La persona que viene a arreglar esa gotera que ha salido tras la interminable temporada de lluvias que ha marcado los últimos meses. La que se acerca a casa a maquillar y peinar a las invitadas de una boda, ahora que ha empezado la temporada. O la que echa algunas horas poniendo cervezas frías en una de las innumerables terrazas de verano que salen como setas en las aceras. No son pocas las personas que hacen este tipo de trabajos y cobra por ello en dinero negro que no se declara. Están en lo que se conoce como economía sumergida. Un sector que en España mueve el dinero equivalente al 19,2% del PIB, esto es unos 190.000 millones. Así se desprende de un informe publicado esta semana por la agencia europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (Eurofound).
Para tratar de poner freno a estos trabajos en B, el Ministerio de Empleo está firmando convenios de colaboración con diferentes administraciones para intensificar las inspecciones de trabajo, el último de ellos con la Comunidad Valenciana la pasada semana. Precisamente en una de las provincias que componen esa autonomía, Alicante, la Policía Nacional detuvo en los últimos días de mayo a dos responsables de una empresa de calzado por tener a 26 empleados sin contrato laboral. Según los datos de la Policía Nacional, en 2012 se arrestaron a 930 personas acusadas de un delito contra el derecho de los trabajadores.
En 2012 la Policía Nacional arrestó a 930 personas acusadas de delito contra el derecho de los trabajadores
En el informe de Eurofound se resalta que en los sectores donde tradicionalmente abunda más el trabajo en B son la hostelería y la construcción. Del mismo modo, señala que, a diferencia de los países del norte de Europa, donde el fraude consiste principalmente en ocultar una parte de los ingresos para pagar así menos impuestos, en los países del sur consiste en emplear a personas paradas pero sin un contrato laboral de por medio.
Aquellas personas que en el año 2011 no tenían dicho contrato pero que a pesar de ello trabajaban pudieron acogerse a una amnistía para regularizar su situación impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía que afloraran esos empleos sumergidos. El informe lo pone como ejemplo de una de las medidas de los gobiernos europeos para intentar acabar con esta práctica. Una medida cuyos resultados no aparecen reflejados en el texto ya que en el momento de su realización no se tenían los datos. Quien sí conoce el efecto que tuvo dicha amnistía es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), y su presidente Carlos Cruzado lo califica como “nulo”, ya que “no consiguió que aflorara la cantidad de empleos sumergidos que se esperaba”.
Impuestos
Gestha, que está ultimando un informe sobre economía sumergida que verá la luz en los próximos meses, calcula que en España el trabajo en B supone un tercio de la economía sumergida y que la mayor parte corresponde al fraude fiscal de las empresas y grandes fortunas.
Precisamente sobre impuestos versa uno de los puntos más llamativos del informe de Eurofound. En el mismo se afirma que un régimen fiscal más elevado no da lugar a un mayor volumen de economía sumergida, “refutando la idea de que el trabajo no declarado es el resultado directo de altos impuestos y que la solución por lo tanto es continuar con reducciones fiscales”. En el texto también se recoge que a mayor gasto de los gobiernos en intervenir en el mercado laboral, menor economía sumergida.
Con respecto al Estado de Bienestar, Eurofound sostiene que en los países europeos donde se destina un porcentaje más elevado del PIB a protecciones sociales hay menos economía no declarada.
