Febrero de 2011. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia previa de la Audiencia de Barcelona (diciembre de 2009) condenando a Alfredo Sáenz a tres meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del desempeño de cargos de dirección vinculados con entidades bancarias durante dicho plazo, por un delito de acusación falsa. En los días posteriores a aquel 24 de febrero, fecha del fallo del Supremo, Sáenz presentó la dimisión como consejero delegado del Santander, según fuentes del entorno del número dos del grupo. Renuncia que Emilio Botín no aceptó. Otras fuentes aseguran que el ex CEO presentó su renuncia en alguna ocasión más y que siempre se encontró con la negativa del presidente del grupo.
El apoyo de Botín hacia su consejero delegado fue total. Le prometió todo el apoyo público y jurídico por parte del banco para que pudiera mantener su sillón. "En caso de tener que abandonar el cargo, que pudiera hacerlo por la puerta grande", explican estas fuentes. El indulto parcial concedido por el Gobierno de Zapatero, el 25 de noviembre de 2011, tranquilizó las aguas en Boadilla. La pena de arresto mayor y la accesoria suspensión de ejercicio profesional se cambió por una multa de 6.000 euros, la prevista en la legislación aplicable al caso.
Sáenz podía continuar en el cargo pero el rastro de la pena impuesta por la Audiencia de Barcelona por un delito de denuncia falsta, cometido en 1994, contra unos deudores de Banesto, podía volver a emerger en cualquier momento. Así sucedió el 26 de febrero pasado. La Sala Tercera (Sección Sexta) del Supremo anulaba las consecuencias administrativas del indulto. Un torpedo en la línea de la honorabilidad del banquero que quedaba a expensas, en función de la nueva normativa, de la decisión del Banco de España sobre una posible inhabilitación.
En la semana de la Junta de Accionistas (22 de marzo), algunas fuentes reconocían que el "banco no iba a poner toda la carne en el asador para defender a Sáenz"
Pese a la corriente que defendió (e incluso sigue haciéndolo pese a la resolución final del caso) que el nuevo decreto de profesionalidad y honorabilidad bancaria favorecía a Sáenz, en Boadilla no se compartía el argumento. El mensaje público difería del interno. "Con la antigua norma, Alfredo estaría cesado. La nueva permite defenderse y el Banco de España tendrá difícil inhabilitarlo. El banco le va a brindar todo su apoyo jurídico para que salga con éxito del caso", se defendendía semanas atrás desde el banco.
Sin embargo, otras fuentes daban ya por amortizado a Sáenz en la semana de la pasada Junta de Accionistas, celebrada el pasado 22 de marzo, pese a la vehemente defensa que escenificó Botín. Incluso aseguraban que el banco "no pondría toda la carne en el asador en su defensa". "El banco", explicaban estas fuentes, "no se vendría abajo con su marcha. Hay suficiente capital humano de calidad para sustituirle".
Por entonces, finales de marzo, Botín ya había decidido comenzar un plan B para sustituir a Sáenz. Empezaron a salir nombres. Todos en muy 'petit comité'. Uno de los que sonó con más fuerza en un primer momento fue el de Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente tercero, hombre fiel a Botín y que se perfilaba como un CEO temporal para acompañar al presidente hasta su jubilación. La candidatura de Matías se comunicó incluso al propio Gobierno.
En esas semanas, el Santander volvió a encontrarse el revés esperado del Supremo, que rechazaba el incidente de nulidad que el banquero interpuso para pedir la suspensión de dicha sentencia, dictada el pasado 20 de febrero, al considerar que no se vulneraba su derecho a una tutela judicial efectiva. La reacción fue el anuncio de que Sáenz recurriría en amparo al Tribunal Constitucional. Una decisión que ya no servía ni para ganar tiempo.
Matías Rodríguez Inciarte fue uno de los nombres que se perfiló como sustituto. Su candidatura incluso llegó a comunicarse al Gobierno
El nuevo decreto obligaba al Banco de España a pronunciarse antes de finales de junio. "Da igual el calendario, la decisión estaba clara. Sáenz sería inhabilitado", reiteraban ayer desde un par de despachos de Cibeles. "Guindos lo tenía sentenciado. Linde le condenaría". Así resumían estas fuentes la que ha sido la intención de Economía y del Banco de España desde que las instituciones tenían que decidir sobre Sáenz.
Botín puso entonces fecha a la millonaria jubilación de Saénz, ante la imposibilidad de lograr un fallo positivo del Banco de España. Sería el 29 de abril. Cuatro días después de su última presentación de resultados, las del primer trimestre, como CEO del Santander. Un foro en el que no quiso comentar ese plan B que ya estaba en marcha para su sustitución. Ese día, Sáenz ya sabía que Javier Marín era el candidato para sustituirle. Un banquero de la casa, joven (46 años), cercano a Botín y, en especial, a su hija Ana Patricia, una de las potenciales sucesoras de su padre.
¿El inicio del desembarco de Ana Patricia en Boadilla?
Precisamente, varias fuentes reconocen la entrada de Marín como el inicio del desembarco de Ana Patricia, asidua compañera de partidos de golf del nuevo CEO del Santander y amiga desde la infancia. En el banco, sin embargo, se explica la llegada de Marín como el inicio de un relevo generacional entre la cúpula. Marín (46 años) lidera la nueva hornada de 'jóvenes' en puestos clave como el de Jesús Zabalza (55 años), nuevo presidente del Santander Brasil; Javier San Félix (46 años), nombrado la pasada semana responsable de la División América, que aglutina todo el negocio excepto el de Brasil, o José García Cantera (47 años), que dejó Banesto hace un año para ocupar la dirección de la División de Banca Mayorista Global.
La designación de Marín ha causado sorpresa en el sector. Incluso, en el propio banco, fuera de la zona noble de Boadilla, se tiene esa misma sensación. El anuncio se realizó ayer. Sin embargo, el nuevo CEO se estrenó visualmente en el cargo durante el fin de semana, cuando tuvo que grabar varios vídeos coorporativos de presentación. Fueron sus primeras palabras como sustituto de Sáenz.
