Elevar a 35 años el cálculo de las pensiones supondría un ahorro de 13.390 millones de euros en 2040 y de 24.960 millones en 2050, cuando sólo la indexación al IPC en 2022 va a costar en 2023 cerca de 16.200 millones con el IPC medio del 9% que se perfila con el dato de agosto. De esta forma, una de las reformas más polémicas que ahora empieza a negociar el Gobierno y a la que se oponen los sindicatos y Podemos, incluso en su versión más suave, tan sólo costearía el gasto extra de este año cuando llevara casi dos décadas en vigor, y lo superaría en 9.000 millones en treinta años de vigencia.
Es la conclusión que se desprende del informe Efectos de la ampliación a 35 años del cálculo de la Base Reguladora, eligiendo los 25 mejores, en el sistema de pensiones de jubilación español elaborado por José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas, y Robert Meneu, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), uno de los estudios que cita el Banco de España en el informe que publicó este miércoles sobre el mismo tema.
El IVIE estima que esta reforma ahorraría un 0,65% del PIB en 2040 y un 0,88% en 2050 y obtiene las cifras citadas de 13.390 millones y 24.960 millones, según ha facilitado a Vozpópuli, con un PIB estimado para esos ejercicios. Se trata de una reforma que en un principio supone un ahorro muy moderado por afectar a las nuevas altas y que por motivos demográficos se prevé que se estabilizaría en 2040.
El informe del IVIE y el del Banco de España obtienen resultados similares. El supervisor calcula que subir el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años reduciría la pensión inicial media un 8,2%. Este recorte se sumaría al recorte del 5% que implica ya la extensión del periodo de cálculo desde 15 hasta 25 años.
En su informe, el Banco de España asegura, por otro lado, que "simultanear la ampliación del período de cálculo a 35 años con el descarte de los años más desfavorables para determinar la base reguladora permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, al tiempo que reduciría la heterogeneidad de las pensiones entre individuos (si bien la desigualdad caería en menor medida que si se restringiera el período de cálculo a los 35 anteriores a la pensión)".
Si se eleva el cálculo a 35 años pero de estos se eligen los mejores 25, entonces el ahorro se reduce al 5,2%, estima el supervisor. Por su parte, el IVIE calcula una reducción de la pensión del 8,7% por la subida a 35 años, que reduce a 5,6% si se eligen los mejores 25.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, plantea subir progresivamente la pensión máxima y elevar al mismo tiempo la base máxima de cotización, lo que asegura que contribuirá a la sostenibilidad del sistema, según ha insistido este lunes. Esto es lo que sostiene ahora el ministro, al que los sindicatos, contrarios a este medida, han acusado de inconcreción después de que se celebrara la primera mesa de diálogo social para negociar la reforma de la ampliación del cálculo.
Sindicatos y Podemos, en contra
Ya Pablo Iglesias realizó una marcaje intenso a Escrivá cuando se filtró un borrador de Inclusión en enero de 2021 que planteaba aumentar de los 25 a los 35 años el periodo de cálculo de las pensiones, cuya autoría el ministro se apresuró a negar.
El ministro ha subrayado este lunes que no se va a elevar el cálculo a 35 años y que se abordará cómo ayudar a mejorar la equidad del sistema a la hora de calcular la pensión en las nuevas carreras profesionales, que ya no son las tradicionales.
Ni siquiera esta versión suavizada es del agrado de los sindicatos. CCOO ha avisado a Escrivá este lunes de que "esta materia no se corresponde con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, como han puesto de manifiesto hoy todos los interlocutores sociales y tenemos serias dudas sobre su aceptación en el seno de la mayoría que compone y sustenta el Gobierno de coalición".
