La revolución fiscal que, de forma gradual, pondrá en marcha el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tendrá una gran relevancia para la composición de las desgravaciones aplicadas a los principales impuestos. Los Presupuestos ahora vigentes incluyen más de 38.000 millones de gasto fiscal, 600 menos que en el pasado ejercicio, provenientes en un 40% del Impuesto de la Renta, un 43% del IVA y, el resto, de Sociedades. Entre las novedades que baraja incorporar el Gobierno figura la desgravación de los pagos a las empleadas de hogar en el tramo estatal del IRPF, una iniciativa que alcanzaría a todo el territorio nacional partiendo de que solo hay dos comunidades, Galicia y Andalucía, que ya han incorporado estas deducciones en su tramo autonómico del impuesto.
El Gobierno confía en que la nueva deducción incentive la regularización de aquellas empleadas de hogar, más de 300.000, que todavía trabajan sin contrato
En el Gobierno se ve esta medida como algo de sentido común, sobre todo teniendo en cuenta la reforma realizada por el anterior Ejecutivo en agosto de 2011, que obligó a regularizar a las empleadas de hogar dándoles de alta en la Seguridad Social. La nueva normativa no vino acompañada de un tratamiento favorable en el Impuesto sobre la Renta para los contratantes, a no ser que éstos actúen como empresa. De hecho, ni siquiera pueden reflejar este gasto –salario y cotización anual a la Seguridad Social– en la declaración del IRPF.
En España hay cerca de 385.000 empleadas de hogar dadas de alta en el sistema y es muy probable que este tratamiento favorable en el IRPF para los empleadores incentive a los que todavía no han regularizado su situación a dar este paso, a pesar de arriesgarse a multas considerables si todavía no lo han hecho. El Gobierno calcula que todavía quedan más de 300.000 trabajadoras del servicio doméstico sin contrato. Por esta razón, pudiera darse el caso de que el coste de la desgravación para las arcas públicas fuera mínimo, aunque no se ha planteado la iniciativa en términos recaudatorios “sino de justicia”. La medida complementaría los descuentos del 20% que la Seguridad Social ya aplica en las cotizaciones a las contrataciones hechas a partir de 2012 cuando la empleada no supera las 60 horas de trabajo mensuales.
La desgravación se complementaría con los descuentos que ya ofrece la Seguridad Social en el pago de algunas cotizaciones del servicio doméstico
Hasta el momento, solo dos comunidades mantienen deducciones en el tramo autonómico del IRPF para los particulares que tienen contratadas a empleadas de hogar. Galicia y Andalucía benefician a estos contribuyentes con desgravaciones que oscilan entre el 10 y el 15% en la declaración de la Renta, hasta un máximo de entre 250 y 600 euros. En el caso gallego, la deducción supone el 10% del salario pagado a la empleada y en el supuesto de que el contratante sea minusválido, el límite máximo de la desgravación se amplía hasta los 600 euros. Andalucía exige que el trabajo se desarrolle en la vivienda habitual y opera en el tramo autonómico con una deducción del 15% de las cantidades cotizadas.
Otras comunidades como Navarra, Aragón, Castilla y León, Murcia o Canarias han preferido aplicar estas deducciones en el tramo del IRPF que gestionan a la contratación de empleados para el cuidado de hijos o personas dependientes, aunque en la mayoría de los casos se impone el requisito de que sean familiares. En el caso de Aragón, el beneficio fiscal tiene un límite de 150 euros anuales y se aplica al cuidado de personas dependientes siempre que convivan con el contribuyente y no obtengan rentas anuales superiores a 8.000 euros anuales. En Navarra, se permite la desgravación si la empleada se contrata para el cuidado de menores de 16 años, de mayores de 65 o de personas discapacitadas, pero no para las tareas tradicionales del hogar como limpiar, cocinar o planchar.
En la reforma fiscal se revisarán las deducciones que se aplican a fomento del empleo, vivienda, servicios sociales, comercio y turismo
Otras deducciones que están siendo sometidas a revisión por el grupo de expertos que publicará su informe en marzo están relacionadas con los beneficios fiscales aplicados al fomento del empleo, con más de 7.600 millones en este ejercicio, el acceso a la vivienda, con casi 5.000, los servicios sociales, con 3.400, así como al comercio, el turismo y las pequeñas y medianas empresas, con 4.900.
