Las grandes empresas energéticas han acudido esta semana a la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Una de sus grandes preocupaciones era el controvertido impuesto al sector para recuperar los “beneficios extraordinarios” que están teniendo durante la crisis de precios. Pero según explican los asistentes a Vozpópuli, lo único que se ha comentado de este asunto en las reuniones es que se desconoce todavía cómo pretenden materializar este tributo.
El Gobierno quería centrar la conversación en las medidas que prepara de cara al otoño. Las empresas tenían más preocupación por el impuesto. Al final, ni uno ni otro. Ambas partes han compartido que España no afronta problemas de seguridad de suministro, pero debe prepararse para un posible escenario de escasez de gas en la UE durante los próximos meses. Ribera ha señalado que quiere trabajar en tres ejes de cara al otoño: uso inteligente de la energía, sustitución de gas por electricidad y otros combustibles y medidas de solidaridad con los socios europeos
Pero del impuesto ninguna novedad. “Con la información disponible, es imposible entender el funcionamiento y el impacto del impuesto que plantea el Gobierno”, explicaban desde la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) tras terminar la reunión. “Se desconoce qué entiende por “beneficios” y por “extraordinarios”, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etcétera, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas”, añaden.
Desde el sector señalan que tras el encuentro con Ribera, por prudencia y desconocimiento, no pueden hacer una evaluación del impacto que tendrá el sector energético este nuevo impuesto. “Entendemos que cualquier incertidumbre tiene efectos sobre los planes de inversión de las compañías y afecta negativamente a su operativa y a sus perspectivas de creación de empleo y crecimiento”, afirmaban desde Sedigas.
Las empresas energéticas consideran que se debe tener en cuenta que operan en abierta competencia en los mercados internacionales, una detracción de recursos en un momento de máxima incertidumbre y volatilidad como el actual, y en el que se necesitan inversiones y músculo financiero para garantizar la seguridad de suministro, “no parece una opción sensata”.
Las energéticas y sus precios
Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa o Naturgy serán las compañías que asumirán gran parte de los 2.000 millones de euros que quiere recaudar el Gobierno con el nuevo impuesto a las energéticas. Una tasa que tiene como objetivo financiar el paquete de medidas de Moncloa para frenar el repunte de precios que está provocando la invasión a Ucrania.
Lo poco que se conoce es que desde el Gobierno se ha descartado modificar el impuesto de sociedades, que era la primera idea que contemplaba el sector energético. Los detalles del impuesto que han desvelado los últimos días desde el Ministerio de Hacienda, después de que el presidente lo anunciara en el Congreso, es que este tributo irá dirigido a las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros.
"Y poco más que ese rumor sabemos", afirman desde una gran energética a este medio. La sensación que tiene el sector es que la medida entra ahora en una fase de negociación con los socios del Gobierno, Unidas Podemos, y que puede materializarse a través de una proposición de ley en el tercer trimestre.
Las empresas ya preparan todas sus armas legales para poder defenderse de un tributo que, con la información existente, consideran que se fundamenta en argumentos "completamente erróneos". Como siempre que se crea un impuesto nuevo o se aumenta alguno, el sector reconoce que cualquier aumento de costes provoca una subida del precio final de los productos energéticos para el consumidor.
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Panda de inútiles!!