Crece la tensión en torno a la operación de CVC con La Liga, la mayor de la historia del balompié nacional. El fondo británico se niega a hacer cualquier rectificación sobre los términos en que se ha movido para captar en el mercado internacional 850 millones de euros con los que financiar el llamado "Plan Impulso", pese a las exigencias en este sentido del propio Gobierno español.
Como avanzó Vozpópuli, el Consejo Superior de Deportes ha exigido a La Liga y CVC que desliguen a la Abogacía del Estado del acuerdo de inversión, en pleno juicio en España sobre su legalidad. El organismo encabezado por José Manuel Franco ha emitido un requerimiento a su par de La Liga, Javier Tebas, tras "tomar conocimiento" de una alusión a su juicio inadecuada al posicionamiento de la Abogacía por parte del fondo en la documentación que ha articulado para captar inversores. La emisión de bonos se vio antecedida de la demanda contra el acuerdo Liga-CVC de Real Madrid, Barça y Athletic de Bilbao con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol.
Fuentes cercanas a La Liga se limitan a remitirse a CVC, con sedes en Londres y Luxemburgo (esta última ha canalizado la emisión de bonos). A preguntas de este diario, desde el private equity han preferido no hacer comentarios. Según reproducen fuentes del mercado, el fondo que encabeza en España Javier de Jaime considera que en su folleto para inversores internacionales "recoge fielmente el contenido del Informe de la Abogacía del Estado".
Además, las mismas fuentes justifican la mención dentro de la emisión de bonos en que el fondo "está obligado a incluir en el mismo una referencia a los procedimientos judiciales iniciados por determinados clubes en relación con el Plan Impulso y a cualquier circunstancia que pudiera tener incidencia en la valoración de los procedimientos judiciales por parte de los inversores".
En la operación, CVC ha contado con el asesoramiento jurídico del norteamericano Latham & Watkins, y La Liga, con el de Uría Menéndez.
El Gobierno pide a CVC rectificar su folleto
El meollo de la cuestión está en el informe que el Consejo Superior de Deportes encargó a la Abogacía del Estado con motivo de la legalidad del acuerdo entre La Liga y CVC. Dicho dictamen no es público y cada parte lo está interpretando a su manera.
En cualquier caso, el CSD, como 'dueño' del dictamen, ha ordenado a la patronal de los clubes y al fondo que eliminen de sus documentos para captar inversores cualquier alusión al informe ya que este se hizo "a solicitud del Consejo Superior de Deportes con el objeto exclusivo de obtener el necesario asesoramiento de los referidos servicios jurídicos, y ello a efectos de funcionamiento interno de este organismo autónomo, sin que quepa hacer uso de este para fines distintos o fuera del ámbito señalado".
En suma, desde el organismo gubernamental afean a CVC que sugiera a sus bonistas que el informe de la Abogacía del Estado respalda la legalidad del acuerdo de inversión. En su folleto, al que tuvo acceso este diario, el fondo atribuye a los juristas estatales la "opinión" de que "LaLiga es libre de realizar sus transacciones comerciales privadas" y que ello incluiría el pacto de la patronal con el propio CVC.
Desde el CSD remarcan que el dictamen de los abogados estatales "no autoriza, avala, garantiza o apoya la operación sino que se pronuncia sobre las concretas competencias de este organismo autónomo"
En este sentido, desde el CSD remarcan que el dictamen de los abogados estatales "no autoriza, avala, garantiza o apoya la operación sino que se pronuncia sobre las concretas competencias de este organismo autónomo (el CSD) en relación con la misma, concluyendo (...) que el Consejo Superior de Deportes no tiene atribuidas legalmente competencias administrativas de control ni de tutela en el presente caso y que serán competentes para conocer los conflictos y discrepancias que puedan surgir entre los participantes, referidas tanto a la financiación como a la comercialización de los derechos audiovisuales, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil".
Así las cosas, el órgano gubernamental ha requerido directamente La Liga que "adopte todas las medidas necesarias para que se elimine de forma inmediata toda referencia al informe de la Abogacía del Estado en los documentos relacionados con cualquier emisión vinculada con el acuerdo con CVC Capital Partners Sicavfis, S.A." y "dé traslado del presente requerimiento a CVC Capital Partners Sicavfis, S.A.".
La relación del fondo con sus bonistas
En el mismo folleto, el propio CVC advertía del proceso legal impulsado por el Madrid, Barça y Athletic de Bilbao por diferentes motivos en los juzgados 47 y 15 de Madrid contra las resoluciones de dos Asambleas de La Liga -las de agosto y diciembre de 2021. En ellas, hasta 38 de 42 clubes terminaron respaldando la propuesta de acuerdo de Tebas con el fondo británico por el que este inyectará dinero (unos 2.000 millones) a cambio de una participación (del 8,2%) en el negocio de la primera y segunda división española durante cinco décadas.
El fondo remarca que no forma parte bajo ninguna condición de ninguno de los procedimientos judiciales contra el acuerdo de inversión -estructurado como un contrato de cuentas en participación-, y puntualiza que podría reclamar compensaciones a La Liga en caso de un revés judicial. La batalla en la Justicia podría estirarse durante meses e incluso años. Por lo pronto, CVC ya habrá inyectado 853 millones de euros al cabo de la actual temporada.
Según publicó Bloomberg, el fondo ha tenido que elevar el interés a pagar hasta el 7%, por encima del 6% esperado y del 5% promedio de bonos con calificación equiparable, ante las inquietudes entre los inversores por el proceso judicial al que se enfrenta el acuerdo. A preguntas de este medio a todas las partes involucradas, ninguna ha querido hacer comentarios sobre el impacto que podría tener en los términos de la relación del fondo con sus bonistas el último requerimiento del CSD.
