Grandes propietarios y arrendadores de centros y parques comerciales como las empresas Merlin Properties, Castellana Properties, el Grupo Lar o Nuveen Real Estate, se han sumado a las reivindicaciones de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), y han alertado al Gobierno de que la crisis del coronavirus tendrá un "gran impacto económico y graves consecuencias para el sector" si no media un plan de ayudas públicas.
"El sector del comercio minorista (retail), compuesto por más de 500.000 empresas y 1,8 millones de profesionales en toda España, está siendo uno de los más impactados por la crisis del coronavirus junto al turístico y el hotelero", esgrimen los propios 'dueños' de los centros y parques comerciales, mientras el Gobierno analiza tomar medidas para el sector.
Estas grandes empresas y fondos han dejado claro su apoyo a las reivindicaciones de la AECC: que se habilite el acceso al fondo ICO para los comerciantes que lo necesiten, se les permita abrir todos los domingos y festivos durante los ejercicios 2020 y 2021 para recuperar las semanas de cierre, y que puedan lanzar un período especial de promoción de un mes, para la recuperación de las actividades comerciales, de ocio y de restauración, en los que se puedan realizar ventas sin IVA.
Los propietarios, en tanto, añaden el reclamo de que se establezca desde el Gobierno una moratoria del pago de las rentas para comercios cerrados como consecuencia de las medidas adoptadas en el contexto del estado de alarma, y su pago fraccionado en un año; la creación de un fondo de garantía estatal para garantizar a los propietarios el cobro de los alquileres y ayuda al pago integral de la renta para los comerciantes más frágiles; y ayudas públicas para propietarios que acepten aplazar o bonificar rentas, y deducciones fiscales para los arrendatarios que acrediten el pago de la renta en el período sin la actividad habitual.
Medidas ya tomadas en el inmobiliario residencial
A preguntas de este periódico, no se han desglosado datos de impacto de la crisis en el sector o de a cuánto debería ascender la asistencia pública.
Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) han alertado de que más de 100.000 de sus 250.000 empleados de empresas asociadas están en ERTE y que prevén una caída del consumo del 50% tras la crisis, además de un derrumbe del 10% de la facturación anual en el escenario más optimista. Por ello, paralelamente, piden estímulos al consumo de las familias.
En el ministerio de Industria llevan analizando semanas el asunto pero todavía no han tomado medidas concretas al respecto, como sí se ha hecho, por ejemplo, con el mercado inmobiliario residencial.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han explicado que la mayor diligencia con la vivienda pudo haber tenido que ver con el hecho de que, hasta el decreto antidesahucios, era más compleja aún desde un punto de vista legal la renegociación de las rentas del alquiler de vivienda (donde el inquilino sigue haciendo uso del bien) que de un local de negocio.
