En julio de 2018, Nadia Calviño, la flamante nueva ministra de Economía que Pedro Sánchez se había traído de Bruselas, compareció en el Senado con un largo discurso a modo de presentación. Un discurso, que más que sobre sus planes de política económica, trató sobre todo su proyecto de dedicarse a transponer Directivas de la UE respecto a las que España iba rezagada, que recorrió al detalle, y respecto a lo que dedicó varios ataques al Gobierno de Mariano Rajoy, que había abandonado precipitadamente La Moncloa poco antes tras la moción de censura. Un Ejecutivo que estuvo meses en funciones cuando no había mayoría suficiente y que en su primera legislatura se enfrentó a un situación de emergencia económica. Poner al día a España respecto a este asunto se situó como su primer objetivo.
Pues bien, cinco años más tarde la ahora vicepresidenta primera de Asuntos Económicos ha presentado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros un Real Decreto-ley Frankenstein que publica este jueves el BOE. Lo que se planteaba como una norma que prorroga las ayudas de la guerra, reducía algunas e introducía otras a las puertas de las elecciones se ha convertido en un auténtico cajón de sastre que dedica 61 páginas de su Exposición de Motivos a justificar su urgente necesidad, y en el que además de las ayudas y de introducir varias disposiciones sacadas de leyes que han decaído por el adelanto electoral, se ofrece sobre todo como un intento de que España salga del primer puesto como país más incumplidor respecto a las Directivas de la UE y a la ejecución se sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En el preámbulo de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la UE en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos
por materiales radiactivos ya se ofrece un anticipo de esta tesis.
En esta norma se dice que España figuraba, a 31 de diciembre de 2021, como el Estado miembro con mayor número de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión, con 105. Cabe recordar que el dictamen del Consejo de Estado a este proyecto de ley fue especialmente duro por mezclar asuntos sin relación alguna e imponer unas prisas innecesarias, a juicio el máximo órgano consultivo.
Y es que se quiere evitar arrancar la Presidencia de la UE siendo el país más incumplidor. La Exposición de Motivos muestra su preocupación con las multas que podría suponer el retraso: "Cabe además recordar que, desde la introducción por la Comisión de un nuevo criterio de aplicación de dicho artículo en enero de 2017, en lo sucesivo, además de la multa coercitiva, se solicitará al Tribunal de Justicia una multa a tanto alzado contra el Estado miembro de que se trate. De esta manera, aunque el Estado miembro transponga la Directiva encontrándose la demanda planteada ante el Tribunal, la
Comisión no desistirá de su recurso, sino que perseguirá hasta el final una sentencia condenatoria que imponga una sanción a tanto alzado".
La justificación del retardo sólo opera para los gobiernos de Pedro Sánchez: "España viene cumpliendo consistentemente con los objetivos de transposición en los plazos comprometidos desde que resultan fijados los mismos. No obstante, en los últimos años, hechos como la repetición de elecciones generales en 2019, con la consiguiente disolución de las Cortes Generales, la existencia de un Gobierno en funciones durante un tiempo prolongado, así como el estallido de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, explican la acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas", plantea la norma.
Las Directivas que se trasponen incluyen la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y a Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
En lo relativo a las sentencias, la Exposición de Motivos subraya la de 19 de enero de 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que la normativa española, que requiere la adjudicación de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del permiso de conducción, mediante una concesión de servicio público, es contraria a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo.
Y el reciente fallo del TJUE, en el asunto C-50/21, Prestige and Limousine, de 8 de junio de 2023, ha perfilado los límites que condicionan la intervención de las Administraciones involucradas en la ordenación del mercado de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor para conseguir los objetivos de política pública perseguidos; exigiendo una adaptación inmediata de la normativa nacional, para garantizar la seguridad jurídica en el sector.
Facilidades al recurso contencioso
El Real Decreto-ley introduce una reforma del recurso de casación para facilitar y agilizar los procesos y descargar al Tribunal Supremo (TS). Se amplía el supuesto de acumulación de acciones no sólo para la pluralidad de recursos con el mismo objeto sino también por categoría. Se elevan los supuestos en que se puede suspender un reurso cuando ya hay un auto de admisión del TS en casación.
Son medidas muy esperadas por los abogados y que afectan especialmente al orden contencioso, a los pleitos tributarios. Esaú Alarcón socio en Gibernau, señala que se amplía la admisión de recursos de casación por apartamiento deliberado de la jurisprudencia a que se haga "de modo inmotivado". Se quiere así acabar con una práctica de algunos jueces de la Audiencia Nacional para impedir que sus sentencias fueran a casación.
También se reducen plazos como los de personación, de 30 a 15 días, lo que Alarcón no ve negativo para el ciudadano y cree suficiente.
Con todo, el Real Decreto-ley no incluye un asunto pendiente: la reforma de la responsabilidad patrimonial para adaptarse a la sentencia del TJUE que tumbó el régimen que instauró Cristóbal Montoro en 2015. "Toda la argumentación sobre la justificación de una norma de estas características para adoptar medidas de cumplimiento del Derecho de la UE (procedimientos de infracción en curso, cumplimiento de sentencias TJUE, etc.) sería aplicable a la sentencia del TJUE sobre responsabilidad patrimonial. La sentencia es del 28 de junio de 2022, ya ha pasado un año y no se ha cumplido. Sin embargo, la de los VTC es de hace unos días y se trata de cumplir con este Decreto", subraya el abogado Isaac Ibáñez.
