"Son muchas las iniciativas que están poniendo [los bancos] encima de la mesa, pero en todo caso, nosotros no nos confiamos y hemos puesto un montón de salvaguardas y estamos vigilando que los recursos públicos y el aval público se esté canalizando para el buen funcionamiento de la economía". Así de tajante se mostró este martes la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su intervención en el Senado preguntada por el papel de la banca en esta nueva crisis económica.
Tras las fuertes críticas que se vertieron sobre la banca al intentar sacar beneficio de los avales con productos vinculados, el Gobierno tuvo que intervenir y pactar con las entidades que toda la liquidez otorgada con garantías pública se facilitara sin ningún tipo de añadido. Esto provocó un antes y un después en la comercialización de estos créditos, que se firman desde esa fecha con mejores condiciones para los clientes, según reconoce la Asociación Española de Banca (AEB).
A pesar de esto, Economía quiere tener una fotografía clara de la situación actual y por eso ha comenzado a preparar un informe junto al Banco de España para ver si los prestadores han cometido irregularidades y de ser así, proceder a multar a las entidades que no hayan seguido las indicaciones del Gobierno, según ha reconocido fuentes del Ministerio de Economía a Vozpópuli.
Aunque la función sancionadora recae en el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, en esta ocasión, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) también podrá multar o amonestar en el caso de que encuentre alguna irregularidad, tal y como recoge el decreto ley en el que se exponen los pormenores de las garantías del Estado.
No obstante, este estudio no sólo servirá para encontrar posibles irregularidades; de hecho, la función principal para el que se ha creado es para ver cuáles son las operaciones que se están cerrando y para analizar qué tipo de crédito se está dando y en qué condiciones, para así poder redirigir, si fuera necesario, las próximas líneas de avales que aún faltan por comprometer.
Más de 11.000 millones avalados
Las entidades financieras comenzaron el pasado 6 de abril a presentar al ICO las operaciones garantizadas con la línea del avales, abierta desde el pasado 18 de marzo. En estas dos semanas las entidades financieras han concedido más de 116.000 operaciones por un importe de 11.700 millones de euros, lo que ha permitido la canalización de financiación hacia el tejido productivo de más de 15.100 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Transformación Digital hechos públicos este martes.
Del total, el 99% de las operaciones aprobadas han sido dirigidas a autónomos y pymes, por un importe avalado de más de 9.000 millones de euros y una financiación total de casi 11.300 millones de euros, lo que quiere decir que aún quedan 28.700 millones de euros para financiar a pymes y autónomos.
Cabe destacar que por el momento sólo se han habilitado 40.000 millones de los 100.000 millones que el Gobierno se ha comprometido a avalar. Además, del total, el 75% ha ido destinado a las pequeñas y medianas empresas y a autónomos.
