"To stay or not to stay; that is the question" (“Suspender la ejecución o no suspenderla, esa es la cuestión”). Con esta frase tan hamletiana el juez norteamericano que lleva la ejecución del laudo de 1.700 millones que Egipto debe pagar a Unión Fenosa Gas (UFG), formado por Naturgy y ENI, arranca el escrito en el que acepta la petición del país africano para mantener la suspensión de la ejecución del laudo hasta que la corte arbitral del Banco Mundial decida si lo anula o no.
Así consta en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y que está fechado el pasado 4 de junio. Egipto había solicitado al juez que mantuviese la suspensión del laudo hasta que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) decidiese sobre la anulación del laudo, algo que previsiblemente ocurrirá en julio.
El juez asegura que entiende el interés de UFG por zanjar este asunto tras años de conflicto, pero señala que las características excepcionales requieren la admisión de la petición de Egipto. Desde Naturgy prefieren no opinar sobre esta valoración del juez. El presidente, Francisco Reynés, detalló en la junta que el objetivo de la empresa sigue siendo "alcanzar un acuerdo con Egipto". Aunque esta disputa promete nuevos capítulos en los tribunales.
En anteriores escritos se había planteado la posibilidad de juzgar a Egipto en rebeldía después de que no cumpliese con los compromisos del juez para mantener la suspensión del laudo. Naturgy y ENI señalaron después que estaban de acuerdo en que no se dictase sentencia en rebeldía siempre y cuando la petición de Egipto de suspender el laudo sea denegada y la ejecución se tramitase de forma ágil. UFG explicó al juez que quería ser razonable, pero que no iba a admitir que Egipto usase artimañas procesales para dilatar todavía más el proceso.
1.700 millones
En 2018, el Ciadi condenó a Egipto a pagar 1.700 millones a Naturgy y ENI tras suprimir de forma unilateral el suministro de gas natural a la planta construida en Damietta en 2013. El país se defendió diciendo que era por culpa de la explosión de la Primavera Árabe, pero el tribunal arbitral consideró acreditado que Egipto incumplió los términos del tratado de inversión bilateral entre ambos estados. El juez también recuerda en su escrito que Egipto había suministrado una cantidad muy baja de gas entre 2006 y 2012 mientras elevaba los precios del gas.
El laudo arbitral fue suscrito por dos de los tres miembros del tribunal. Uno de ellos, como recuerda el juez, incluyó un voto contrario. Aseguró que el Ciadi no tenía competencia para conocer el asunto y acusó a UFG de prácticas corruptas y sobornos. Tras esta victoria en el Ciadi, UFG llevó el laudo a Estados Unidos para ejecutarlo y, casi al mismo tiempo, Egipto solicitó a la corte la suspensión del mismo.
El juez, que recuerda que el laudo que está en juego es uno de los más altos de toda la historia del Ciadi, cree que es razonable esperar al pronunciamiento de la corte antes de seguir adelante con la ejecución. Insiste varias veces en las características excepcionales de este caso y apunta también a los efectos de la crisis sanitaria, que según afirma Egipto, va a provocar una enorme crisis fiscal en el país.
En cualquier caso, cabe recordar que aunque el laudo tenía un valor inicial de 1.700 millones, lo cierto es que si finalmente UFG lo cobra, la cantidad que recibirá será mayor por los intereses acumulados durante todo este tiempo.
