos de pago a proveedores según las estadísticas de junio. Y con los datos de morosidad de septiembre en la mano, la comunidad aragonesa acumula un retraso medio de 90,58 días. Y la extremeña de 112,53 días. Estos retrasos se suman a los 30 días ya transcurridos desde que entró la factura en el registro. A la luz de estas cifras, Montoro debería estar a punto de iniciar el proceso para poder retener una parte de la financiación que se suministra mensualmente, tal y como dicta el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad. Sin embargo, al parecer todo se ha pospuesto para después de los comicios del 20D.
De esta forma, Montoro se va de elecciones dejando a estas dos Comunidades en un estadio intermedio de la múltiple cadena de pasos que hay que tomar para poder intervenir una Autonomía. Desde enero, estas dos regiones han incumplido ya los plazos del artículo 13.6 que pide un plan de ajuste y destinar un importe determinado a reducir la morosidad, del 18.4 que exige además un plan de tesorería, y del 20.5 que impone acuerdos de no disponibilidad, la autorización de cualquier endeudamiento y nuevas medidas para el plan de tesorería. Una vez llegado a este punto, si transcurren dos meses sin atajarse la morosidad se retendrán partidas de financiación con el objeto de poder pagar directamente a los proveedores y asegurarse de que se recorta el periodo medio de pago. Como ya hemos advertido, Aragón y Extremadura se encuentran justo a un paso de caer en esta fase.
A partir de ahí se acaba el brazo correctivo de la Ley de Estabilidad. A continuación, los siguientes pasos serían las medidas coercitivas. De seguir así dos meses más, se contemplarían las retenciones de crédito o incluso retirar la competencia sobre los tributos propios. Además, estos gobiernos autonómicos tendrían que abonar un depósito en el Banco de España que les generaría intereses y que ascendería al 0,2 por ciento de su PIB regional. Si continúan incumpliendo, a los tres meses el depósito dejaría de reportar intereses, y otros tres meses más tarde se convertiría en una multa que se quedaría el Estado central. De inmediato, se enviaría a una comisión a la Comunidad para determinar en una semana las medidas que habría de adoptar, abriendo la puerta a la intervención completa de las cuentas.
Además de Aragón y Extremadura, Valencia y Murcia también están sometidas al brazo correctivo de la Ley de Estabilidad con motivo de su excesiva morosidad, si bien todavía se sitúan un escalón por debajo. De acuerdo con los datos a fecha de septiembre, ya han incumplido los plazos previstos en el 13.6 y el 18.4, y parecen abocadas a seguir el camino de Aragón y Extremadura. Por otra parte, Andalucía, Cataluña y Baleares han superado los periodos contemplados en el artículo 13.6 de la Ley de Estabilidad. Y Madrid y Cantabria acaban de entrar en él tras cruzar el umbral de los 30 días de retrasos medidos por el periodo medio de pago. No obstante, Cantabria se ha esmerado mucho y ha logrado reducir en septiembre su morosidad. La única de las incumplidoras que lo ha conseguido según los últimos datos de Hacienda. Así las cosas, por la vía de la morosidad Montoro ha activado los mecanismos preventivos y correctivos de la Ley de Estabilidad para nueve Comunidades. Por si acaso se desmadran mucho durante el año que viene, el ministro ya les ha puesto el dogal para poder atarlas en corto.
