Este martes, Podemos ha registrado en la Asamblea de Murcia su informe definitivo sobre lo acontecido en la desaladora de Escombreras, uno de los casos de presunta corrupción más graves del gobierno popular de Ramón Luis Valcárcel y que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. El abogado que se querelló originalmente lo llamó "el mayor caso de corrupción en Murcia" por su coste millonario. Murcia debería pagar a ACS, dueña de la instalación, unos 600 millones de euros hasta 2030, según los contratos firmados inicialmente. Esto supondría cinco veces el coste de la propia construcción de la infraestructura. Valcárcel negó esta cifra y las últimas informaciones hablan de que Florentino Pérez podría contentarse con 210 millones de euros, con lo que obtendría una buena rentabilidad frente a los 140 millones que invirtió en ella. Las pérdidas del erario se calculan entre 100 y 150 millones de euros por el momento.
El origen de estos gastos disparados para la administración pública vino, según el diputado Antonio Urbina, autor del informe, "de 25 frenéticos días entre enero y febrero de 2006 en los que se firmaron contratos leoninos o draconianos muy lesivos para los intereses públicos". En unas pocas semanas, lo que era una empresa privada pasó a ser pública y firmó unos contratos con ACS en conducciones de gran desventaja.
El día 25 de enero de 2006 se constituye la empresa privada Desaladora de Escombreras S. A. por parte de dos empresas del Grupo Cobra, que a su vez es parte del Grupo ACS. Cobra Instalaciones y Servicios S. A. que aporta el 80% del capital, y Moncobra S. A. que aporta el 20% restante. En ese momento la empresa es totalmente privada y al día siguiente de su constitución se firman dos contratos privados: uno con la empresa Hydromanagement que establece un arriendo financiero a 25 años (con opción a compra) de una desaladora que se va a construir y otro contrato con la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A (en adelante Tedagua) para operación y mantenimiento de dicha desaladora durante ese tiempo. Ambas empresas pertenecen al grupo ACS.
A los veinte días de firmados ambos contratos, en concreto el 17 de febrero de 2006, la empresa Desaladora de Escombreras S. A. pasa a ser empresa pública al ser participada en un 51% por la empresa pública Hidronostrum S. A., que ha sido creada la misma fecha por el Ente Público del Agua, el resto del capital queda en manos de las empresas originales, repartido en la misma proporción (10% Moncobra S. A. y 39% Cobra Instalaciones y Servicios S.A.). A pesar de que la empresa ya es pública, se fija su nuevo domicilio en un despacho privado, en concreto el del abogado Andrés Arnaldos Cascales, en el centro de Murcia. En ese mismo acto se sustituye al administrador único por un consejo de administración.
La valoración de los terrenos en los que se realizó la empresa la hizo una compañía que no está homologada como tasadora por el BdE
Ese mismo 17 de febrero, Hidronostrum firma también varios contratos con Desaladora de Escombreras S. A.: arriendo de 35.100 metros cuadrados de terreno, un compromiso de compra de agua en la modalidad 'take or pay' y un compromiso de comprar el 100% de la empresa en el año 2030, compromiso que de hecho se ejecutará veinte años antes, el 14 de Julio de 2010. Todos estos compromisos los realizó la empresa sin estar ni siquiera dada de alta en el Registro Mercantil, ya que se había constituido ese día. Los terrenos los tasó una empresa llamada American Appraisal España que no está reconocida como sociedad de tasación por el Banco de España.
"Trama diseñada y ejecutada previamente"
En el mismo día en que se firmaron estos contratos, Banesto ofrece un crédito a Hydromanagement por 114 millones. Hydromanagement a su vez había encargado en enero de 2006 construir la desaladora a Tedagua.
Según el diputado Urbina, nos encontramos ante una "trama bien diseñada y ejecutada previamente" que terminó en la firma de contratos "leoninos" o "draconianos" para las arcas públicas murcianas. Unos contratos que los servicios jurídicos de la CARM están estudiando para ver si declarar nulos, pero que además de por la justicia están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas. Si se demuestra que se inflaron alquileres, que se firmaron contratos voluntariamente duros contra el dinero público y nocivos para el erario, también el TC podría multar. Tal es el caso que se ha dado ya en Vitoria, donde el órgano consultivo multó con 400.000 euros a los dos exalcaldes Alfonso Alonso y Javier Maroto por un quebranto de las arcas municipales de casi 400.000 euros. Esta cifra parece una broma frente a los gastos de entre 100 y 150 millones de euros que se calcula lleva por el momento la desalinizadora cartagenera.
Antonio Urbina incluyó en su informe, al que ha accedido este periódico, estos dos gráficos para comprender mejor la trama empresarial creada por ACS y la Región de Murcia alrededor de la desaladora de Escombreras.
