Los economistas instan al Gobierno a mantener la bajada de impuestos en la factura de la luz a lo largo de 2022 para compensar la subida del precio, que sigue marcando nuevos récords y se sitúa ya en un máximo de 236,51 euros el megavatio/hora (MWh). La posibilidad de que la crisis eléctrica que se vive en España y en el mundo se prolongue más allá de 2021 supone un riesgo real para los hogares.
El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) esperan una caída a partir de abril de 2022, pero los precios medios de la electricidad difícilmente bajarán de 100 euros/MWh a lo largo del próximo año, todavía casi doblando la media de los últimos años de unos 50 euros/MWh.
En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya recogía en un informe reciente que, de ser así, las medidas temporales que el Gobierno ha ido aprobando en estos meses para bajar la factura tendrán que ampliarse en 2022.
El Ejecutivo acordó el pasado mes de julio una rebaja temporal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad del 21% al 10%, mantenerse al mínimo del 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad, y la suspensión del Impuesto de Generación (7%) que el consumidor también paga en su factura, aunque no aparezca explícitamente.
Medidas vigentes hasta el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también han advertido este lunes de que será necesaria la prórroga al primer trimestre de 2022 o, incluso, más allá. No obstante, reconocen que la rebaja de la factura con bajada de cargos e impuestos "se ha hecho de forma no discriminada, de modo que incluso hay consumidores con precio fijo que pueden tener menor factura".
Eliminar el impuesto a la generación eléctrica
En cuanto a la eliminación del Impuesto a la generación de electricidad del 7%, los economistas creen que debería convertirse en permanente. "Debería abordarse ya la eliminación del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que se traslada a un mayor precio de mercado y distorsiona nuestros intercambios internacionales de energía. La reducción que ello implicaría en ingresos para el sistema de
liquidaciones puede ser compensada por el aumento de los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión de CO2", explican.
Los economistas también reclama un análisis más pausado de las medidas para frenar esta crisis. "Las reformas regulatorias deben discutirse antes con los agentes (consumidores, productores, comercializadores) y ser sometidas a informes (CNMC, Consejo de Estado). Las intervenciones poco meditadas, y no discutidas previamente, pueden generar efectos contrarios a los pretendidos", apuntan.
En este sentido, también aportan su grano de arena a la discusión sobre el precio minorista regulado (PVPC). “El pequeño consumidor eléctrico, especialmente el vulnerable, no debería estar pendiente del cambio diario en el precio”, sugieren. “El cambio en la estructura del precio regulado, con referencia parcial a contratos a plazo, parece imprescindible. Aunque ello sería a costa de perder señal de precio”, matizan.
Una opinión que también se extiende a la corrección del 'hachazo' del Gobierno a las eléctricas, que va en línea con las recomendaciones europeas. "Las intervenciones de extracción de rentas no deben interferir en el funcionamiento eficiente del mercado. Hay elementos de la regulación (como el sistema concesional del aprovechamiento hidráulico) que necesitan ponerse al día", aseguran en su presentación.
