Al cerrar el año 2018 con un desfase presupuestario del 2,63% del PIB (equivalente a 31.805 millones de euros), España ha conseguido abandonar el procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea -para economías con un desfase superior al 3%- pero este logro tiene una parte negativa: de ahora en adelante se vigilará el gasto de la Seguridad Social.
"Es una magnífica noticia, ya no estamos en los controles a los que la CE somete al Reino de España, ya no es tan urgente la reducción del déficit, sino que lo urgente es la deuda y la regla de gasto. En términos técnicos, los gastos de la Seguridad Social formarán parte del perímetro de consolidación de la regla de gasto, antes no estaban y tenemos que vigilarlos", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno insiste en que en 2019 el déficit cerrará por debajo del 2%
Según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el informe que presentó a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado, "la regla de gasto europea, además de estar referida al comportamiento del conjunto de las AAPP, es más restrictiva que la nacional e implicaría una política fiscal contractiva, con el objetivo de converger a un saldo estructural equilibrado, mediante un crecimiento del gasto permitido del 0,6%, muy por debajo del crecimiento a medio plazo".
Hasta 2019, España estaba incluida en el brazo correctivo de Bruselas en cuanto al déficit, regulado por el Tratado de Funcionamiento de la UE y por el que se rigen aquellos países cuyos déficits presupuestarios son superiores al 3% del PIB, a los que se les exige que presenten de forma periódica planes con las medidas y políticas correctivas que van a aplicar, así como los plazos de implementación.
Estos países están continuamente bajo la lupa de Europa, que se fija en primer lugar en su déficit y, una vez cumplido, estudia si su deuda pública es superior al 60% de su PIB.
La lupa en el agujero de la Seguridad Social
Al pasar ahora al brazo preventivo, el Gobierno no tendrá que rendir cuentas sobre sus previsiones presupuestarias con antelación a que se cierre el ejercicio, sino que sólo se comprobará a posteriori si ha cumplido con sus objetivos y han cuadrado sus cuentas, aunque la Seguridad Social se incluirá entre las administraciones obligadas a cumplir con la regla de gasto.
El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ya advirtió el mes pasado que cuando esto ocurriera España "tendría un problema".
En 2018 la Seguridad Social cerró con un déficit del 1,41% del PIB (unos 17.000 millones de euros), desde el 1,44% del año anterior, aunque en términos absolutos supone un incremento -en millones de euros-. La ministra ha recalcado que el dato es mejor del que había pronosticado la AIReF, del 1,5%, "por la buena marcha del empleo y su mejor calidad", ha dicho en relación a que se promueve el pago de horas extraordinarias.
Para 2019, el Gobierno ha insistido en que el déficit público bajará del 2,63% registrado en 2018 a un nivel por debajo del 2%, por encima de la meta oficial (1,3 % del PIB) pero por debajo de la horquilla avanzada por el Ejecutivo (2,2-2,4 % del PIB).
