La maquinaria de los despidos ya se ha activado en España. Los despachos de abogados ya han empezado a asesorar a multinacionales que quieren llevar a cabo Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para que, aunque prescindan de trabajadores de más de 50 años, no lleguen al cupo que les obliga a pagar al Tesoro Público.
Según recoge la ley, tienen obligación de hacer esa aportación económica al Tesoro las empresas que tengan más de cien empleados (en la empresa o en el grupo en el que consolidan), que hayan tenido beneficios en los últimos dos años consecutivos (en la empresa o en el grupo), y que dentro de un proceso de ERE despidan a un porcentaje de trabajadores de 50 o más años sobre el total de despidos que sea mayor al porcentaje de trabajadores de la empresa que tienen esa edad con respecto al total de la plantilla.
En caso de que la compañía haya despedido a empleados de 50 o más años en los últimos tres años estos computarán también a efectos de calcular ese porcentaje.
Si se cumplen esas tres condiciones, las empresas están obligadas a asumir el coste de dos años de prestación de desempleo, dos años de cotizaciones a la Seguridad Social y un canon fijo por cada trabajador que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio, lo que en total puede elevar el coste del ERE hasta un máximo de 80.000 euros por trabajador.
Muchas compañías, sobre todo multinacionales extranjeras, están pidiendo opiniones legales para saber cómo se aplica esta obligación
Fuentes de un despacho apuntan a Vozpópuli que tratándose de multinacionales y de trabajadores a partir de 50 años, es relativamente habitual que éstos estén ya ganando un sueldo que les hace cotizar por la base máxima, lo que correspondería a ese sobrecoste mencionado. Incluso si los trabajadores se adhieren voluntariamente al ERE, las empresas están obligadas a contribuir.
Planes de bajas incentivadas
Alfredo Aspra, socio de Derecho Laboral del bufete Andersen Tax & Legal, explica a este medio que muchas compañías, sobre todo multinacionales extranjeras, están pidiendo opiniones legales para saber cómo se aplica esta obligación.
"Se trata de arbitrar planes de bajas incentivadas sin que impliquen extinciones de contrato para rejuvenecer a la plantilla, reducir a la vez el colectivo de trabajadores mayores de 50 años y no tener que hacer las costosas aportaciones al Tesoro, sin dejar de ser competitivas", explica.
Lo primero que hacen los despachos es analizar si la compañía ha hecho despidos en los últimos tres años, a trabajadores de qué edad y por qué causa; cuál es la necesidad de la compañía, y por último diseñan un plan que prevea instrumentos para poder atenuar el coste de hacer esas aportaciones al Tesoro.
Las multinacionales que han iniciado estos contactos pertenecen sobre todo al sector seguros y al sector del automóvil
Entre las soluciones figuran la posibilidad de despedir a menos personas de esa edad para no llegar a ese porcentaje; llegar a un mutuo acuerdo con el trabajador (lo que eliminaría el derecho al desempleo y otros subsidios); o crear un plan de bajas incentivadas que por ejemplo se arbitre con jubilaciones parciales.
Según ha podido confirmar este medio, las multinacionales que han iniciado estos contactos pertenecen sobre todo al sector seguros y al sector del automóvil.
