La crisis desatada por el coronavirus ha dejado en riesgo de quiebra a miles de las empresas que se han acogido a un ERTE durante el estado de alarma. Además, amenaza con colapsar los juzgados ante la previsión de una avalancha de solicitudes de concurso de acreedores, según coinciden los expertos.
"Se da por hecho que al menos 240.000 empresas están en riesgo de quiebra y, además, miles de pymes y autónomos que se han acogido a un ERTE no podrán volver a abrir sus negocios", afirma el economista Ángel Luis Vázquez Torres, especialista en Ley Concursal y prevención de blanqueo de capitales.
"El colapso de los juzgados va a ser muy importe. Todo el sistema judicial está paralizado por la pandemia y no se puede meter ahora ninguna solicitud concursal porque no se admite a trámite", añade.
Según alertaron recientemente el Consejo General de Gestores Administrativos y por el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, la mala gestión en la tramitación y aplicación de los ERTEs puede provocar que 50.000 empresas que se han acogido a ellos se vean obligadas a entrar en un concurso de acreedores.
Se estima que el 10 por ciento del medio millón de ERTEs presentados termine en un procedimiento concursal. Y los concursos de acreedores, tal y como se desarrollan hoy, serán el cierre de esas empresas
Sólo en el sector de la hostelería, la Confederación Empresarial de Hostelería de España estima que 85.000 bares y restaurantes se pueden ver abocados a echar el cierre definitivo si no se modifica el plan de 'desescalada' anunciado por el Gobierno. Las empresas de sectores como el turismo y el comercio serán las otras grandes víctimas del coronavirus, que añadirán un mayor número de solicitudes de insolvencia.
Pymes que se encuentra atrapadas porque sus negocios ahora mismo no pueden generar tesorería, pero tienen que seguir pagando alquiler, luz, teléfono, renting y parte de los costes laborales del ERTE. De ahí que, según estimaciones de los expertos, el número de expedientes de solicitud de concurso se multiplicará por cinco como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.
"En 2019 se registraron en España 10.000 expedientes de concurso de acreedores. Este año no creo que bajemos de los 50.000. Se puede generar una crisis de liquidez nunca vista desde la guerra civil", indica Torres Vázquez, miembro del Registro de Economistas Forenses.
Moratoria para frenar la avalancha
Ante el "previsible incremento" de procesos concursales en los juzgados de lo mercantil, el Gobierno aprobó el pasado martes ampliar la moratoria para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores hasta el próximo 31 de diciembre.
Hasta esa fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas durante el estado de alarma, según figura en el decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la covid-19 al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros.
"Hasta ahora una empresa tenía un máximo de dos meses para presentar un concurso de acreedores. Con esta reforma, lo que intenta el Gobierno es frenar la avalancha de expedientes y evitar un colapso de los juzgados. Por otro lado, se intenta favorecer la negociación entre deudores y acreedores para evitar el cierre de empresas", señala Carlos Pavón, abogado especializado en procesos concursales.
"El problema es que esta reforma no ha ido al meollo de la cuestión. La principal traba que tenían las empresas hasta ahora se mantiene, y es que todo queda en manos del acreedor", afirma Pavón
El paquete de medidas aprobado en el decreto del martes recupera la figura del reconvenio, de modo que durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, la empresa o autónomo podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal previo acordado con sus acreedores.
Ademas, se aplaza también durante un año el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación.
"El problema es que esta reforma no ha ido al meollo de la cuestión. La principal traba que tenían las empresas hasta ahora se mantiene, y es que todo queda en manos del acreedor. Si ellos no aceptan la propuesta del deudor, la sociedad tendrá que ir a concurso de acreedores igualmente", añade Pavón. "Con lo cual muchas empresas van a seguir teniendo que acudir igualmente a los juzgados para resolver su liquidación".
Potenciar la Ley de Segunda Oportunidad
"Se estima que el 10 por ciento del medio millón de ERTEs presentados terminará en un procedimiento concursal. Y los concursos de acreedores, tal y como se desarrollan hoy, supondrán el cierre de esas empresas", advierte por su parte Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de Murcia, quien defiende medidas adicionales a través de la Ley de Segunda Oportunidad o de refinanciación de deuda en fase preconcursal.
Desde el año 2015, la llamada Ley de Segunda Oportunidad permite a dar el mismo tratamiento a los concursos de las personas físicas y al de las jurídicas. Un mecanismo el cual los autónomos que se han visto superados por la situación, y no pueden hacer frente a sus pagos, pueden minimizar sus deudas o incluso verse exoneradas de ellas a través de un acuerdo extrajudicial con los acreedores o por medio de un concurso consecutivo por vía judicial en caso de que el acuerdo no sea posible.
"La ley de segunda oportunidad es una herramienta realmente buena, que en España no se conoce o que da miedo, pero que puede ser muy útil en esta situación", afirma Vázquez Torres. En el momento que se solicita al registro mercantil un mediador concursal para solicitar el inicio de una negociación extrajudicial, que puede alargarse durante cuatro o cinco meses, quedan suspendidas las deudas e intereses contraídos entre deudor y acreedor.
Durante el estado de alarma los autónomos sí pueden acudir al registro mercantil para solicitar un mediador concursal y negociar con sus acreedores mediante el mecanismo de la segunda oportunidad
"Si creo que a largo plazo mi negocio puede ser volver a ser viable, tengo que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial para poder acordar con mis acreedores una quita de la deuda y una flexibilización en los pagos, pero si llego a la conclusión de que mi situación es inviable y que debo echar el cierre definitivo, lo mejor es ir preparando todo desde ya para solicitar en el registro mercantil un mediador concursal y preparme para el largo camino del concurso consecutivo", añade Vázquez Torres.
Mientras la parálisis de los juzgados de lo Mercantil hace imposible tramitar una solicitud de concurso de acreedores, durante el estado de alarma los autónomos sí pueden acudir al registro mercantil para solicitar un mediador concursal y negociar con sus acreedores mediante el mecanismo de la segunda oportunidad.
