Luz verde de la Comisión del Pacto de Toledo al proyecto de ley de primera parte de reforma de las pensiones, con la polémica subida de cotizaciones de 0,6 puntos que pactó el Gobierno con los sindicatos a espaldas de CEOE.
A la espera de que el Pleno de la semana que viene valide el texto definitivamente y lo remita al Senado, la Comisión ha introducido las propuestas que llevó el Grupo Socialista el viernes, que incluyen el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y otros flecos pendientes, además de transaccionar tres enmiendas de ERC y Bildu y de votar a favor de una de PDeCAT.
Finalmente, Bildu y ERC han retirado sus enmiendas y han aportado las transacciones citadas, que piden ligar las pensiones mínimas al SMI y realizar una auditoría de gastos impropios de la Seguridad Social y modifican la propuesta de Agencia de la Seguridad Social.
A la espera de ver en qué quedan la auditoría y la creación de la Agencia Estatal, la enmienda sobre las pensiones mínimas insta al Gobierno a realizar una reforma en el plazo máximo de un año con el fin de ligarlas al SMI, como han recordado los portavoces de ERC y BIldu. Hasta ahora, habían planteado una subida de las pensiones mínimas hasta que supongan, al menos, el 90% del Salario Mínimo Interprofesional. La enmienda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, habla de "establecer reglas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional".
Esta iniciativa, que también ve con buenos ojos Podemos, tendría un coste muy elevado, ya que de entrada implicaría que 5,5 millones de pensionistas verían incrementada casi de golpe su prestación en algunos casos hasta en 200 euros, con el fin de situarla en 868 euros. Sin embargo, el texto transaccionado asegura que se "garantizará la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones".
Advertencia de ERC y Bildu
A esto se suma que tanto ERC como Bildu han advertido de que en la segunda parte de la reforma que se va a negociar en 2022 quieren incluir a más prejubilados entre los que se acaban de beneficiar de la mejora de pensión en carreras de 40 años o más, según ha incluido el PSOE. Y de que han advertido en las últimas semanas de que no permitirán incrementar el periodo de cálculo de la pensión a que se ha comprometido el Gobierno con Bruselas.
Sobre la auditoría, la enmienda aprobada obliga al Gobierno a encargarla en el plazo máximo de un mes, sobre los ingresos y gastos de la Seguridad Social, para cuantificar la factura de gastos asumidos de forma impropia entre 1967 y 2019, ambos inclusive. Deberá prestar "particular atención" a los gastos que la Ley General de la Seguridad Social identifica ahora a financiar a través de transferencias directas por parte de los Presupuestos Generales del Estado, por ser consideradas políticas sociales. El informe deberá ser realizado en el plazo máximo de seis meses y elevado a la Comisión del Pacto de Toledo.
