El estallido del escándalo que afecta a Íñigo Errejón este jueves tiene distintas consecuencias para el Gobierno. De entrada, ha quitado el foco sobre Pedro Sánchez y la corrupción que afecta al PSOE. Los efectos operan en muchas direcciones y pueden afectar a la coalición, al poner en entredicho su compromiso con una de las principales causas que abandera: la del feminismo y la lucha contra los abusos. También puede acelerar el intento del PSOE de fagocitar a Sumar. En este sentido, hay un asunto inmediato en la arena parlamentaria: la catarata de subidas de impuestos que Sumar intenta arrancar al PSOE en la negociación de los Presupuestos, y su primer asalto: las enmiendas al proyecto de ley que transpone la Directiva para una imposición mínima del 15% a multinacionales. Deben cerrarse sí o sí este miércoles 30 de octubre para que la ley entre en vigor el 1 de enero y no produzca un descalabro en las empresas y en el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea, según han advertido fuentes de Hacienda.
Con su líder parlamentario dimitido y la formación muy debilitada, la fuerza de Sumar para exigir que los impuestos a banca y energéticas se endurezcan o para al menos conseguir que no se suavicen como pretende el ala socialista del Gobierno queda muy mermada, mientras el ascendiente del PNV y Junts y de las empresas sobre el PSOE se acrecienta. Es uno de los asuntos que se ha comentado entre los asistentes al XXXIV congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que se ha celebrado este jueves y viernes en Córdoba.
Nos oponemos a bonificar el “peso muerto”, es decir, las inversiones estratégicas que las empresas energéticas ya están haciendo o tienen que hacer si no quieren quedarse fuera del negocio. Y queremos mantenerlos como gravámenes para evitar que se tumben por doble imposición
— Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) October 21, 2024
El PNV ya consiguió arrancar al PSOE el compromiso de que el impuesto a energéticas se suavizaría con bonificaciones a inversiones verdes, según recoge el Real Decreto-ley 8/2023 de ayudas de 27 de diciembre. Que los socios de izquierda se avinieran a avalar esta mejora para las empresas parecía complicado, según venían avisando.
De hecho, el Grupo vasco busca fórmulas para sortear esta oposición y ha planteado al PSOE que las bonificaciones puedan plantearse sólo en el País Vasco, según ha avanzado El Mundo, una posibilidad que violaría el Derecho de la UE. El artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) establece que "salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".
Fuentes de Hacienda explican que la conversión de los llamados impuestos, en realidad prestaciones patrimoniales, en impuestos propiamente dichos al hacerlos permanentes, permitiría concertarlos con País Vasco y que los impuestos que allí se configuren evitarían la infracción de la normativa comunitaria. "Tienen su propio impuesto a grandes fortunas y no ha pasado nada".
Por este motivo, desde Sumar se oponen a que se transformen en impuestos, según ha declarado Carlos Urriza. Para evitar que los bonifique el País Vasco y a la vez que se suavicen ante la necesidad que habría entonces de impedir que se tumben por doble imposición. La transformación en impuestos que busca el Gobierno debe hacerlos deducibles en Sociedades.
En realidad, la petición del PNV de última hora de disfrutar de exenciones a la carta es dar cumplimiento al compromiso del Gobierno con el Grupo Vasco en el Real Decreto-ley 8/2023 de concertar los impuestos con el País Vasco, que podrá hacer entonces con ellos lo que quiera.
Más subidas de impuestos
Hacienda trabaja bajo presión para tener aprobado el proyecto de ley de la imposición mínima del 15% antes del 1 de enero. No hacerlo causará un importante quebranto a las filiales en el extranjero de empresas españolas, que deberán cargar con su implementación, y significaría además incumplir el compromiso con la Comisión Europea. El plan de incluir los impuestos a banca y energéticas y otros como enmiendas ha retrasado la tramitación hasta el límite.
Lo que se haga con los impuestos a banca y energéticas no corre en realidad tanta prisa, una vez que el Tribunal Constitucional ha permitido crear el impuesto a grandes fortunas en diciembre con efectos desde el 1 de enero del año en curso. Los impuestos a banca y energéticas tienen fijado un pago anticipado en febrero, pero eso podría modificarse si fuera necesario.
Con todo, Hacienda quiere dejarlos empaquetados en este proyecto y la guerra entre sus socios a la izquierda ERC, Bildu y ahora un debilitado Sumar con el PNV y Junts y el lobby empresarial vive sus últimos asaltos.
Gobierno y socios pretenden incluir más medidas fiscales en las enmiendas de una norma que va a operar como ley de acompañamiento fiscal a unos potenciales Presupuestos de 2025. El Ejecutivo debe aprobar medidas fiscales que ofrecer a la Comisión Europea que hagan de la reforma fiscal que el pasado 15 de octubre prometió para aumentar los ingresos públicos de forma estructural en unos 4.500 millones de euros (0,3 puntos de PIB) a partir de 2025, como parte del Plan Fiscal Estructural de reequilibro de las cuentas públicas.
Pedro Sánchez y María Jesús Montero han apuntado a subidas del IRPF a rentas altas y del capital en sus discursos por la justicia social y Hacienda ya admite que un alza de Sucesiones en forma de impuesto de grandes herencias que calque el de grandes fortunas está encima de la mesa. Esto también lo quiere Sumar en una versión más dura. El pasado 16 de septiembre Yolanda Díaz presentó un programa con subidas de impuestos de 27.000 millones que también afectaba a Socimi, endurecía grandes fortunas y reclamaba imponer IVA a la Sanidad y Educación privadas.
En el otoño de 2020, en la negociación de los Presupuestos de 2021, Podemos estuvo a punto de arrancarle a Sánchez la imposición de IVA a estos sectores. Lo hizo apoyándose en los informes de la AIReF de revisión del gasto y, en concreto, de los beneficios fiscales que había publicado en julio de 2020.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estimó que el IVA cero en sanidad cuesta al Estado 1.763 millones de euros al año, y el de la educación, 1.694 millones, pero advierte de que estas cuantías pueden ser compensadas por un mayor coste si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público.
Este análisis lo realizó la AIReF en el Spending Review que ahora el Gobierno ha colocado entre sus hitos ante Bruselas en el Plan Fiscal Estructural.
No acaban aquí las consecuencias parlamentarias de la salida de Errejón. Vozpopuli ha informado de cómo el hasta ahora portavoz de Sumar ha sido una pieza clave para atraer a la coalición de Sánchez a José Luis Ábalos, cuando cada voto cuenta.
