Lo dijo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) la semana pasada: Pueden surgir gastos no previstos en los Presupuestos que hagan aún más difícil cumplir los objetivos de déficit y deuda. La AIIReF se refería a dos cosas concretas: el posible impacto derivado del ejercicio de la responsabilidad patrimonial que podría tener que asumir el Estado por las concesionarias de peajes y el derivado de la sentencia del Supremo de enero por la responsabilidad patrimonial en el ‘céntimo sanitario’.
Dos asuntos escabrosos que pueden generar un agujero en las cuentas de 6.000 millones, prácticamente lo mismo que el Gobierno espera recaudar con la recuperación de un tipo mínimo para el pago fraccionado de Sociedades, la medida estrella que está vendiendo a las autoridades comunitarias para evitar la multa por el desvío de déficit. Bruselas estaba esperando el informe de la AIReF, así que probablemente habrá tomado nota.
Según la Autoridad Fiscal, se trata de dos “riesgos potenciales” que hay que analizar porque si llegan a materializarse pueden afectar y mucho a los objetivos, sobre todo ahora que han aumentado los riesgos en la Administración Central y que el déficit público puede irse al 4,7%. Por eso, el organismo fiscalizador ha planteado en diversos informes la necesidad de aportar información suficiente sobre estos dos riesgos, pero sin obtener respuesta de Hacienda. No es la primera vez que Hacienda no atiende a los requerimientos de la AIReF.
No hay información sobre estos temas ni dotaciones previstas para financiarlos
Tal y como explican en el último informe, en los Presupuestos de 2016 no está prevista ninguna dotación presupuestaria para estas obligaciones, ni existe información publicada suficiente que permita realizar un seguimiento de las posibles contingencias. Para realizar un correcto seguimiento de estos riesgos, la Autoridad Fiscal cree que sería “imprescindible” dotar de una mayor transparencia a las obligaciones y riesgos potenciales que pueda tener que asumir la Administración Central.
En general, las cuentas no incluyen información de posibles responsabilidades que deban afrontar las Administraciones derivadas de sentencias, información relativa a asociaciones público privadas u otro tipo de riesgos que puedan afectar a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Aquí también pueden surgir problemas con préstamos morosos, por ejemplo. Según la AIReF, esta información tampoco se incluye en la información mensual de datos de ejecución de las distintas Administraciones Públicas.
1.000 millones por el 'céntimo'
El pasado mes de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó los primeros recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso del ‘céntimo sanitario’, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos que aplicaban algunas comunidades autónomas entre 2001 y 2011 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad.
En 2014 la UE declaró este impuesto contrario a la directiva y Hacienda se comprometió a devolver parte de lo recaudado. Sin embargo, el Consejo de Ministros también rechazó algunas solicitudes de devolución por la prescripción de muchos de los ejercicios en los que se aplicó el impuesto. Tras el fallo del Supremo, Hacienda tendrá que devolver también esas cantidades. En su momento, el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro cifró en 1.000 millones las nuevas devoluciones.
La quiebra de las concesionarias de autopistas puede costar al Estado más de 5.000 millones
La peor parte sin duda viene de la quiebra de las concesionarias de autopistas. Las consecuencias pueden ser demoledoras para el Estado. Algunas de estas sociedades se encuentran ya en la fase de liquidación y han solicitado la puesta en marcha del mecanismo de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). A través de él, el Estado asume la carga del activo como propietario último que es del mismo.
En el caso de que todas las concesionarias que actualmente se encuentran en concurso de acreedores acabasen liquidándose, la cuantía total de la RPA se iría muy probablemente por encima de los 5.000 millones de euros, según las estimaciones más prudentes. Si se atiende a los cálculos de los grandes grupos constructores, principales accionistas de las concesionarias quebradas, la cifra supera los 8.000 millones.
En cualquier caso, el Gobierno lleva tiempo estudiando posibles fórmulas para rescatar a las concesionarias, con el fin de no tener que poner en marcha la RPA. Las diferentes opciones que se pusieron encima de la mesa llevaban aparejada la condición de que la aportación al rescate no computara como déficit público. Una circunstancia que será mucho más difícil de evitar si finalmente entra en juego la RPA.
Controlará la R-3 y la R-5 desde octubre
Por lo pronto, el Estado deberá asumir el control de dos de las radiales de Madrid, R-3 y R-5, a partir del próximo mes de octubre, según ha dictaminado el juzgado de lo Mercantil que entiende del concurso de la concesionaria Accesos de Madrid. La autopista M-12, que da acceso a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, también se encuentra en fase de liquidación y ya solicitó la aplicación de la RPA, aunque el Gobierno recurrió el auto de liquidación.
Al no prosperar la fórmula de rescate que pretendía el Gobierno, los concursos de las concesionarias acabarán en procesos de liquidación; de ahí que, con el actual escenario, es más que probable que el Estado tenga que poner en marcha finalmente la RPA. Un obstáculo más que considerable en la carrera para reducir el desequilibrio de las cuentas públicas.
