Frialdad y temor. Esas son las reacciones que se están repitiendo entre las diferentes entidades que ya han empezado a estudiar el cuaderno de venta del Banco de Valencia, distribuido por Nomura. En todas ellas el mensaje es común: el Banco de España tendrá que elevar la dotación del Esquema de Protección de Activos (EPA), cifrado en 5.000 millones, que recibirá el nuevo comprador de la entidad valenciana.
El aumento de la protección necesitará conducirse en una doble vía. Por una parte, los financieros de las diferentes entidades estiman que tendrán que elevarse las coberturas por la pérdida futura de su cartera crediticia. Según el examen de Nomura, unos 6.000 millones en créditos, el 27% de la cartera, son de alto riesgo de impago por lo que quedarán bajo protegidos por el EPA. En el caso de la CAM el EPA cubrió el 35% de la cartera y con Unnim, el 22%. Esto supone que hasta el 80% de la morosidad que surja de estos 6.000 millones, unos 4.800 millones, los asumirá el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la banca, es decir, las entidades que obtendrán el dinero de sus clientes. El 20% restante, los pagará el comprador del Banco de Valencia.
Sin embargo, entre algunos de los pujadores se descuenta que estas cifras serán superiores debido a lo influenciada que está la cartera crediticia del Banco de Valencia por parte de Bancaja, entidad muy castigada por el crédito promotor inmobiliario. "La calidad del crédito del Valencia es muy delicada y eso elevará la pérdida esperada en la 'due diligence'", asegura el presidente de una entidad que participa en la puja. En su entidad, se estima que el EPA tendría que aumentarse en, al menos, otros 1.500 millones.
Por otra parte, dada la delicada situación financiera de la entidad, con unas pérdidas de 887 millones hasta septiembre, que se elevarán por encima de 1.000 millones cuando se publique su balance final de 2011, unida a su necesidad alarmante de recapitalización obligarán a cubrir al comprador con una inyección de capital que no contempla el EPA del supervisor.
Banco de Valencia necesita encontrar 2.180 millones para restablecer su solvencia en 2012, tras cerrar el pasado ejercicio con una ratio de capital principal del 2,3%, frente al mínimo exigido del 8%. Además, su desfase de capital, en el momento de la entrada del Banco de España, era superior al valor de la entidad en la Bolsa, consecuencia de los créditos incobrables que mantiene con empresas del sector inmobiliario. El banco concentró el 65,8% de los créditos en el sector de la construcción, cuando la media en el sector, según datos del supervisor se situó en el 58,2%. La gestión de los riesgos no parecía la más adecuada. De hecho, 1.800 de sus clientes han presentado concurso de acreedores.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectará 1.000 millones en la ampliación de capital que aprobará la Junta de Accionistas de la entidad que se celebrará el próximo 14 de mayo. "El EPA tendrá que cubrir al menos otros 1.000 millones de capital. Nadie va a hacer el loco por quedarse con el Valencia. Si el Banco de España no quiere incluir una cobertura de capital corre el riesgo de que quede desierta la puja", admiten desde una entidad que estudia ya el cuaderno de venta.
Pendiente de los minoritarios del Valencia
El Popular, favorito para el sector junto a BMN, Liberbank, Unicaja, Ibercaja, Sabadell, Santander y Bankinter son algunas de las entidades que tendrán que decidir el próximo 27 de abril si deciden realizar una oferta no vinculante por el Valencia. Sin embargo, este supuesto apetito de los banco presididos por Ángel Ron y Carlos Egea parecen haberse enfriado en las últimas semanas a la espera de la solución final que decida el Banco de España para los accionistas minoritarios.
Hace una semana, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del supervisor y actual administrador de la entidad, anunció que reducirá el valor nominal de cada acción de la entidad, nacionalizada el pasado mes de noviembre, de 0,25 a 0,20 euros. De esta forma, ese grupo de inversores podrá conservar cerca del 9% del banco una vez sea adjudicado.
Los accionistas minoritarios, entre los que figura parte de la burguesía valenciana, habían amenazado con emprender acciones legales contra el FROB y el futuro comprador de Banco de Valencia si el Estado decidía hacer una «operación acordeón». Esto es, reducir su valoración a cero para luego, tras su subasta, ampliar su capital. Esta maniobra se hizo ya con la venta de la CAM a Sabadell y ha dejado en el aire la inversión de unos 54.000 cuotapartícipes de la vieja caja alicantina.
Sin embargo, en diversas entidades que acudirán a la puja del Valencia temen que finalmente se tome una decisión diferente a lo largo del proceso y los títulos de los minoritarios queden sin valor. "Eso supondría un riesgo reputaciónal muy importante porque ningún comprador quiere tener manifestaciones y protestas de clientes delante de su entidad. Si esa situación no queda bien resuelta por el Banco de España antes de la fase final de la subasta, algunas entidades podrían no suscribir ofertas por el Valencia", aseguran desde un banco de inversión.
