No es oro todo lo que reluce en las ayudas sociales prometidas y puestas en marcha por el Gobierno para reducir los efectos de la inflación entre los más vulnerables y que se van a reeditar también en 2023, un año con mucho interés electoral. Las medidas incluyen la rebaja del IVA de algunos productos alimentarios básicos que van a bajar los precios. La liquidación presupuestaria de 2022 (con datos hasta noviembre) confirma que las subvenciones y ayudas no se liquidan en su totalidad, algunas por el desconocimiento de la población a quienes van dirigidas, o por la compleja burocracia administrativa (algunos servicios se han tenido que externalizar). Y en muchos casos, por el interés político en magnificar las cifras o por los errores en los cálculos tanto del número de posibles beneficiarios como de la cuantía destinada.

En la mayoría de estas partidas sólo se ejecuta la mitad del gasto previsto inicialmente o en las modificaciones de crédito, y en otras muchas partidas no hay todavía, a pesar de la proximidad del fin del ejercicio, información alguna de la ejecución presupuestaria. Es la consecuencia de la adopción en muchos casos de medidas populistas, improvisadas a veces y con más interés propagandístico que efectivo en un país en que, para acceder a la concesión de muchas de estas ayudas, se toman en consideración los ingresos declarados a Hacienda (las rentas de trabajo son las únicas que declaran sus ingresos reales) y no los obtenidos realmente.

Por ejemplo, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Gobierno había habilitado un gasto definitivo en 2022 de 453 millones de euros en las ayudas (frente a un crédito inicial de 153 millones) para el denominado bono térmico, con la pretensión de cubrir los gastos de los hogares más vulnerables (de las cocinas, agua caliente y calefacción) con rentas inferiores a 27.720 euros, según el grado de vulnerabilidad. Pero, a 30 de noviembre, la ejecución de ese gasto sólo era de 227,8 millones, es decir, del 50,3% presupuestado (la ejecución de 2021 fue de un millón de euros frente a los 205 millones previstos). Existe además otra partida habilitada de 4,1 millones, pero sólo se han gastado 124.000 euros en los once primeros meses del ejercicio. Es decir, no parece que el mes que queda por computar se cumpla el objetivo, diseñado quizá sin rigor alguno salvo el del interés político de salir del paso.

Por su parte, el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que alcancen en 2022 los 18 años (casualmente, la edad para votar) tenía habilitado un presupuesto de 205 millones y sólo ha alcanzado los 86,3 millones, es decir, el 42,1% del gasto comprometido. Según datos oficiales, disponen de este bono -que curiosamente se venden en las páginas de Wallapop (facilitando la recompra de entradas de cine, teatro, festivales o videojuegos)- unos 280.000 jóvenes, el 57% de los casi 500.000 que anunció el Gobierno que se verían favorecidos. Se ha ampliado también a 2023, el año más electoral de los últimos, para intentar alcanzar el interés del medio millón de jóvenes que cumplen 18 años en este ejercicio.

Ante la puesta en evidencia de la improvisación del denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 por los efectos del Covid, el Gobierno ha realizado un esfuerzo en 2022 en el tercer ejercicio de su instauración para cumplir el objetivo presupuestario de 3.022 millones ampliando los medios y facilitando la concesión. Pero también ha aumentado las coberturas (para jóvenes en tutela y personas con discapacidad superior al 65%: o, por ejemplo, reduciendo el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de 12 a seis meses); y ha aumentado de forma extraordinaria un 15% la prestación de las mensualidades a partir de abril.

El 'atasco' del ingreso mínimo

Según la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (Airef), la ayuda no había logrado llegar a todos los potenciales beneficiarios y en la primera parte del año no incorporaba al 60% de los hogares que podrían alcanzarla ni al 78% en riesgo de pobreza severa. En su creación, el Gobierno había previsto que el objetivo de este beneficio iba a alcanzar a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas. Sin embargo, se han rechazado un millón de expedientes por incumplir los requisitos de renta y de patrimonio, aunque la mayor flexibilidad y ampliaciones realizadas en 2022 han permitido que el programa haya llegado a unas 550.000 familias y 1,5 millones de personas.

En todo caso, según los datos de la IGAE, las obligaciones reconocidas en este año (otra cosa serán los pagos realizados) alcanzaban en noviembre los 3.022 millones presupuestados. Sin embargo, en 2021 la información oficial señalaba que los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas fueron de 3.000 millones, pero el gasto ejecutado facilitado oficialmente fue de 1.925 millones, es decir, llegó al 64% del presupuesto.

Mientras, el programa de apoyo público a empresas intensivas de consumo de gas preveía unas ayudas de 376 millones y hasta noviembre sólo se ha ejecutado el 16% (60 millones). El programa de becas, compensación y ayudas a los estudiantes se ha quedado en 2.271 millones frente a los más de 2.600 millones habilitados; el presupuesto del Bono de Alquiler Joven (con 200 millones), en manos de las autonomías, se ha ejecutado un 95% pero el de los ayuntamientos se ha quedado en el 55%; las ayudas para los Bonos de Conectividad para pymes y colectivos vulnerables (dentro del Mecanismo de Recuperación y Resilencia) sólo se han realizado en un 11%; las subvenciones directas a los ayuntamientos para cofinanciar los servicios al transporte colectivo urbano se ha situado en el 0,3% (estaban previstos 144 millones y se ha ejecutado sólo 500.000 euros); y las ayudas al sector del transporte previstas de 888 millones se han quedado en 405 millones (en un 46%).

La pobre ejecución del gasto es la consecuencia de la adopción en muchos casos de medidas populistas, improvisadas a veces y con más interés propagandístico que efectivo

Por otra parte, aunque se prevé que las cifras de ejecución sean sensiblemente inferiores al presupuesto inicial (los ciudadanos en su mayoría son conscientes del anuncio y de las grandes cifras pero no del detalle de su realización), se desconoce el cumplimiento del objetivo de gasto de otras partidas de ayudas activadas por el Gobierno. Por ejemplo, para financiar las ayudas de 200 euros en un pago único para paliar los efectos perjudiciales de los precios por la crisis energética derivada de la invasión a Ucrania en situación de vulnerabilidad de las personas físicas de bajo nivel de ingresos (14.000 euros de renta y con un patrimonio inferior a 40.000 euros), cuando los efectos inflacionistas comenzaron mucho antes, se había habilitado un gasto de 160,7 millones que probablemente será menor. No se sabe nada de su liquidación.

El Gobierno ha reactivado para 2023 este programa ampliando el límite de ingresos a 27.000 euros y el de patrimonio a 75.000 euros excluyendo entre otros a pensionistas y perceptores del IMV), pero ni de lejos alcanzará a los 4,2 millones de hogares anunciados. Tampoco se conoce el gasto real de la subvención prevista de 2.430 millones de apoyo público a empresas para el consumo de combustible e idéntica cifra para las familias. Se trata de la subvención de 20 céntimos en cada litro de combustible que ahora desaparece. Lo que es evidente es que la recaudación de hidrocarburos, a pesar de la ayuda y de los elevados precios, se ha disparado un 73% (casi 2.000 millones más).

Lo mismo sucede con el resultado de los 201 millones anunciados de subvenciones para reducir el precio de los abonos y títulos multiviaje de Renfe Viajeros ni de los 164 millones de ayudas directas a las autonomías para la reducción del precio del billete de los usuarios habituales ni de los 93 millones destinados a los billetes de transporte de los ayuntamientos o de los 5 millones para bajar los precios en las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera.

Ayudas en el limbo

Al mismo tiempo, y a pesar de que los ingresos tributarios van como un tiro a lomos de la inflación, el Gobierno ha dejado en el limbo a otros programas de ayudas e inversiones de amplio calado social y económico. Lo que videncia una desviación significativa del gasto público. Por ejemplo, el presupuesto en subvenciones al transporte terrestre se ha quedado en el 52% de su cumplimento; al 41% llega el de infraestructuras de transporte ferroviario; en el 52% se sitúa el programa de zonas de baja emisiones del transporte urbano y el metro; el gasto en formación profesional para el empleo alcanza el 64% del presupuesto previsto; el programa en inversión y desarrollo en tecnología para la industria se queda en el 0,3% de los créditos iniciales y en el 32% el de apoyo a la innovación tecnológica del sector de Defensa.

Además, el programa de protección y mejora del medio natural se queda en el 48% de su cumplimiento y en el 59% el de prestación sanitaria y de farmacia del ministerio de Sanidad; en el 9,8% se sitúa el del ministerio de Economía de despliegue de infraestructura digital transfronteriza y en el 45% el de inversión y desarrollo de la sociedad de información; y al 12,4% del gasto estimado llega el programa de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mientras, las ayudas a la atención a la infancia y familia se quedan en el 2,7% del presupuesto previsto; al 15% llega el plan de apoyo y cuidados de larga duración del ministerio de Derechos Sociales; y el gasto en las acciones a favor de los inmigrantes se sitúa en el 56% y el de la investigación científica en el 36%.

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