Cristóbal Montoro lo quiere todo, todo y todo. El ministro de Hacienda quiere todo el punto de déficit extra regalado por Bruselas para el Estado central, y no lo repartirá con las Comunidades Autónomas. Quiere que toda la recaudación extra por la subida del IVA engrose las arcas del Ministerio de Hacienda y no las de las consejerías regionales. Y quiere que las autonomías se metan toda la prisa que puedan con el ajuste, para lo que ha advertido a tres y solicitado más información al menos a cinco.
Después de haber tapado los malos resultados de los ajustes en las CCAA con los adelantos de liquidaciones, Montoro las aprieta. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro les exigió más recortes y la reducción de más empresas y empleados públicos.
En la rueda de prensa posterior, Montoro trató de exhibir un tono seco y tajante con el fin de garantizar ante Europa y los mercados que España y sus regiones iban a cumplir. Casi amenazante, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, declaró que las autonomías sólo habían cerrado dos de las 600 empresas públicas cuya liquidación estaba comprometida.
La advertencia al menos a tres comunidades significa que Montoro tendrá que reunirse una por una con éstas y con todas las que no cumplimenten la información para analizar sus cuentas. Si éstas no se avienen, serán remitidas al Consejo de Ministros para que sean advertidas públicamente. Si después de tres meses siguen incumpliendo, tendrán que hacer un depósito. Y si en el siguiente trimestre continúan indisciplinadas, el depósito se convertirá en una multa. El problema es que el proceso tarda demasiado y Hacienda ya ha perdido credibilidad al camuflar los déficits autonómicos con las transferencias y parchear la delicada situación financiera de, por ejemplo, Murcia y Valencia.
Y a esto se suman las resistencias de las CCAA. Todos los consejeros de Hacienda regionales, con independencia del partido al que perteneciesen, se mostraron contrariados porque el Estado central no compartiese con ellos el punto de déficit llovido del cielo de Bruselas. “Por la distribución del gasto, Hacienda debería concedernos medio punto y flexibilizar el actual 1,5 por ciento de objetivo para las autonomías”, sostenía una fuente de un gobierno autonómico.
Sin embargo, las autonomías del PP no se atrevieron a hacer mucho ruido… Excepto tres. Todo empezó por Castilla y León, que anunció que no aceptaría ni el mantenimiento del 1,5 por ciento de déficit ni el endurecimiento de la meta para 2013 desde el 1,1 por ciento al 0,7 y que por lo tanto se abstendría en la votación. A ésta enseguida se sumó Extremadura. Y prácticamente a las puertas de la reunión, la representación gallega se enteró de que podía abstenerse y estuvo sopesando qué hacer. En el último momento, optó por exhibir lealtad institucional y dar su respaldo al Gobierno. “Ha sido un sí crítico”, afirmó la consejera gallega, Elena Muñoz. Otro consejero confesaba: “Hubiese sido muy irresponsable que no se aprobase la ruta de ajuste del déficit. Se habría organizado una muy gorda fuera”.
Tras el voto, los objetivos de déficit serán del 1,5 por ciento para 2012, del 0,7 en lugar del 1,1 para 2013, del 0,1 en 2014, y un superávit del 2 en 2015. Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias, que no están gobernadas por el PP, decidieron votar en contra. Rubalcaba ya había pedido que la relajación del déficit se extendiese a las regiones. Y el consejero catalán, Andreu Mas-Culell, denunció el autoritarismo de Montoro y enfatizó que para ese ordeno y mando “se podía haber hecho todo por correo electrónico”.
Respecto a los hispabonos, Cristóbal Montoro anunció que presentaría en el Consejo de Ministros un fondo que asistiese a las Comunidades en sus necesidades de financiación sólo para situaciones excepcionales y que crearía más obligaciones para quien lo utilizase. Las autonomías todavía han de financiar unos 15.000 millones de vencimientos en lo que queda de año y otros 15.000 fruto del déficit.
Algunas comunidades autónomas argumentan que Hacienda tapa sus culpas atacando al sistema autonómico y explican que Montoro no ha propuesto una reforma del modelo de bienestar para que éste no cueste tanto. Un miembro de una delegación autonómica enfatizaba que más de dos tercios del gasto lo abarcan la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, y que el propio Beteta cuando era titular de Hacienda en Madrid le espetó a la entonces ministra Salgado que le dijese qué hospital tenía que cerrar.
